Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En tiempos de rearme y escalamiento de violencias vale la pena preguntarse ¿qué problema estructural solucionaron los actores armados ilegales? Es frecuente escuchar en sectores especializados, académicos, partidistas y radicales, discursos que buscan legitimar la violencia de esos grupos. Por regla general, quienes defienden las causas de estas extintas organizaciones soportan argumentos de tinte político o históricos, mientras obvian o callan las causas objetivas de su actuar delincuencial como fueron el enriquecimiento ilícito o el narcotráfico. Sin embargo, ahora que fácticamente no existen ni las FARC ni las AUC, vale la pena preguntarse ¿cuáles fueron los problemas que solucionaron? ¿Qué causas sociales o políticas lograron satisfacer? menudas preguntas, sobre todo porque en perspectiva histórica los datos varían y las generalidades se vuelven difíciles de consolidar.
Sobre este particular, es ilustrativo el mapa contemporáneo de la pobreza en Colombia. Así, el departamento del Choco acumula el mayor índice de pobreza multidimensional del país, afectando a cerca de la mitad de su población. Este que ha sido un teatro habitual de operaciones y que fue área de acción del denominado Bloque Noroccidental de las FARC (Bloque Iván Ríos), al igual que del Bloque Pacífico o Héroes del Chocó, ambos desde la década de los noventa. Hoy acumula una huella histórica de pobreza, por ejemplo, para el año 2001 el Chocó ocupaba el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo del país (DNP, 2001); en 1999 registró la mayor mortalidad infantil del país con un 78.6 % (BID, 1990) y; para el 2019, presenta un porcentaje de pobreza multidimensional superior al 75%. Es decir, la actuación de las FARC y las AUC no fueron canal de solución en más de dos décadas de presencia armada.
Para el caso de la Guajira, que se presenta como otro escenario desalentador, el departamento contó con la acción del Bloque Caribe de las Farc (denominado Martín Caballero). Por su parte, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá por intermedio de Salvatore Mancuso y Jorge 40 rivalizaron por el control de esta estratégica zona desértica, limítrofe, costera y despoblada. Sus acciones, además de incentivar la ilegalidad y de ser corredor hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, en tanto santuario de retaguardia y eje del contrabandismo, no coadyuvaron en gestar soluciones a las problemáticas de la región. Para 2001, el departamento ajustaba una esperanza de vida y un IDH inferior al promedio nacional (DNP,2001). En 2018 su pobreza multidimensional fue superior al 75%, lo que da cuenta de las profundas carencias que padece su población.
Similar situación se da para el siempre relevante caso caucano, donde operó el Bloque Occidental de las FARC (o Alfonso Cano) presidido por Pablo Catatumbo. Las AUC se manifestaron por medio del Bloque Libertadores del Cauca (Farallones) como una extensión del Bloque Calima. Pese a ello, desde los años noventa este departamento acumuló una de las menores tasas de IDH a nivel nacional. La esperanza de vida de su población se situó por debajo del promedio y la violencia ha sido una constante en las últimas tres décadas. En 2018 registró un índice de pobreza monetaria superior al 50% que afectó cerca de 213.000 personas y la pobreza monetaria extrema en 22% que representan 108.859 personas (DANE, 2019); su pobreza multidimensional afecta entre el 50-75% de la población, de manera que las históricas luchas armadas del Cauca tampoco son un referente de transición armada hacia “órdenes” menos desiguales.
Estos tres ejemplos conducen a señalar la inutilidad de la guerra, sin indulgencias; la violencia y el alzamiento en armas como medios efectivos de transición hacia comunidades más equitativas o sencillamente mejores, esto que pareciera un enunciado obvio, es para algunos sectores académicos y políticos una contradicción, ya que promueven lecturas limitadas y románticas, en las que hasta el último día de lucha, las armas actuaron como un medio legítimo y efectivo para la solución de luchas sociales o agrarias, ignorando que las estructuras armadas fueron cambiando sus intereses, pero no necesariamente su discurso. Pese a que esto es una verdad casi de aceptación general, existen grupos de opinión que se han concentrado en relativizar los hechos y las lecturas históricas de estas estructuras, presentándolo como causas legítimas que luchan contra un Estado integralmente opresor.
En mi criterio, fue poco lo que estos actores lograron en las áreas en las que ejercieron dominio. Sabido es que la guerra no trae resultados positivos para las sociedades; quizá sí para grupos o colectivos particulares, pero en general, las mayorías son perdedoras de base en los conflictos (entre otras, porque ponen los muertos). ¿Entonces, es válido proclamar la lucha armada como instrumento para alcanzar una reforma social estructural o como un medio efectivo para el desarrollo? por muy obvia que parezca la respuesta, es necesario enfatizar en un seco y contundente ¡no!
De manera tal que, dejo el debate planteado, sobre todo en momentos en que se rencauchan argumentos sobre los posibles avances sociales a los que condujo el alzamiento en armas. Pocas explicaciones en lo contemporáneo o histórico nos pueden llevar a concluir que una nueva lucha está justificada así sea bajo premisas políticas, ideológicas o sociales; por el contrario, este falso dilema conduce a las comunidades a ser empobrecidas, invisibilizadas y victimizadas. La responsabilidad de la administración y el desarrollo debe caer en el Estado y sus instituciones, por ineficientes que sean, no en proclamas de transformación arcaicas.