El riesgo de defender los derechos humanos en Colombia
Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, se documentaron 396 violaciones al derecho a la vida en 29 de los 32 departamentos del territorio nacional, y entre enero y julio de 2020 se registraron 184 casos en 23 departamentos.
Por: Carmen Andrea Becerra Becerra*
El riesgo de defender y liderar es un informe coordinado y publicado por la Comisión Colombiana de Juristas, elaborado por personas defensoras, líderes y lideresas sociales pertenecientes a 20 organizaciones, con el propósito de continuar visibilizando y denunciando las violaciones a los derechos de quienes defienden derechos humanos y lideran causas sociales, sus comunidades, organizaciones y pueblos en Colombia.
Los riesgos son diversos, acumulados, continuos, se expresan en una multiplicidad de violaciones a los derechos y confluyen en un riesgo común que constituye una paradoja: ante la reivindicación y exigibilidad de derechos por parte de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales la respuesta atroz es un conjunto de violaciones a sus derechos que no cesa. Pese a ello, la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia persiste.
Muchas de estas violaciones quedan en el subregistro, otras, aunque estén documentadas y registradas permanecen en la impunidad. Por ello en este y en otros informes las cifras son apenas un referente, un retrato aproximado que surge del esfuerzo de las organizaciones sociales por seguir documentando de formas complementarias y diversas lo sucedido, hasta que en Colombia existan las condiciones para que defender derechos no sea una labor de alto riesgo.
En el informe se integran los relatos sobre la trayectoria de defensa de derechos y luchas sociales de organizaciones y comunidades, con la lectura de una base de datos conformada con los aportes de las organizaciones participantes. Además se identifican las pautas comunes de esta violencia y las afectaciones diferenciales para las mujeres lideresas, las personas defensoras LGBT, pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinado. De esta labor conjunta se destacan los siguientes aspectos:
- Las violaciones a los derechos son múltiples y reiteradas. A los asesinatos, las amenazas y las violaciones de los derechos humanos que predominan en Colombia contra las personas defensoras, se suman la estigmatización, el desplazamiento forzado, el confinamiento, la violencia sexual basada en el género, las desapariciones forzadas y atentados contra la vida.
- Se trata de una violencia generalizada. Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, se documentaron 396 violaciones al derecho a la vida en 29 de los 32 departamentos del territorio nacional, y entre enero y julio de 2020 se registraron 184 casos en 23 departamentos.
- Es una violencia predominantemente letal. De las 396 violaciones a los derechos documentadas entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, 392 casos corresponden a homicidios y 4 corresponden a desaparición forzada. De los 184 casos registrados entre enero y julio de 2020, 183 fueron víctimas de asesinatos y una persona fue víctima de desaparición forzada.
- Los asesinatos y la desaparición forzada de personas defensoras predominan en los departamentos del Cauca, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Córdoba, entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.
- Los sectores más afectados son el comunal, el indígena y el campesino. Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, fueron asesinadas 112 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 77 comunales y 49 del campesinado.
- De los 396 casos registrados, entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, en 111 es posible atribuir la presunta autoría. El repertorio de actores, presuntos responsables es variado: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparros, Cartel de Sinaloa, Clan de Golfo, disidencias de las antiguas FARC EP, grupos postdesmovilización, ELN, agentes del Estado, evidenciando que la defensa de los derechos humanos en Colombia se desarrolla en medio de las disputas por el control social y territorial, por parte de esta diversidad de actores.
En su labor de defensa de los derechos humanos y reivindicación de las causas sociales, algunas personas defensoras corren múltiples riesgos, por su género, su identidad, sus creencias, su origen y pertenencia étnica. En síntesis, por ser quienes son, por ser y existir de manera diversa, por sus ideas y opiniones, por sus acciones individuales o colectivas de denuncia y exigibilidad de derechos en los territorios. Por la multiplicidad de derechos que defienden. Esto se identifica a y través de las amenazas con nombre propio, haciendo referencia a la labor de las personas defensoras.
La amplia gama de derechos defendidos por los líderes y lideresas, sus comunidades y organizaciones constituye a su vez el listado de derechos que aún se adeudan por parte del Estado, dando cuenta de las condiciones de marginalidad y exclusión que persisten como causas del conflicto y como consecuencias e impactos derivados del mismo. La denuncia y visibilización de las violaciones a los derechos han significado para las personas defensoras la continuidad del ciclo de violencias que debe cesar, siendo urgentes las garantías de no repetición, así como las garantías en materia de seguridad humana y protección, previstas en el AFP, y reivindicadas por líderes y lideresas desde siglos atrás, para que en Colombia sea posible el derecho a defender derechos.
*Coordinadora del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas
Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, se documentaron 396 violaciones al derecho a la vida en 29 de los 32 departamentos del territorio nacional, y entre enero y julio de 2020 se registraron 184 casos en 23 departamentos.
Por: Carmen Andrea Becerra Becerra*
El riesgo de defender y liderar es un informe coordinado y publicado por la Comisión Colombiana de Juristas, elaborado por personas defensoras, líderes y lideresas sociales pertenecientes a 20 organizaciones, con el propósito de continuar visibilizando y denunciando las violaciones a los derechos de quienes defienden derechos humanos y lideran causas sociales, sus comunidades, organizaciones y pueblos en Colombia.
Los riesgos son diversos, acumulados, continuos, se expresan en una multiplicidad de violaciones a los derechos y confluyen en un riesgo común que constituye una paradoja: ante la reivindicación y exigibilidad de derechos por parte de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales la respuesta atroz es un conjunto de violaciones a sus derechos que no cesa. Pese a ello, la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia persiste.
Muchas de estas violaciones quedan en el subregistro, otras, aunque estén documentadas y registradas permanecen en la impunidad. Por ello en este y en otros informes las cifras son apenas un referente, un retrato aproximado que surge del esfuerzo de las organizaciones sociales por seguir documentando de formas complementarias y diversas lo sucedido, hasta que en Colombia existan las condiciones para que defender derechos no sea una labor de alto riesgo.
En el informe se integran los relatos sobre la trayectoria de defensa de derechos y luchas sociales de organizaciones y comunidades, con la lectura de una base de datos conformada con los aportes de las organizaciones participantes. Además se identifican las pautas comunes de esta violencia y las afectaciones diferenciales para las mujeres lideresas, las personas defensoras LGBT, pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinado. De esta labor conjunta se destacan los siguientes aspectos:
- Las violaciones a los derechos son múltiples y reiteradas. A los asesinatos, las amenazas y las violaciones de los derechos humanos que predominan en Colombia contra las personas defensoras, se suman la estigmatización, el desplazamiento forzado, el confinamiento, la violencia sexual basada en el género, las desapariciones forzadas y atentados contra la vida.
- Se trata de una violencia generalizada. Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, se documentaron 396 violaciones al derecho a la vida en 29 de los 32 departamentos del territorio nacional, y entre enero y julio de 2020 se registraron 184 casos en 23 departamentos.
- Es una violencia predominantemente letal. De las 396 violaciones a los derechos documentadas entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, 392 casos corresponden a homicidios y 4 corresponden a desaparición forzada. De los 184 casos registrados entre enero y julio de 2020, 183 fueron víctimas de asesinatos y una persona fue víctima de desaparición forzada.
- Los asesinatos y la desaparición forzada de personas defensoras predominan en los departamentos del Cauca, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Córdoba, entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.
- Los sectores más afectados son el comunal, el indígena y el campesino. Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, fueron asesinadas 112 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 77 comunales y 49 del campesinado.
- De los 396 casos registrados, entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, en 111 es posible atribuir la presunta autoría. El repertorio de actores, presuntos responsables es variado: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparros, Cartel de Sinaloa, Clan de Golfo, disidencias de las antiguas FARC EP, grupos postdesmovilización, ELN, agentes del Estado, evidenciando que la defensa de los derechos humanos en Colombia se desarrolla en medio de las disputas por el control social y territorial, por parte de esta diversidad de actores.
En su labor de defensa de los derechos humanos y reivindicación de las causas sociales, algunas personas defensoras corren múltiples riesgos, por su género, su identidad, sus creencias, su origen y pertenencia étnica. En síntesis, por ser quienes son, por ser y existir de manera diversa, por sus ideas y opiniones, por sus acciones individuales o colectivas de denuncia y exigibilidad de derechos en los territorios. Por la multiplicidad de derechos que defienden. Esto se identifica a y través de las amenazas con nombre propio, haciendo referencia a la labor de las personas defensoras.
La amplia gama de derechos defendidos por los líderes y lideresas, sus comunidades y organizaciones constituye a su vez el listado de derechos que aún se adeudan por parte del Estado, dando cuenta de las condiciones de marginalidad y exclusión que persisten como causas del conflicto y como consecuencias e impactos derivados del mismo. La denuncia y visibilización de las violaciones a los derechos han significado para las personas defensoras la continuidad del ciclo de violencias que debe cesar, siendo urgentes las garantías de no repetición, así como las garantías en materia de seguridad humana y protección, previstas en el AFP, y reivindicadas por líderes y lideresas desde siglos atrás, para que en Colombia sea posible el derecho a defender derechos.
*Coordinadora del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas