El derecho fundamental a la protesta: Una deuda con la paz y la democracia

En menos de un mes, entre el 18 de abril y el 13 de mayo de 2021 -en el marco del estallido social-, se reporto el asesinato de 44 personas, 82 víctimas de lesiones oculares, 228 casos de disparos de fuego, 28 casos de violencias basadas en género y 4.687 víctimas de violencia. Todos hechos cometidos presuntamente por integrantes de la fuerza pública, tal y como consta en el informe presentado por las ONGs Temblores e Indepaz a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta fotografía que muestra un episodio de los muchos que podrían mostrarse, evidencia que en Colombia se la ha dado a la protesta un tratamiento de guerra desde una perspectiva contrainsurgente. Lo que a su vez es también muestra de cómo nuestra democracia se ha relacionado de forma autoritaria y violenta con la diferencia y con la conflictividad social.

Es por esto que entender que la protesta es un derecho fundamental y una forma de participación ciudadana tal y como lo han establecido diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y la observación número 37 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Colombia hoy incumple abiertamente. Es vital para transformar la forma en la que el Estado se relaciona con la ciudadanía, ampliar nuestra precaria democracia y construir paz.

De hecho la intrínseca relación entre el conflicto armado y la represión del derecho fundamental a la protesta ha quedado de presente en el Acuerdo Final de Paz firmado entre las antiguas FARC-EP y el Estado colombiano; y en el Acuerdo de México en el que se pacta la agenda temática de los diálogos en curso entre el ELN y el Gobierno Nacional.

En el Acuerdo de Paz de 2016, dentro del punto 2 (Participación Política), ambas partes reconocen que para profundizar la democracia es indispensable garantizar la protesta y la participación ciudadana por lo que pactan construir de forma participativa un proyecto de ley estatutaria de garantías para la protesta, el cual efectivamente se elaboró pero que por negativa del gobierno Santos nunca se presentó formalmente ante el Congreso de la República. Hoy vale la pena preguntarse cuántas vidas hubiéramos salvado y cuánta democracia hubiéramos ganado si en el marco del fast track de aquella época dicho proyecto hubiese sido aprobado.

Este asunto pendiente en la implementación del acuerdo de 2016 afortunadamente fue retomado por la agenda de México pactada entre el Gobierno y el ELN en el mes de mayo del 2023 en el literal 2.4 del punto “Democracia para la paz” en el que se acuerda: “[...] revisar el marco normativo y garantías”, avanzar prontamente en este punto será saldar una deuda con la paz ya firmada y con la que esperamos como país prontamente firmar.

De igual forma es preciso de decir que en una sociedad tan desigual como la nuestra, con tantas barreras legales, simbólicas y materiales para acceder a los derechos la protesta y la manifestación pública, se han convertido en muchas ocasiones en la única posibilidad que tienen los ciudadanos, especialmente de las comunidades más marginadas para garantizar el cumplimiento de elementos mínimos del Estado Social de Derecho, incidir efectivamente en las políticas públicas, ganar nuevos derechos y evitar que se comentan graves injusticias. La protesta le permite al Estado Social de Derecho ser realidad y a la sociedad avanzar hacia nuevos paradigmas.

Bajo algunas de estas consideraciones y buscando saldar esas deudas con la democracia, el cuidado de la vida, la materialización del Estado Social de Derecho y la paz en días pasados fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que buscar garantizar el derecho fundamental a la protesta elaborado por varios congresistas, organizaciones sociales, el Gobierno Nacional y que contó con el acompañamiento técnico de la oficina de la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Proyecto que espero se convierta en ley, pero que para llegar a serlo dependerá en mucho de la movilización ciudadana y de la transformación de paradigmas que siguen leyendo a la protesta y la manifestación pública desde la óptica de la guerra y no desde la democracia.

Adenda: Para quienes quieren conocer el proyecto de ley y hacer sugerencias pueden ingresar a la pagina www.participando.co

*Abogado de la Universidad Nacional, especialista y magíster en Gobierno de la Pontificia Universidad Javeriana.