13 Nov 2021 - 8:00 p. m.

El derecho a la memoria y el mural ‘¿quién dio la orden?’

A propósito del famoso mural que exige la verdad sobre los llamados falsos positivos, la Corte Constitucional ha reconocido que la memoria es también un derecho de la sociedad. Esa afirmación no es una obviedad y tiene muchas implicaciones.

Las normas recientes que se han creado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sobre graves violaciones a los derechos humanos “con ocasión del conflicto armado” parten de los Principios contra la Impunidad recogidos por la Organización de las Naciones Unidas desde 1997. Allí se plantea que el llamado derecho de saber tiene 4 componentes, uno de los cuales es “el deber de la memoria” que supone entonces el deber, distinto de la obligación, para que el Estado preserve la historia de la opresión del pueblo como patrimonio.

En la Ley 1448 de 2011 la cuestión de la memoria se estipuló replicando los principios mencionados. Por eso hablamos en Colombia del Deber de Memoria del Estado (artículo 143), que aquí “se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones (…) puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”.

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Sobre este asunto del deber de memoria se han suscitado importantes debates. Referentes intelectuales como el catalán Ricard Vynies, han criticado esa noción porque con ella se han promovido políticas que consideran las experiencias del sufrimiento como el núcleo de transmisión central de lo memorable sin considerar las experiencias de transgresión y de resistencia. Sobre todo, porque con la memoria como deber los Estados han podido hacer y deshacer sin que la sociedad pueda exigir frente a un legado que es dolores pero también de luchas, en el caso catalán, por la democracia contra la dictadura franquista.

De esta manera, que la Corte Constitucional haya hablado de la memoria como un derecho de la sociedad tiene gran relevancia. Significa que expresiones como el mural donde se pregunta ¿quién dio la orden?, no sólo tienen protección en virtud de la libertad de expresión sino como esfuerzo legítimo que ha realizado la sociedad misma por hacer efectivos los derechos a la verdad y la justicia recurriendo a la recordación persistente. En ese ejercicio sí, se puede apelar a hechos indiscutibles como la existencia de ejecuciones extrajudiciales bajo el mando de comandantes de las Fuerzas Armadas con nombre propio, sin que el supuesto daño al prestigio sea motivo para su censura.

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Además, muchas otras expresiones hoy podrían ser consideradas como ejercicio del derecho a la memoria, de suerte que su apoyo no debería depender solamente de que se les incluya en planeaciones del Estado que tiene hasta ahora un deber frente a ellas. Por ejemplo, vale la pena que se aclare el carácter jurídico de la exigencia de los 35 sitios de la Red Colombiana de lugares de Memoria que exigen participar en la gestión del Museo de Memoria de Colombia y fondos permanentes para su funcionamiento, sin que se afecte su autonomía. Que proyectos tan importantes como el Salón del Nunca Más en Granada, Antioquia, hayan tenido que recolectar recursos para enfrentar su deterioro y que a la Red misma se le considere “adversario” como lo ha denunciado Laura Montoya, la Directora saliente del proyecto de Museo, adquiere una mayor gravedad si hablamos de derecho más allá de deber y tendría que ser enmendado inmediatamente considerando el reconocimiento que ha hecho la Corte en la sentencia T-281 de 2020.

Con el derecho a la memoria, las expresiones artísticas y comunicacionales, las iniciativas, los sitios, museos, centros, archivos, etc., que existen en el país desde mucho antes que el Centro Nacional de Memoria Histórica, tienen ahora un estatus renovado y merecerían una consideración, que no les viole su autonomía y que en cambio les apoye, como obligación.

La pregunta que tiene que hacerse la sociedad gira en torno a ese derecho que tiene. No puede ser que se use a las instituciones como meros aparatos en una supuesta batalla estéril por el pasado y ya está claro que no merecemos, ni hoy ni mañana, que sólo se cultive lo que Gonzalo Sánchez ha llamado una memoria paralizante.

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