Por Alisson Nicol Betancourt Maldonado.
Una mujer espera con ansias a su hijo. Todas las mañanas se sienta en la mecedora de su sala mientras toma un café, mirando por la ventana, no pierde la esperanza de que su hijo de 21 años, que un día salió a estudiar y nunca más volvió, regrese. Han pasado 10 años en los que esta madre no ha recibido una sola pista de su paradero, y como este, miles de casos de desaparición forzada en el país no han podido acceder a información para esclarecer los hechos.
La desaparición forzada está catalogada como un crimen de lesa humanidad. Según Naciones Unidas “Viola el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido a la tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante”. No debe tener fuente
A diferencia de otros delitos, las víctimas de la desaparición forzada no solo son las personas desaparecidas, sino también, quiénes conforman su entorno familiar. Por ello, el delito que inicia desde el momento de la desaparición, no cesa hasta que se tiene conocimiento de la verdad de los hechos. Entre tanto las familias, que desconocen lo sucedido, son sometidas a vivir una situación de permanente angustia, cargada de zozobra, dolor y desesperanza, con daños que pueden calificarse como intangibles y casi imposibles de comprender y reparar.
En el último informe de Centro de Memoria Histórica se registra que en Colombia entre 1958 y 2017, se denunciaron 82.998 casos de desaparición forzada, de los cuales solo se tiene información de 42.471. De estos, 26.475 fueron atribuidos a paramilitares; 10.360 fueron cometidos por guerrillas, 2.764 perpetrados por bandas criminales; 2.484 por agentes estatales y 388 fueron ejecutados por el Estado junto a grupos paramilitares. Lo que ha generado una inconformidad por parte de los familiares de las personas desaparecidas, que buscan incansablemente la verdad de los hechos ¿Qué paso? ¿Por qué no volvieron? ¿Quién fue? ¿Por qué a ellas y ellos?
Para reconstruir memoria y verdad en Colombia es necesario escuchar la voz de las víctimas, pero, además, conocer la voz de los victimarios que contribuirá a la reconstrucción de la verdad. En estos relatos se deben tener en cuenta diferentes enfoques, uno de ellos el enfoque desde los derechos de las mujeres, tal como lo afirma Amnistía Internacional “Las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia”.
Los casos de las mujeres víctimas de desaparición forzada han tenido dificultades en la recolección de información, tan así, que hasta el 2015 solo un 5 porciento de los casos habían sido esclarecidos según el informe de Desapariciones Forzadas de Mujeres en Colombia, elaborado por la Fundación Nydia Erika Bautista, con el apoyo del Fondo de Justicia Transicional de Naciones Unidas.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado, es la instancia surgida tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc-EP, con la que se espera no solamente se dé respuesta a las organizaciones sociales y víctimas de personas desaparecidas en el periodo de guerra, sino que sea una de las instancias emblemáticas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), contribuyendo a reestablecer la confianza en el Estado, a facilitar la labor de la Justicia, a incentivar la comprensión de los hechos para promover la convivencia y prever que cada víctima sea dignificada y reconocida para que a través de la verdad, sus familiares puedan tener herramientas para cerrar el ciclo de zozobra por el que tuvieron que pasar durante muchos años.
Las víctimas y las mujeres esperan que la verdad sea completa y que se reconozca la gravedad de este delito, no solo para garantizar la dignidad de las víctimas, sino también las de sus familias y por ende a toda la población colombiana, para avanzar en la garantía de no repetición de estos delitos que generalmente van acompañados de otros que tras la desaparición del cuerpo quedan en el más perpetuo silencio e impunidad.
Por Alisson Nicol Betancourt Maldonado.
Una mujer espera con ansias a su hijo. Todas las mañanas se sienta en la mecedora de su sala mientras toma un café, mirando por la ventana, no pierde la esperanza de que su hijo de 21 años, que un día salió a estudiar y nunca más volvió, regrese. Han pasado 10 años en los que esta madre no ha recibido una sola pista de su paradero, y como este, miles de casos de desaparición forzada en el país no han podido acceder a información para esclarecer los hechos.
La desaparición forzada está catalogada como un crimen de lesa humanidad. Según Naciones Unidas “Viola el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido a la tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante”. No debe tener fuente
A diferencia de otros delitos, las víctimas de la desaparición forzada no solo son las personas desaparecidas, sino también, quiénes conforman su entorno familiar. Por ello, el delito que inicia desde el momento de la desaparición, no cesa hasta que se tiene conocimiento de la verdad de los hechos. Entre tanto las familias, que desconocen lo sucedido, son sometidas a vivir una situación de permanente angustia, cargada de zozobra, dolor y desesperanza, con daños que pueden calificarse como intangibles y casi imposibles de comprender y reparar.
En el último informe de Centro de Memoria Histórica se registra que en Colombia entre 1958 y 2017, se denunciaron 82.998 casos de desaparición forzada, de los cuales solo se tiene información de 42.471. De estos, 26.475 fueron atribuidos a paramilitares; 10.360 fueron cometidos por guerrillas, 2.764 perpetrados por bandas criminales; 2.484 por agentes estatales y 388 fueron ejecutados por el Estado junto a grupos paramilitares. Lo que ha generado una inconformidad por parte de los familiares de las personas desaparecidas, que buscan incansablemente la verdad de los hechos ¿Qué paso? ¿Por qué no volvieron? ¿Quién fue? ¿Por qué a ellas y ellos?
Para reconstruir memoria y verdad en Colombia es necesario escuchar la voz de las víctimas, pero, además, conocer la voz de los victimarios que contribuirá a la reconstrucción de la verdad. En estos relatos se deben tener en cuenta diferentes enfoques, uno de ellos el enfoque desde los derechos de las mujeres, tal como lo afirma Amnistía Internacional “Las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia”.
Los casos de las mujeres víctimas de desaparición forzada han tenido dificultades en la recolección de información, tan así, que hasta el 2015 solo un 5 porciento de los casos habían sido esclarecidos según el informe de Desapariciones Forzadas de Mujeres en Colombia, elaborado por la Fundación Nydia Erika Bautista, con el apoyo del Fondo de Justicia Transicional de Naciones Unidas.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado, es la instancia surgida tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc-EP, con la que se espera no solamente se dé respuesta a las organizaciones sociales y víctimas de personas desaparecidas en el periodo de guerra, sino que sea una de las instancias emblemáticas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), contribuyendo a reestablecer la confianza en el Estado, a facilitar la labor de la Justicia, a incentivar la comprensión de los hechos para promover la convivencia y prever que cada víctima sea dignificada y reconocida para que a través de la verdad, sus familiares puedan tener herramientas para cerrar el ciclo de zozobra por el que tuvieron que pasar durante muchos años.
Las víctimas y las mujeres esperan que la verdad sea completa y que se reconozca la gravedad de este delito, no solo para garantizar la dignidad de las víctimas, sino también las de sus familias y por ende a toda la población colombiana, para avanzar en la garantía de no repetición de estos delitos que generalmente van acompañados de otros que tras la desaparición del cuerpo quedan en el más perpetuo silencio e impunidad.