El dilema moral sobre la responsabilidad de los “falsos positivos”

He aprobado y protejo la totalidad del Informe Final de la Comisión de la Verdad que presidí y, por lo mismo, comparto la idea de que hubo responsabilidad del Estado en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y también la responsabilidad en no haber llevado a fondo la solución política negociada al conflicto que requería transformaciones estructurales serias, para así parar la guerra interna desde su inicio.

La cuestión de afirmar que hubo o no una política de Estado, por parte de los presidentes, ministros y comandantes militares que hicieron las leyes y normas dentro de las cuales se dieron los “falsos positivos”, lleva a una reflexión sobre las responsabilidades en un asunto gravísimo que las madres de los jóvenes asesinados recogen en el grito: “¿Quién dio la orden?”. Y la respuesta a esta pregunta tiene varios pasos, como ocurre frecuentemente en el análisis complejo que hizo la Comisión.

Ante todo, estamos ante un crimen corporativo, de carácter institucional, no de manzanas podridas, y sobre esto no hay discusión en la CEV; muestra de esa totalidad corporativa son los hombres que dispararon convencidos de que estaban haciendo lo que el Ejército les pedía a ellos, aunque no pueden evitar inquietudes de conciencia, pues se implican personalmente. Por otra parte, lo corporativo se mostró claramente el día en que el ministro de Defensa de la época en la que se emitieron las normas, Juan Manuel Santos, aceptó el crimen y pidió al presidente Álvaro Uribe la sanción sobre los generales responsables. Los comandantes fueron expulsados y el crimen se frenó en la institución.

Lo que se puede concluir de los textos de las normas y leyes dentro de las cuales ocurre el crimen es que la intención formal de los legisladores era obligar a las tropas a entrar en combate, matar a los enemigos (es la tragedia de la guerra) y entregar como “positivos en combate” los cadáveres; y estas normas se dan porque, como lo explicaron los jefes paramilitares a la Comisión, ese era un momento del conflicto en el que los paramilitares, con grandes masacres y desplazamientos —en alianza con la Fuerza Pública— eran, en la mayoría de los casos, quienes entraban en combate con la guerrilla, mientras el Ejército y la Policía permanecían en los cuarteles. Por eso evito el juicio de que al hacer las normas hubo intención evidente de presidentes y ministros de matar a personas en indefensión como política de Estado.

Al mismo tiempo, mantengo el juicio, bien demostrado por la Comisión, de que los constructores de las normas son responsables porque no obraron inmediatamente al conocer el crimen que se amparaba en la manipulación de las normas hechas por ellos y cuando no detuvieron la entrega de incentivos cuando se utilizaron perversamente para premiar a los criminales.

En mi sentir, lo significativo de este caso de los “falsos positivos”, donde todo fue falso pues no eran terroristas ni tenían armas ni fueron muertos en combate, es que pone en primer plano la destrucción corporativa de la ética pública en las instituciones del Estado responsables de la seguridad y de la defensa. Una destrucción que afecta a la política, pero que es mucho más honda que la categoría de política de Estado. Lo que queda patente es una crisis integral de la conciencia corporativa, individual e institucional, en la cúpula y en la base, que legitima los comportamientos criminales individuales, donde el mal —en este caso, la aniquilación del ser humano víctima en indefensión— pasa a ser el bien porque es premiado con dinero y ascensos, es protegido por complicidades, se mantiene durante décadas y se recrudece en los años en que la Comisión de la Verdad considera el tiempo de degradación del conflicto en todos los actores, entre 1997 y 2008. El asunto es demasiado grave para dirimirlo con decir que fue una política de Estado en la intención criminal de unos legisladores perversos que establecieron la normalización del mal en el cuerpo institucional.

Por eso considero que cuando el pleno de comisionados hace un juicio sobre la responsabilidad corporativa histórica, política y ética en la violación gravísima de los derechos humanos va mucho más allá de una denuncia para ser investigada por la JEP y lleva a la Comisión a exigir en las recomendaciones una transformación total de los aparatos de seguridad y defensa del Estado.

A partir del juicio histórico, político y ético de la Comisión, corresponde a la JEP establecer responsabilidades criminales individuales de comandantes al dar órdenes a los subordinados y entregar premios sobre el crimen, y es obligación de la JEP establecer responsabilidades por omisión grave cuando permitieron que ocurriera el crimen.

Además, la JEP debería analizar si hay casos en que se puede establecer responsabilidad por acción de parte de los altos mandos políticos, presidentes y ministros, al dar órdenes o instrucciones —si lo hubiesen hecho— a autoridades militares para que actuaran criminalmente; y establecer responsabilidad grave por omisión al no actuar como funcionarios de Estado inmediatamente, cuando conocieron de la magnitud del crimen en la institución. Finalmente, correspondería a la JEP establecer si hubo intención criminal de los constructores de las leyes y normas porque los legisladores no habrían hecho las normas para que las tropas entraran en combate sino con la intención de que Estado pusiera a toda la institución militar a matar a personas desprotegidas y presentarlas como triunfos militares en combate.