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En el marco de la campaña presidencial de 2026 ha surgido una pregunta incómoda y retórica para muchos de los aspirantes: ¿cuál de los candidatos con opciones reales de llegar a la presidencia está dispuesto a asumir las obligaciones jurídicas y políticas que el Estado colombiano contrajo en noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo Final de Paz? La respuesta, a propósito de una lectura juiciosa de los propios programas de gobierno, es desoladora. Solamente el candidato a la presidencia Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, han asumido de manera directa continuar con una tarea inacabada: la implementación integral del Acuerdo Final de Paz.
La implementación tiene una deuda estructural. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha manifestado que el Acuerdo debe implementarse en su totalidad. El corazón sigue siendo la materialización del punto de la Reforma Rural Integral; debe estar en el centro. Los avances son palpables: más de 700.000 hectáreas gestionadas por la Agencia Nacional de Tierras para familias campesinas, reincorporados, víctimas y comunidades étnicas son un avance que la comunidad internacional valora. Sin embargo, es necesario continuar con un esfuerzo sostenido, lo que implica la adopción real y efectiva de mecanismos como el catastro multipropósito para alcanzar la meta contenida en el Acuerdo.
Lamentablemente, la violencia en los 170 municipios PDET no cede terreno. Pese a los intentos del Gobierno por alcanzar una política de paz, las organizaciones criminales han desechado y desaprovechado la oferta gubernamental, provocando un fracaso en la apuesta por nuevos procesos hacia la “paz total”. En 2025 se registró un aumento de más del 30% de asesinatos de firmantes de paz respecto al año anterior; en los primeros meses de 2026 se alcanzó la deplorable cifra de 487 firmantes asesinados desde 2016. Las garantías de seguridad siguen siendo el punto débil. El gobierno del presidente Petro heredó la incapacidad institucional y el incumplimiento desvergonzado de sus dos antecesores, y el nuevo Gobierno tendrá que cargar con la misma cruz si no toma medidas urgentes.
Frente a los retos, y luego de comparar las apuestas programáticas inscritas en la Registraduría, dentro de las tres candidaturas con mayores posibilidades de alcanzar una segunda vuelta, Iván Cepeda y Aída Quilcué son la única fórmula que asume el lenguaje y la lógica del Acuerdo con coherencia explícita.
Su programa "El Poder de la Verdad" compromete los PDET, el Fondo de Tierras, el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Por su parte, Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial —con su programa “Orden, Firmeza y Corazón”— no mencionan el Acuerdo Final ni el proceso de reincorporación de miles de firmantes, y pretenden reemplazar el concepto de Paz por una doctrina de “Seguridad Total”, fórmula ya sufrida por la sociedad colombiana con consecuencias humanitarias desastrosas; una estrategia de elusión: no derogar formalmente el Acuerdo para impedir sus objetivos.
Abelardo De la Espriella es el más explícito en su ruptura: propone eliminar la JEP, construir siete megacárceles bajo el modelo Bukele, sumado a la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y una ofensiva militar en 90 días en una lógica de Plan Colombia 2.0.
El horizonte electoral hacia la presidencia en este 2026 expone con crudeza el riesgo de la politización del Acuerdo: en manos de la derecha, se convierte en blanco de aniquilamiento; en manos del progresismo, se traduce en una hoja de ruta para cumplir internacionalmente los compromisos del Estado colombiano. Quizás Colombia no enfrente el riesgo de regresar a la guerra, pero sin voluntad política, desfinanciación de la arquitectura institucional y falta de preponderancia de las instancias creadas desde 2016, podemos caer en la abdicación de la paz.
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