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Por: Javier Alejandro Jiménez y Carlos Montoya Cely, línea de investigación Conflicto, Paz y Postconflicto
El cuerpo de Didier Quintero fue encontrado a orillas del río Tarra en el Norte de Santander; A Yolanda Maturana la mataron con arma de fuego en su casa en Risaralda; a Nicomedes Payán lo asesinaron a balazos en Cauca; a Antonio María Vargas lo ejecutaron frente a su comunidad en Córdoba; a Víctor Vitola lo desaparecieron y más tarde encontraron su cuerpo en Antioquia. Estos son sólo cinco de los 25 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos que se han perpetrado en lo que va de 2018.
Si la cuenta se hace desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, el recuento es aún más aterrador: 14 meses, 137 homicidios. Cada tres días asesina a un líder social y defensor de derechos humanos en Colombia.
La terminación de la guerra se expresa ahora en forma de paradoja. En los últimos cuatro años, desde que inició el proceso de paz, se ha producido una disminución de la confrontación armada y el número de homicidios lo confirma: de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, Colombia pasó de tener en 2012, 15mil 957 homicidios, a reportar en 2017, 12mil 211. Es decir, la firma de la paz disminuyó las muertes violentas en el país, pero aumentó la violencia selectiva contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Mientras que en 2012 organizaciones advirtieron sobre la muerte de 69 líderes sociales, en 2017 la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) reportó 102 homicidios contra esta población.
La Fundación Paz & Reconciliación ha monitoreando desde 2013 la violencia selectiva en el país. El sistema de información desarrollado por la Fundación geolocaliza hechos de homicidios, atentados, amenazas, agresiones sexuales, desaparición forzada, atentados y secuestros contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. El objetivo de este trabajo es tanto visibilizar la violencia contra líderes sociales, como reconocer y profundizar en las dinámicas de la violencia contra esta población. Hasta el momento, el seguimiento ha permitido reconocer que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos emerge de diversas motivaciones y los victimarios son de distinta naturaleza. Sólo el monitoreo permanente nos permite construir recomendaciones para mitigar al máximo este oscuro capítulo sobre la continuidad de la violencia. (Vea el mapa interactivo de violencia selectiva: AQUÍ)
Las cifras son alarmantes, desde que se firmaron los acuerdos de paz se han reportado más de 400 agresiones, entre ellas 137 homicidios, más de 200 amenazas y al menos 50 atentados. La violencia contra líderes sociales se ha concentrado en algunos territorios, el mayor número de casos de homicidios se han reportado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cuaca, Chocó, Norte de Santander y Nariño. Los presuntos responsables se transforman de lugar a lugar, pero las víctimas presentan rasgos comunes.
El esfuerzo de categorización de las víctimas según los rasgos comunes es un ejercicio complejo, en muchos de los casos un solo líder representa en su territorio diversos liderazgos. Por ejemplo, el 30 de Enero de 2017 fue asesinada en Valledupar la lideresa indígena Yoryanis Isabel Bernal Varela, quién dentro de sus actividades movilizó acciones en la defensa del territorio, los derechos humanos y de la mujer, o el caso de Luis Alfonso Giraldo, asesinado por hombres encapuchados el 4 de diciembre de 2017, Giraldo era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Brasilia ubicada en el corregimiento de La Carmelita, zona rural de Puerto Asís Putumayo, y un importante defensor de derechos humanos, su trabajo se concentró en buscar alternativas sostenibles para sustituir los cultivos de uso ilícito y mejorar la calidad de vida de su población.
Estos dos ejemplos son la radiografía de la mayoría de los casos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y sin embargo, ante este difícil panorama es necesario poder agrupar los rasgos para entender las motivaciones que existen detrás de estas acciones. De acuerdo con Pares, los rasgos comunes en los perfiles de las víctimas de estos hechos se podrían agrupar en tres categorías:
- Presidentes o miembros de las Juntas de Acción Comunal, representantes de las mesas de víctimas y líderes a favor de restitución de tierras.
- Líderes que se oponen a las economías ilegales presentes en los territorios: cultivos de uso ilícito, tala indiscriminada de madera y denuncia de minería criminal.
- Defensoras de derechos colectivos, territoriales y culturales, lucha encabezada – en gran medida- por líderes indígenas, campesinos y afros de consejos comunitarios.
¿Quiénes pagan a diferentes organizaciones ilegales para asesinar a los líderes sociales? ¿Para quienes es incomoda la presencia de líderes que luchan por la restitución de tierras, por los derechos ambientales, que exigen la restitución de tierras y denuncian actividades como la minería criminal? Reconocer el perfil de las víctimas y sus actividades en la arena política (no líos de faldas o riñas) es quizá el primer paso para realizar diagnósticos más rigurosos que permitan formular acciones de política pública que puedan detener el homicidio sistemático de cientos de hombres y mujeres como Yolanda, Antonio María, Didier, Víctor, Nicomedes y Didier que a diario trabajan por mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.