El silencio cómplice de los asesinatos a líderes sociales
Por Lia Valero, periodista Rutas del Conflicto.
La movilización ciudadana del pasado 26 de julio en rechazo del asesinato a líderes sociales fue un acto necesario para no seguir con la indolencia ante estos crímenes. Pero el silencio cómplice aún sigue presente en las continuas amenazas que se han disparado en un 160% el primer semestre de 2019, según la Fundación Ideas para la Paz; en la ineficiente protección a los líderes que siguen trabajando ante el panorama de violencia al que se enfrentan en sus territorios y por supuesto, en las mínimas sentencias condenatorias de estos crímenes, aunque la Fiscalía afirme que el 60% de los casos se han esclarecido.
El número de líderes sociales asesinados sigue siendo incierto: la Defensoría del Pueblo calcula que entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019, van 462. La Fiscalía afirma que son 289. Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), solo este año, han sido asesinados 60 líderes sociales. ¿Hasta qué número tiene que llegar esa cifra para que sea un problema que nos preocupe como país?
La vida, el trabajo y lucha de muchas lideresas y líderes por la democracia en Colombia se acaba en minutos con el simple accionar de un arma, disparos propinados por sicarios o personas que no se logran identificar, culpar y sentenciar. La mayoría de los perfiles de los responsables de estos asesinatos se clasifican, según la Fiscalía, como Tipo C, es decir bandas delincuenciales o “particulares”, con lo cual se desdibuja aún más la responsabilidad sistemática de los crímenes. La guerra se sigue reciclando, para silenciar a diario a quienes quieren generar cambios en sus comunidades, sobre todo aquellos pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal, que por su trabajo comunitario se han convertido en blanco de grupos criminales que se disputan territorios y economías ilegales.
Y pareciera que ninguna autoridad está logrando impedir que eso deje de suceder. Las respuestas para proteger a estas líderes y lideresas aún siguen siendo ineficaces. Como lo fue para María del Pilar Hurtado, en Tierralta. Los gritos de su hijo de nueve años que se preguntaba desconsolado ¿por qué? se apagan de a pocos en el silencio profundo de un gobierno y una sociedad que día a día ve cómo siguen muriendo los defensores de derechos humanos. Y que aún no le va a poder responder a ese niño, al que tanto presume proteger, por qué dos sicarios mataron a su madre frente a su casa, ni quién está detrás de esta ola de asesinatos.
El silencio cómplice también se hace más fuerte al ignorar riesgos inminentes y alertas urgentes. Desde el 25 de noviembre de 2018, la Defensoría del Pueblo había emitido una Alerta Temprana anunciando los riesgos tanto para la población civil como los líderes sociales en Tierralta. En esta zona del país delinquen estructuras criminales, dedicadas principalmente al tráfico de drogas, como los Caparros y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) conocidas como el Clan de Golfo. En la Alerta, la Defensoría había advertido también de posibles combates entre estas últimas y las disidencias de las Farc, autodenominadas como el Nuevo Frente 18 –Román Ruiz– Cacique Coyará. Y solo este año, en el departamento de Córdoba se han registrado 8 desplazamientos masivos, que han afectado a cerca de 2.845 personas, según el boletín de mayo de la Defensoría del Pueblo.
¿Entonces, cuál es el logro de un país en el que no logra frenar esta violencia? ¿En el que la masacre hacia los líderes continúa? ¿Y en el que la Fiscalía no ha podido decir quienes están detrás de esos asesinatos? No es suficiente un comunicado oficial desde la Alcaldía de Tierralta afirmando que la Policía Nacional abrió una investigación junto con la Fiscalía para establecer quiénes pudieron estar detrás del asesinato de líderes como María del Pilar. Como tampoco sirve de mucho las palabras optimistas del actual mandatario, quien dijo el pasado mes ante el Canning Lecture en Londres que Colombia ha tenido logros en la lucha contra las organizaciones criminales, la legalidad de las instituciones y la capacidad de los colombianos para convertir cualquier situación en una oportunidad. Ellos y ellas no son héroes ni heroínas que “entregaron su vida por este país”, como también dijo el mandatario en Cartagena el pasado viernes. A ellos y ellas les arrebatan a diario, a la fuerza y cruelmente, la oportunidad de vivir.
Por Lia Valero, periodista Rutas del Conflicto.
La movilización ciudadana del pasado 26 de julio en rechazo del asesinato a líderes sociales fue un acto necesario para no seguir con la indolencia ante estos crímenes. Pero el silencio cómplice aún sigue presente en las continuas amenazas que se han disparado en un 160% el primer semestre de 2019, según la Fundación Ideas para la Paz; en la ineficiente protección a los líderes que siguen trabajando ante el panorama de violencia al que se enfrentan en sus territorios y por supuesto, en las mínimas sentencias condenatorias de estos crímenes, aunque la Fiscalía afirme que el 60% de los casos se han esclarecido.
El número de líderes sociales asesinados sigue siendo incierto: la Defensoría del Pueblo calcula que entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019, van 462. La Fiscalía afirma que son 289. Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), solo este año, han sido asesinados 60 líderes sociales. ¿Hasta qué número tiene que llegar esa cifra para que sea un problema que nos preocupe como país?
La vida, el trabajo y lucha de muchas lideresas y líderes por la democracia en Colombia se acaba en minutos con el simple accionar de un arma, disparos propinados por sicarios o personas que no se logran identificar, culpar y sentenciar. La mayoría de los perfiles de los responsables de estos asesinatos se clasifican, según la Fiscalía, como Tipo C, es decir bandas delincuenciales o “particulares”, con lo cual se desdibuja aún más la responsabilidad sistemática de los crímenes. La guerra se sigue reciclando, para silenciar a diario a quienes quieren generar cambios en sus comunidades, sobre todo aquellos pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal, que por su trabajo comunitario se han convertido en blanco de grupos criminales que se disputan territorios y economías ilegales.
Y pareciera que ninguna autoridad está logrando impedir que eso deje de suceder. Las respuestas para proteger a estas líderes y lideresas aún siguen siendo ineficaces. Como lo fue para María del Pilar Hurtado, en Tierralta. Los gritos de su hijo de nueve años que se preguntaba desconsolado ¿por qué? se apagan de a pocos en el silencio profundo de un gobierno y una sociedad que día a día ve cómo siguen muriendo los defensores de derechos humanos. Y que aún no le va a poder responder a ese niño, al que tanto presume proteger, por qué dos sicarios mataron a su madre frente a su casa, ni quién está detrás de esta ola de asesinatos.
El silencio cómplice también se hace más fuerte al ignorar riesgos inminentes y alertas urgentes. Desde el 25 de noviembre de 2018, la Defensoría del Pueblo había emitido una Alerta Temprana anunciando los riesgos tanto para la población civil como los líderes sociales en Tierralta. En esta zona del país delinquen estructuras criminales, dedicadas principalmente al tráfico de drogas, como los Caparros y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) conocidas como el Clan de Golfo. En la Alerta, la Defensoría había advertido también de posibles combates entre estas últimas y las disidencias de las Farc, autodenominadas como el Nuevo Frente 18 –Román Ruiz– Cacique Coyará. Y solo este año, en el departamento de Córdoba se han registrado 8 desplazamientos masivos, que han afectado a cerca de 2.845 personas, según el boletín de mayo de la Defensoría del Pueblo.
¿Entonces, cuál es el logro de un país en el que no logra frenar esta violencia? ¿En el que la masacre hacia los líderes continúa? ¿Y en el que la Fiscalía no ha podido decir quienes están detrás de esos asesinatos? No es suficiente un comunicado oficial desde la Alcaldía de Tierralta afirmando que la Policía Nacional abrió una investigación junto con la Fiscalía para establecer quiénes pudieron estar detrás del asesinato de líderes como María del Pilar. Como tampoco sirve de mucho las palabras optimistas del actual mandatario, quien dijo el pasado mes ante el Canning Lecture en Londres que Colombia ha tenido logros en la lucha contra las organizaciones criminales, la legalidad de las instituciones y la capacidad de los colombianos para convertir cualquier situación en una oportunidad. Ellos y ellas no son héroes ni heroínas que “entregaron su vida por este país”, como también dijo el mandatario en Cartagena el pasado viernes. A ellos y ellas les arrebatan a diario, a la fuerza y cruelmente, la oportunidad de vivir.