La propuesta de país que queremos las víctimas de crímenes de Estado para una vida digna

Hay momentos en la historia de los pueblos en los que las decisiones trascienden la coyuntura y obligan a preguntarse por el país que queremos ser. Colombia atraviesa uno de esos momentos.

Después de décadas de conflicto armado, violencia sociopolítica, exclusión y profundas desigualdades, nuestra sociedad continúa enfrentando el desafío de construir una democracia real, capaz de garantizar que nunca más la violencia ocupe el lugar de la política y del diálogo. No se trata únicamente de cerrar las heridas del pasado. Se trata de decidir qué lecciones estamos dispuestos a asumir de nuestra propia historia y qué responsabilidades tenemos con las generaciones que heredarán el país que hoy estamos construyendo.

Las víctimas de crímenes de Estado hemos sido protagonistas de una de las páginas más dolorosas de esa historia, pero también la más invisibilizada. Hemos vivido las consecuencias de la desaparición forzada, la persecución política, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, la estigmatización y la impunidad. Hemos conocido el vacío que deja una ausencia sin respuestas y la incertidumbre de quienes pasan años buscando verdad y justicia en medio del silencio institucional.

Sin embargo, reducir la historia de las víctimas únicamente al dolor sería desconocer una parte fundamental de lo que hemos significado para este país.

Porque si algo ha demostrado Colombia es que las víctimas no han sido solamente quienes padecieron la violencia. También han sido quienes se han negado a aceptar que la guerra sea el destino inevitable de nuestra sociedad. Han sido las madres que buscan a sus hijos cuando otros insisten en el olvido. Han sido las comunidades que resisten cuando tantos fuerzan el silencio. Han sido las organizaciones que mantienen viva la memoria cuando muchos prefieren pasar la página sin haber conocido plenamente la verdad de lo ocurrido.

Buena parte de las conquistas democráticas alcanzadas en las últimas décadas tienen detrás la persistencia de miles de víctimas que transformaron el dolor en organización, la indignación en exigencia de justicia y la memoria en una herramienta para defender el futuro. Los avances en el reconocimiento de las víctimas, la creación de mecanismos de verdad, los procesos de búsqueda, los escenarios de participación ciudadana y los esfuerzos por consolidar la paz no surgieron de manera espontánea. Son el resultado de años de movilización social y de una convicción profundamente democrática: ninguna sociedad puede construir un futuro digno sobre la base de la impunidad.

Por eso nuestra apuesta por la paz nunca ha sido una apuesta ingenua.

No nace de desconocer la complejidad de los conflictos que atraviesan a Colombia. Nace precisamente, de haber conocido las consecuencias humanas, políticas y sociales de la guerra. Nace de comprender que la violencia no ha resuelto los problemas estructurales que dice combatir y que, por el contrario, deja generaciones enteras marcadas por el miedo, la exclusión y la pérdida.

Defender la construcción de paz significa defender la posibilidad de que las diferencias sean tramitadas a través de la democracia y no mediante la eliminación física de quien piensa, actúa o se organiza de manera diferente. Significa proteger la vida como el valor fundamental de la sociedad. Significa entender que ninguna causa política, económica o ideológica puede justificar la negación de la dignidad humana.

De la misma manera, nuestra defensa de la democracia no responde a una consigna abstracta. Surge de una experiencia histórica concreta. Sabemos que la democracia comienza a deteriorarse cuando la diferencia política es presentada como una amenaza, cuando la protesta social es criminalizada, cuando quienes ejercen oposición carecen de garantías y cuando amplios sectores de la sociedad son convertidos en sospechosos por sus ideas, sus reivindicaciones o su compromiso con la transformación social.

La historia reciente de Colombia dejó suficientes lecciones sobre las consecuencias de recorrer ese camino. Por eso resulta indispensable fortalecer una democracia que amplíe derechos en lugar de restringirlos, que escuche a las comunidades en lugar de estigmatizarlas y que reconozca la diversidad como una riqueza colectiva y no como un obstáculo para la convivencia.

A casi una década de la firma del Acuerdo de Paz, el país enfrenta una responsabilidad histórica que no puede ser postergada. La paz no puede seguir siendo entendida como un asunto exclusivo de quienes firmaron un acuerdo o de quienes habitan los territorios más golpeados por la guerra. La paz constituye una necesidad democrática para toda la sociedad colombiana. Su consolidación depende de la capacidad del Estado y de la ciudadanía para garantizar derechos, proteger la vida, combatir la impunidad y generar condiciones que permitan superar las causas que alimentaron durante décadas la violencia.

Por esa razón, las garantías de no repetición representan mucho más que una obligación jurídica. Constituyen un compromiso ético con la historia del país. Significan reconocer que ninguna democracia puede considerarse sólida mientras persistan condiciones que permitan la persecución política, el asesinato de líderes sociales, la exclusión de amplios sectores de la población o la utilización de la violencia como mecanismo de control social y político.

Lo que esperamos para Colombia en los próximos años no es un privilegio para las víctimas ni una agenda sectorial. Esperamos la consolidación de un país que haga de la vida el centro de sus decisiones; que fortalezca los caminos abiertos por la paz; que garantice la participación política sin miedo; que proteja a quienes defienden derechos humanos; que reconozca el papel de las mujeres, las juventudes y los sectores históricamente excluidos en la construcción de la democracia; y que comprenda que la justicia, la verdad y la memoria son condiciones indispensables para cualquier proyecto de nación que aspire a ser verdaderamente democrático.

Las víctimas hemos dedicado décadas a la búsqueda de verdad y justicia, pero nuestra lucha nunca ha sido únicamente una disputa con el pasado. Cada proceso de búsqueda, cada acto de memoria, cada movilización y cada exigencia de justicia han sido también una forma de disputar el futuro. Porque la verdadera dimensión de las garantías de no repetición no consiste únicamente en evitar que determinados crímenes vuelvan a ocurrir; consiste en construir una sociedad donde desaparezcan las condiciones que hicieron posible esos crímenes.

Las generaciones que nos precedieron dejaron una tarea inconclusa: construir una Colombia donde la diferencia no sea motivo de persecución, donde la democracia no pueda ser reducida por el miedo y donde la vida tenga más valor que cualquier proyecto de poder. Muchas de esas personas ya no están. Otras continúan esperando respuestas, buscando a quienes faltan o defendiendo causas que durante años intentaron ser silenciadas. A ellas les debemos una parte importante de los avances que el país ha logrado conquistar.

Por respeto a esa historia, pero sobre todo por responsabilidad con quienes vendrán después de nosotros, Colombia no puede permitirse renunciar a los aprendizajes que dejó el dolor ni a los avances conquistados. No puede aceptar nuevamente discursos que conviertan la diferencia en amenaza, ni proyectos que pretendan resolver mediante la fuerza problemas que pertenecen al terreno de la política, de la justicia social y de la democracia.

La paz, la verdad, la justicia, la memoria y las garantías de no repetición no representan únicamente las banderas de las víctimas. Representan la posibilidad de construir un país donde nunca más una persona sea perseguida por pensar diferente, donde ninguna familia tenga que pasar décadas buscando a un ser querido y donde la democracia sea lo suficientemente fuerte para proteger la dignidad humana por encima de cualquier interés particular.

Que nunca más el miedo, la estigmatización o la violencia definan nuestro destino colectivo.

Ese es el país por el que miles de víctimas han luchado durante años. Ese es el legado que hemos decidido defender. Y ese es el horizonte que, con esperanza, responsabilidad y compromiso democrático, seguimos proponiendo para Colombia.

*Esta carta fue escrita por el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice).

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