Lamentablemente el gobierno actual está dilapidando esta valiosa oportunidad. Sus contradicciones así lo evidencian. Como principal garantista de la implementación del Acuerdo ha sobresalido por su débil y opaca gestión, a lo que se suma sus propias ambigüedades que ponen en riesgo no solo la continuidad del Acuerdo sino también la vida de un número considerable de colombianos y colombianas. Diferentes cifras así lo evidencian. Fuentes como Indepaz, Codhes y la Defensoría del Pueblo señalan que 1.257 líderes sociales y 300 reinsertados han sido asesinados desde el 2016. En lo corrido de este año se han presentado 76 masacres con un saldo de 292 víctimas y en el primer semestre de 2021 fueron desplazadas alrededor de 44.290 personas. La gran mayoría de estos casos se presentan en zonas de disputa entre bandas criminales, EP, ELN y disidencias de las FARC – EP.
Aunque esas cifras pueden reflejar que conseguir la paz puede ser más difícil y dolorosa que la misma guerra, los voceros del gobierno afirman que el aumento de la violencia política es resultado de un Acuerdo “mal negociado y, por lo tanto, mal hecho”. No reconocen que la violencia está directamente relacionada con la ausencia del Estado en zonas donde las antiguas FARC – EP tenían presencia, una débil arquitectura institucional que no tiene el monopolio de la institucionalidad en estos territorios, una alta opacidad y complicidad de las Fuerzas Militares con los actores de la guerra, así como la pobre labor del Ministerio Público para garantizar y defender los derechos humanos, especialmente de los líderes sociales.
Las narrativas que utiliza el gobierno del presidente Iván Duque también hacen parte de esas contradicciones. Existe un discurso formalista que enuncia sofismas de distracción sobre la misma implementación del Acuerdo de Paz. En el marco de la diplomacia internacional, ante diferentes foros, cumbres y asambleas, el presidente Duque y su canciller, Martha Lucía Ramírez, han afirmado que el Acuerdo de Paz con el “grupo terrorista FARC” tiene progresos significativos.
No obstante, se contradicen ante el país. Efectivamente el gobierno Duque ha honrado su propuesta de campaña política de hacer “trizas” el Acuerdo de Paz. Con el apoyo de diferentes partidos políticos progobiernistas ha obstaculizado en el Congreso el avance de reformas políticas importantes, por ejemplo, la reforma a la justicia, a lo que se suma los silencios cómplices de la Corte Constitucional. El Ejecutivo ha liderado los incumplimientos de forma focalizada y desarticulada. Particularmente, en el ámbito de las regiones, los resultados de una supuesta planeación participativa dejaron con los crespos hechos a las comunidades. Después de las consultas ciudadanas, adelantadas en los municipios beneficiados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), aún están por adelantarse proyectos claves en temas de tierras, el acceso a la educación, sustitución de cultivos ilícitos e infraestructura. Además, la integración entre comunidades y regiones afectadas por el conflicto es aún muy frágil.
Decir que el Acuerdo de Paz no ha tenido resultados positivos sería un despropósito. Sin embargo, en estos han jugado papel preponderante por su interés y compromiso la bancada parlamentaria de la oposición, las ONG’S, las plataformas de derechos humanos y, por supuesto, el movimiento de víctimas. El Acuerdo ha fortalecido a los movimientos sociales y, con ello, la movilización social y política de diferentes sectores que apoyan la paz. La Comisión de la Verdad aporta en el esclarecimiento de los hechos de violencia y, ante todo, apuesta por darle la voz a las víctimas. También ha sido determinante la reinserción de un número significativo de guerrilleros a la vida civil y la transformación de las FARC – EP en el partido político Comunes.
En lo que respecta a este último se observan circunstancias desafortunadas. Ante la Justicia Especial para la Paz sólo han enunciado generalidades en sus declaraciones y su compromiso con la verdad para con las víctimas de la guerra ha sido débil. A muchos de los representantes de Comunes les ha costado reconocer las vulneraciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que cometieron contra mujeres, niños, campesinos, militares y policías. El reclutamiento obligado de niños, así como adolescentes y, las atrocidades cometidas con la población identificada sexualmente como diversa y del LGTBIQ+.
Si bien el balance del Acuerdo de Paz también es incipiente y deja sensaciones agridulces en el tema de su punto dos de participación política, como lo afirma la Fundación Foro Nacional por Colombia, se destaca como un logro la puesta en marcha del estatuto de la oposición. Este tipo de resultados, como lo argumenta Lederach, evidencia que cuando los “enemigos” se comprometen y se ponen de acuerdo pueden cambiar la correlación de fuerzas y el poder político; por supuesto, también ese resultado ha sido gracias al concurso de diferentes sectores que siguen firmes en su apuesta por la paz.
Aunque ya es poco lo que se puede esperar del actual gobierno es importante volver a insistir que el Acuerdo de Paz es una oportunidad excepcional para construir un país diferente, en el cual todos y todas podamos caber. Se trata de una tarea que debe asumir el próximo/a presidente/a y el Congreso. Implementar el Acuerdo de forma efectiva permitirá superar los graves problemas que tenemos en materia de justicia, redistribución de tierras, narcotráfico y la débil participación política. Pero, sobre todo, para lograr un país conviviente en el que se respeten los derechos de los diversos pueblos y, en el que se trabaje por garantizar condiciones de equidad, respeto y goce efectivo de los derechos. En estas próximas elecciones tenemos la gran oportunidad de votar de manera consciente e informada para lograr un gran cambio que el país requiere.