Eliminándonos no clasificamos a nada

El artículo 11 de nuestra constitución dice: “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” Refleja un pulso que heredamos de los acuerdos de paz de comienzos de los noventas y sigue siendo además el principal reto como país: Qué la Vida se respete.

Los procesos de diálogo y acuerdos de paz se han basado en que la violencia no haga parte de la política y en que el Estado se modernice y/o actué en sus elementos constitutivos más básicos, es decir, no más muertes por política y más vida en mejores condiciones, si se quiere una manera de interpretar y respetar el artículo 11.

Sin embargo, los episodios más que dolorosos con los que empezamos octubre hacen evidentes que el camino hacia el cuidado pleno de la vida está distante y que se necesitan urgentes respuestas para cumplir el mandato.

Devela también que necesitamos de mayor comprensión y comunicación, en todo lo que implica la transición de la guerra a La Paz para que nuestra opinión se cualifique, en especial en los temas más álgidos por superar. Sumándome a la exigencia por justicia de las victimas de la masacre en Tumaco pienso que es indispensable pensar y actuar en al menos tres temáticas:

1) La doctrina de las FF.AA. y su necesario ajuste. El final de los acuerdos tiene como horizonte el monopolio de la fuerza por parte del Estado. En ese camino, el desarme las Farc-Ep y las condiciones del cese al fuego con el ELN ponen sobre la mesa que lo político se puede resolver sin fusiles. Sin embargo, los hechos recientes han demostrado que existe también una brecha dentro de las propias fuerzas militares y policiales para enfrentar el cumplimiento de los acuerdos.

En este contexto lo que se conoce como "doctrina del enemigo interno" impulsada por Estados Unidos desde la guerra que ya se enfrió, ajustada y actualizada a la lógica antidrogas y antiterrorismo, tiene gran responsabilidad en el tratamiento que las Fuerzas Armadas le da a la movilización social y a la población civil en "zonas rojas" y/o  zonas de tráfico de drogas. El monopolio de la fuerza debe ser además de legal, legítimo y esto implica, esencialmente, que las armas del Estado no vuelvan a apuntar y atentar contra sus conciudadanos.

 En varios de los momentos críticos del proceso de diálogo fueron sectores de las FF.AA garantes de la negociación política con su responsabilidad militar, es importante que esta actitud se profundice y que se ajuste la estructura y pensamiento a los retos de la implementación; primordial por ejemplo una seria evaluación del Esmad y su responsabilidad en la muerte de ciudadanos en movilizaciones sociales.

2) La política antidroga y el punto 4. El Estado colombiano está llamado a hacer la implementación de los acuerdos y subordinar el papel de la Fuerza Pública a esa política de Estado. El acuerdo del punto sobre cultivos de uso ilícito y la política antidrogas impulsada por Estados Unidos riñen, se limitan y  se tensionan entre sí. Las estrategias de la lucha antidrogas aplicadas en Colombia tienen sobre sus hombros una evaluación en la que “sólo gana el gringo” porque se encarece el precio de la cocaína, porque los insumos aumentan, porque la aspersión también y porque su mano sigue interrumpiendo nuestra soberanía. Este país no necesita más de lo mismo; El cambio de lo forzado a lo acordado se debe ejercer tanto con las familias que se acogieron voluntariamente a los acuerdos de La Habana como a los productores que no están aún incluidos, ese es su reto. No es, en cambio, con los “eslabones más débiles” del tráfico de drogas, usuarios y cultivadores (en este caso el campesinado), donde se logra debilitar o eliminar el narcotráfico.

3) La matriz mediática y la voz de las víctimas. De manera definitiva el caso de Tumaco deja ver que aún falta mucho trecho para la mejor cobertura de los hechos. Las “zonas rojas” de la guerra deben ser superadas por el cubrimiento mediático, las regiones están habitadas por colombianos, ciudadanos que exigen y viven en condiciones de vida difíciles; la centralidad del acuerdo hacia las víctimas y los pobladores debe darle peso a sus testimonios, hacer de la víctimas potenciales victimarios es además de un sesgo periodístico, una manera de alimentar la guerra. Esta narrativa hay que cambiarla, allí reside parte esencial de este periodo transicional.

Los hechos de este comienzo de octubre duelen en las venas del país y hacen más difíciles los retos para el cambio; Los balances aunque negativos en la implementación, nos dejan ver que la movilización ciudadana es pieza clave y que aún tiene mucho por aportar hacia la consolidación de la paz.

Que la paz no nos cueste la vida dicen en las regiones. Ese camino en el que los colombianos entendamos que ya no estamos más en una eliminatoria sino clasificando a ser un mejor país.