Hoy se elige en Colombia a quienes nos representarán en el Congreso de la República durante el periodo 2022-2026, así como a los candidatos o las candidatas a la Presidencia por las tres coaliciones políticas que se encuentran en consulta interna (Pacto Histórico, Coalición Centro Esperanza y Coalición Equipo por Colombia).
Estos comicios son particularmente relevantes para la construcción de paz en el país porque, como resultado de lo pactado en el punto 2 sobre participación política del Acuerdo de Paz, se asignan por segunda y última vez diez curules al Partido Comunes (ex FARC), cinco en Cámara y cinco en Senado. Además, se elegirán por primera vez 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), en las zonas rurales de 167 municipios de los 18 departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia. Las curules de paz ocuparán un lugar importante en la Cámara hasta 2030, y se espera que los líderes y las lideresas que ocupen estos escaños representen los intereses de las personas y los territorios más afectados por la violencia, y contribuyan a incentivar la activa y comprometida implementación del Acuerdo y la consolidación de la tan anhelada paz estable y duradera.
Inquieta que estas elecciones se lleven a cabo en un contexto de recrudecimiento de la violencia política en el país. Según el Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia de la MOE, en todas las circunscripciones se han reportado hechos victimizantes como amenazas, secuestros, desapariciones, atentados o asesinatos contra líderes políticos, sociales y comunales. A diciembre de 2020, 145 municipios de las CTEP presentaban algún factor de riesgo electoral, ubicándose 65 de ellos en riesgo extremo y alto.
A estos alarmantes indicadores se suma el balance del Sexto Informe Preelectoral de Violencia, también de la MOE, que señala que, en términos generales y comparados, las agresiones contra líderes políticos, sociales y comunales han aumentado en 98,5% entre los comicios nacionales de 2018 y los de 2022; fueron reportados 516 hechos de violencia entre marzo de 2021 y febrero de 2022, con la particularidad de que, en el caso de los líderes políticos, la letalidad de las agresiones se ha intensificado en 10,3% con 28 atentados y 15 asesinatos en 2022.
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El nuevo periodo de gobierno recibe un legado deficitario en materia de implementación del Acuerdo. Según el Instituto Kroc, a diciembre de 2021, se había cumplido tan solo el 30% de las 578 disposiciones pactadas, siendo el punto de Participación Política el que acumula el mayor número de acciones no iniciadas (28%) y el segundo con menos acciones completadas (14%).
El gobierno de Duque ha sido objeto de serios cuestionamientos frente a su asimétrico compromiso con la implementación del Acuerdo. Los mayores avances se presentan en las disposiciones relacionadas con los mecanismos de implementación, verificación y refrendación (58%), fin del conflicto (49%) y acuerdo sobre víctimas (27%), en los que el gobierno anterior había presentado los mayores adelantos. No obstante, Duque y su bancada mayoritaria en el Congreso han representado un serio obstáculo para la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el financiamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la JEP, así como para materializar el esfuerzo de dar voz política a los territorios más afectados por el conflicto a través de las 16 Curules Transitorias Especiales de Paz.
Si entendemos el Acuerdo de Paz como una política de Estado que compromete con su implementación como mínimo a los próximos tres gobiernos presidenciales, es necesario que el compromiso para su salvaguarda se instaure de manera clara en las agendas programáticas de los candidatos presidenciales. Esto no se evidencia, hasta el momento, de manera contundente, ni los discursos de la contienda, ni en las demandas del electorado.
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Es necesario, entonces, aunar esfuerzos desde las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, la academia y la comunidad internacional para que la Paz vuelva a ser un tema central del debate político. No podemos olvidar que el Acuerdo y su implementación representan una oportunidad para remover las condiciones estructurales, institucionales, históricas y territoriales que soportan la violencia en Colombia.
Esta columna hace parte del proyecto sobre democracia de la educación y la ciencia del Instituto CAPAZ.
María Eugenia Bonilla Ovallos. Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Grupo de Investigación en Ciencia Política. Directora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y vocera de esta universidad en el Instituto CAPAZ.
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