Para que este proceso de paz tenga éxito y sea sostenible en el largo plazo, se requiere de la voluntad política de cada candidato que aspire a reemplazar a Juan Manuel Santos, que ejecute planes y proyectos de intervención estatal en cada uno de los municipios del posconflicto, que evite que quienes han desistido de la lucha armada, retornen a ella.
La preocupación porque el Gobierno Nacional no ha cumplido con la adecuación de la mayoría de zonas de concentración para que los guerrilleros que lleguen a ellas, tengan las condiciones de vida digna, mientras permanezcan en estos lugares, es el primer campanazo de alerta que da la Fundación Paz & Reconciliación, para que en adelante no se descuiden los planes que tienen que ver con la implementación de una infraestructura para que el proceso de paz tenga éxito.
La paz es un plan de Nación que inicia su puesta en marcha en el momento en que se firman los acuerdos. Es por esto que resulta difícil de entender que el Gobierno Nacional no haya trabajado en este sentido. A veces da la impresión de que Colombia no ha terminado de entender lo que significa el período de posconflicto que ha comenzado a instalarse.
Este período de transición de la guerra a la paz no se limita a la simple entrega de las armas, que durante décadas han portado los guerrilleros, sino que va más allá, porque el Estado debe asumir la responsabilidad de invertir y adecuar los territorios que han sido abandonados a su suerte. Esto para que en adelante tengan las condiciones de vida digna que evite que por motivaciones políticas, se desate una nueva confrontación armada interna.
El día que las Farc hagan la entrega de las armas, será el día en que inicie el proceso de paz y es cuando empieza la tarea del Estado de conservarlo y sostenerlo en el largo plazo. Es por esto que quienes aspiran a dirigir los destinos del país no pueden colocar este tema, como secundario en sus agendas de campaña.
Más de cien municipios en el país están pidiendo a gritos planes de consolidación estatal, inversión en vías secundarias y terciarias, construcción de vivienda y colegios, mejoras en los planes de atención en salud y un sistema de justicia local efectiva. Son estos los planes que permitirán la implementación de un período de posconflicto exitoso y no se pueden aplazar.
Nadie discute que la corrupción sea un problema de grueso tamaño que se debe combatir, pero evitar que quienes se vienen a la paz regresen a las armas, es una tarea que debe estar en el primer lugar de los planes a continuar en el próximo período presidencial.
Para que este proceso de paz tenga éxito y sea sostenible en el largo plazo, se requiere de la voluntad política de cada candidato que aspire a reemplazar a Juan Manuel Santos, que ejecute planes y proyectos de intervención estatal en cada uno de los municipios del posconflicto, que evite que quienes han desistido de la lucha armada, retornen a ella.
La preocupación porque el Gobierno Nacional no ha cumplido con la adecuación de la mayoría de zonas de concentración para que los guerrilleros que lleguen a ellas, tengan las condiciones de vida digna, mientras permanezcan en estos lugares, es el primer campanazo de alerta que da la Fundación Paz & Reconciliación, para que en adelante no se descuiden los planes que tienen que ver con la implementación de una infraestructura para que el proceso de paz tenga éxito.
La paz es un plan de Nación que inicia su puesta en marcha en el momento en que se firman los acuerdos. Es por esto que resulta difícil de entender que el Gobierno Nacional no haya trabajado en este sentido. A veces da la impresión de que Colombia no ha terminado de entender lo que significa el período de posconflicto que ha comenzado a instalarse.
Este período de transición de la guerra a la paz no se limita a la simple entrega de las armas, que durante décadas han portado los guerrilleros, sino que va más allá, porque el Estado debe asumir la responsabilidad de invertir y adecuar los territorios que han sido abandonados a su suerte. Esto para que en adelante tengan las condiciones de vida digna que evite que por motivaciones políticas, se desate una nueva confrontación armada interna.
El día que las Farc hagan la entrega de las armas, será el día en que inicie el proceso de paz y es cuando empieza la tarea del Estado de conservarlo y sostenerlo en el largo plazo. Es por esto que quienes aspiran a dirigir los destinos del país no pueden colocar este tema, como secundario en sus agendas de campaña.
Más de cien municipios en el país están pidiendo a gritos planes de consolidación estatal, inversión en vías secundarias y terciarias, construcción de vivienda y colegios, mejoras en los planes de atención en salud y un sistema de justicia local efectiva. Son estos los planes que permitirán la implementación de un período de posconflicto exitoso y no se pueden aplazar.
Nadie discute que la corrupción sea un problema de grueso tamaño que se debe combatir, pero evitar que quienes se vienen a la paz regresen a las armas, es una tarea que debe estar en el primer lugar de los planes a continuar en el próximo período presidencial.