Elecciones de los Consejos de Juventud: más allá de las cifras de votación

El pasado 5 de diciembre de 2021 se celebró, por primera vez en toda Colombia, la elección de los Consejos de Juventud. De acuerdo a los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, estaban habilitados para votar 12,2 millones de personas entre los 14 y los 28 años para elegir, por primera vez, jóvenes que representarán sus intereses en esta instancia de participación. Se inscribieron más de 32 mil listas y 39 mil candidatos y candidatas.

El mismo 5 de diciembre, en la noche, la Registraduría reportó los resultados iniciales del escrutinio. Se alcanzó una votación de 1.279.961, lo que representa apenas el 10% del total de personas jóvenes habilitadas para ejercer este derecho. Las votaciones en las grandes capitales: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla tuvieron porcentajes de abstención superiores al 93% mientras que en ciudades intermedias y pequeños municipios, los y las jóvenes, salieron a votar en mayor proporción, con un promedio de participación del 11% y 14% respectivamente. Finalmente, el Partido Liberal fue el más votado, con el 10,8% de representación, y el 7% marcó su tarjetón en blanco.

¿Qué sucedió? ¿Por qué esta votación tan baja? Desde sectores afines al gobierno Duque se argumentó alta apatía y falta de compromiso de las y los jóvenes con el ejercicio de la democracia; incoherencia porque marchan y protestan, pero desaprovechan las oportunidades de participar en escenarios legalmente constituidos, o su alienación política a manos de la izquierda para hacer fracasar el proceso. Además, indican algunas voces del despilfarro de más de 10 mil millones de pesos en materiales, una plataforma digital, la movilización de jurados de votación, entre otras cuestiones, para un resultado tan bajo en materia de participación y la necesidad de revaluar este tipo de elecciones.

Más allá de las posiciones señaladas, es clave develar varios asuntos de fondo que pueden explicar estos resultados electorales. En primer lugar, no existió una pedagogía adecuada y se evidenció improvisación. Lo demuestra el hecho de que un día antes de la fecha de votación la Registraduría expidió la resolución 15581 mediante la cual se facultó a las y los jóvenes a votar en una ciudad diferente a la que tenían registrada en el censo electoral. Esto fue un cambio en las reglas electorales que debilitó la transparencia y produjo desorganización en los comicios. Otro aspecto relevante para el análisis es el cambio de fecha. Inicialmente, las elecciones estaban previstas para el 28 de noviembre y luego se cambiaron al 5 de diciembre. Este cambio repentino, generó alguna confusión en una parte de la juventud. Adicionalmente, la cantidad importante de formularios nulos, cercana al 23%, cuando en los escrutinios legislativos suele ser menor al 7%, da cuenta de los errores en la información sobre el voto. En tercer lugar, los datos de la Misión de Observación Electoral señalan la falta de jurados de votación, en al menos el 39,9% de los puestos habilitados.

A lo anterior, se suma la poca socialización y pedagogía que tanto el Gobierno Nacional como algunos gobiernos locales realizaron para incentivar mayor información sobre esta elección, y, por supuesto, motivar a las y los jóvenes para participar activamente. Poco se explicó sobre las funciones de los Consejos de Juventud, su conformación y su importancia en el marco de la democracia y en la defensa de los derechos ciudadanos. Es un hecho que para muchos jóvenes estos escenarios siguen siendo ajenos, carecen de información sobre el rol que tienen, reproducen prácticas clientelistas y burocráticas; y en otros casos, la crisis de legitimidad que detentan los espacios institucionales de participación, percibidos como cerrados, excluyentes, sin poder de incidencia real, sin capacidad de representar las demandas de sectores sociales, contribuye muy poco para promover el interés, y, por ende, la intervención de la juventud. Ante esta situación, las y los jóvenes han optado cada vez más por acudir a la lógica de la movilización. En efecto, desde su punto de vista encuentran en ella mayor flexibilidad, oportunidades de expresión ligadas a su visión y formas de organización, respuestas más prontas del Estado, y una convocatoria rápida, sin tanto tecnicismo ni procedimientos.

Aunado a lo anterior, otro fenómeno que puede explicar la baja participación es la falta de legitimidad de las instituciones políticas en la vida de los y las jóvenes en el país. Situaciones como la respuesta del Gobierno Nacional a la movilización del Paro Nacional han abierto una grieta entre el sector público y la juventud, marcada por la desconfianza, la confrontación y la negación de un sector que pide cambios y transformaciones en el país. Reducir estas fricciones es un reto que deberá asumir el próximo presidente o presidenta mediante la escucha efectiva y comprometida en soluciones ante las demandas y problemáticas que ponen los jóvenes sobre la mesa de discusión. Al respecto, no debe haber excusas de parte de la institucionalidad, tampoco represión, se necesita un diálogo efectivo, incluyente y democrático.

Para entender estos resultados electorales es clave comprender la realidad de la juventud en el país antes de la pandemia, en la misma pandemia y luego de la emergencia sanitaria. Las cifras del DANE señalan que más del 50% vive en la pobreza, el 28% se encuentra desempleado; otro tanto tiene que resignarse a labores informales y la presencia de los ninis “ni trabajan ni estudian” ronda el 16% de la población entre los 14 y los 28 años. A esta dura realidad se añade la violencia que dejó cerca de 8.328 menores de 30 años muertos en 2020. Como se señala popularmente: es difícil pensar en democracia cuando la principal preocupación que tiene el ciudadano es no morir de hambre y salir al rebusque diario, sin sucumbir ante el asedio de la delincuencia y del propio Estado. Mientras que dicha situación no cambie es injusto señalar y culpar a los jóvenes sin comprender su realidad y generar salidas desde el gobierno, el sector privado y la sociedad para que tengan oportunidades de desarrollo y de goce efectivo de sus derechos.

Sin embargo, no todo es malo. Vale la pena resaltar algunos hechos de cara a las lecciones del 2022. De acuerdo con los datos de la Registraduría, el 45% de las listas presentadas por las organizaciones, plataformas juveniles, partidos y movimientos políticos fueron lideradas por mujeres, y su participación en la conformación final de los Consejos superó el 39%; cifra alta comparada con el 19% del Congreso de la República. Además, la votación de los/las candidatos/as independientes y procesos locales, cercano al 44% de los votos válidos, explica que parte del proceso de movilización si se trasladó al espacio político, contrario a la afirmación de sectores gobiernistas. Igualmente, se refleja un voto castigo al partido del presidente Duque que aspiraba a liderar las elecciones y apenas alcanzó el cuarto lugar con un poco más de 44 mil votos. Finalmente, la contabilidad general de 1,2 millones de jóvenes que ejercieron el voto demuestra su potencial de participación y su capacidad de movilización en medio de las dificultades señaladas.

En definitiva, se debe entender que esta es la primera elección de los Consejos de Juventud, por tanto, no se pueden comparar con otros comicios municipales o legislativos. Es necesario entenderlos en su justa medida; claro que es importante valorar los aprendizajes y las advertencias realizadas para fortalecer estos espacios, hacerlos protagonistas de la vida de las y los jóvenes, y en especial, comprender que en la democracia el ejercicio de la participación es un derecho que tiene que ver con condiciones y garantías que deben ser cumplidas por el Estado.

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).