Ni plaga ni amenaza: no queremos retroceder 20 años en la política de drogas

La campaña presidencial que acaba de concluir su primera vuelta dejó algo más preocupante que la polarización propia de cualquier contienda electoral. En lugar de discutir propuestas para enfrentar algunos de los problemas más complejos del país, buena parte del debate público se concentró en identificar enemigos, señalar culpables y alimentar temores. En ese contexto, el narcotráfico volvió a ocupar un lugar central, no como un fenómeno que exige respuestas integrales y rigurosas, sino como una herramienta discursiva para justificar promesas de mano dura y construir amenazas internas.

Lo que está en juego en la segunda vuelta no es solamente una disputa entre programas de gobierno. También es una disputa. De un lado, una visión que insiste en la militarización, el castigo y la construcción de enemigos internos. Del otro, una perspectiva que reconoce los límites de la prohibición y la necesidad de respuestas centradas en derechos humanos, desarrollo rural y construcción de paz. La diferencia no es menor. Del lenguaje que adopte el próximo gobierno dependerá, en buena medida, la manera en que el país siga entendiendo a miles de familias que habitan los territorios donde se cultiva coca.

Por eso resulta especialmente pertinente la nueva entrega de Desintoxicando Narrativas, una investigación de Elementa que examina cómo han sido representadas las personas cultivadoras en el discurso público colombiano. El estudio muestra que las palabras utilizadas para describirlas no son neutrales. Durante décadas, discursos políticos, mediáticos e institucionales han recurrido a categorías que reducen a comunidades enteras a una amenaza criminal, borrando las condiciones sociales, económicas e históricas que explican su relación con los cultivos de uso ilícito.

Llevamos más de medio siglo nombrando a la gente como si nombrarla mal no costara nada: narcocultivador, narcoguerrilla, plaga, cáncer. Palabras que parecen descripciones objetivas y son, en realidad, sentencias de guerra —y muchas veces de muerte— que borran las identidades de las personas. Este uso del lenguaje despoja de humanidad a las familias cultivadoras para dejar en su lugar a un enemigo abstracto. Cuando el Estado y los medios fusionan deliberadamente al campesino de subsistencia, al narcotraficante y al actor armado bajo un mismo rostro criminal, no están informando; están construyendo una coartada.

Y las consecuencias de esa coartada han sido profundamente reales. La Comisión de la Verdad documentó cómo la llamada guerra contra las drogas sirvió para legitimar múltiples formas de violencia institucional sobre territorios históricamente abandonados. Cada vez que a una familia se le colgó el prefijo “narco”, el Estado encontró una justificación para intervenir desde la fuerza antes que desde los derechos. Se penalizó la planta mientras se ignoraban las condiciones que hacían del cultivo una estrategia de supervivencia.

Ese es precisamente el riesgo que enfrentamos hoy. El resurgimiento de discursos que prometen resolver el problema de las drogas mediante la represión y la eliminación de enemigos no representa una propuesta novedosa. Es el retorno de una fórmula conocida, cuyos resultados ya fueron documentados por las comunidades que sufrieron fumigaciones, erradicaciones forzadas, desplazamientos y militarización. Es la reaparición del lenguaje que convirtió a poblaciones enteras en objetivos legítimos de una guerra que nunca resolvió las causas estructurales del problema.

Pero el daño de estas narrativas no consiste únicamente en reciclar los errores del pasado. También radica en su capacidad para ocultar a las personas que viven detrás de las cifras. La retórica de la “mano dura” y la obsesión por las hectáreas erradicadas dejan fuera de escena a quienes sostienen la vida cotidiana en los territorios rurales. Invisibilizan a las mujeres que participan en las economías vinculadas al cultivo, a los jóvenes que enfrentan la ausencia de oportunidades y a las comunidades étnicas que han cargado de manera desproporcionada con los costos de la guerra contra las drogas.

Cuando la única presencia estatal en una vereda llega vestida de camuflado y fusil, llamar a ese territorio una “zona roja” no es un ejercicio descriptivo. Es una forma de condena. La lógica prohibicionista ha preferido demonizar la subsistencia campesina antes que preguntarse por qué, en amplias regiones del país, las economías legales siguen siendo insuficientes para garantizar una vida digna.

A las puertas de un nuevo gobierno, el desafío es claro. Los derechos no se garantizan avalando discursos que esconden una guerra detrás de promesas de seguridad. Las personas cultivadoras llevan décadas exigiendo ser reconocidas como sujetos políticos, ciudadanos y titulares de derechos, no como amenazas. Ignorar esa demanda implicaría desconocer algunos de los aprendizajes más importantes que ha dejado el conflicto armado y el proceso de construcción de paz.

Y aun si en las urnas logramos evitar el regreso de quienes prometen arrasar con lo construido, la tarea seguirá pendiente. La desintoxicación de las narrativas no puede depender de los resultados de una elección. Tiene que convertirse en un esfuerzo permanente de la sociedad, los medios, las instituciones y la dirigencia política.

La nueva entrega de Desintoxicando Narrativas parte precisamente de esa convicción: que las palabras importan porque producen realidades, legitiman políticas y delimitan quién merece protección y quién puede ser tratado como enemigo. Entender cómo opera el estigma sobre las personas cultivadoras es un paso indispensable para impedir que vuelva a convertirse en política pública. Porque permitir que la criminalización y el miedo sigan dictando el rumbo de las leyes es, sencillamente, tirar por la borda dos décadas de avances y acercarnos, una vez más, al fracaso de la paz.

* Paula Aguirre Ospina, directora de oficina en Colombia de Elementa DDHH

** Esteban Linares, investigador de Elementa DDH

*** Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

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