ELN: Elementos básicos de comprensión (II)
En la presente columna, pretendo continuar con lo considerado en la primera entrega sobre este tema: “ELN: elementos básicos de comprensión (I)”. En esa ocasión abordé la correlación entre las guerrillas del ELN y las FARC y su relación con el territorio, así como elementos de su composición y frentes de guerra. En está expondré sobre sus fuentes de financiación y cabecillas.
Al respecto, considero importante señalar que el ELN ha hecho de la extorsión una práctica recurrente, llevando a que la población en sus áreas de acción se vea sometida a un tipo de victimización económica poco profundizada en los estudios sobre violencia, conflicto y posacuerdo. Los ganaderos, madereros, empresarios y, en general, todos los niveles del comercio, han tenido que soportar durante décadas la imposición de “impuestos” ilegales por medio de la coerción, cómo la manifestación de una economía paralela que ha conducido a que regiones como el Catatumbo, Córdoba, Sur de Bolívar y el Bajo Cauca, entre otras, deban responder a dos sistemas contributivos: el legal/constitucional y el ilegal/armado. Quienes viven esta realidad no han experimentado una afectación física o mortal, pero sí han sentido un mal que ha victimizado y limitado el libre desarrollo de sus proyectos y que paulatinamente las ha transformado en sociedades “enjauladas por las armas”.
A lo anterior, se suma el control que esa organización ha impuesto sobre el tráfico de metales preciosos, mediante la extracción minera ilegal y que le ha generado inmensas rentas. En Colombia pasó desapercibido el hecho de que en 2018, emisarios del ELN, asesinaron a un grupo de mineros en el Estado de Bolívar (Venezuela), lo cual no sorprende teniendo en cuenta que desde hace más de dos décadas se tiene plena certeza de que este grupo armado ilegal opera en ambos países y que ha hecho de la frontera una herramienta para evadir a las autoridades. Lo llamativo es que esto sucedió a más de 1.500 km de distancia de la frontera, no con Colombia sino con Brasil, lo que refiere un interés geoeconómico que supera los límites nacionales y que pretende establecer control sobre áreas ricas en minerales como el Arco Minero del Orinoco.
Así mismo, el ELN se lucra de las rentas del narcotráfico, no como las FARC, que controlaron toda la cadena de comercialización, sino principalmente por el cobro o “impuesto” a la plantación y el tránsito de estupefacientes, que en suma a lo anterior, ha hecho que estos recursos se enquisten en el seno de su economía ilegal.
Estas operaciones económicas, han estado conducidas por fuertes cabecillas como alias “Pablito”, quien dirige el Frente de Guerra Oriental y que junto a alias “Nacho” (segundo cabecilla) consolidaron poder en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, así como alianzas criminales para influenciar en Venezuela y la zona de frontera. Las autoridades tienen sus ojos puestos en el frente Domingo Laín Sanz por su alta especialización en el manejo de explosivos y por ser el posible autor del letal atentado dirigido la Escuela General Santander.
En adición, otros cabecillas como alias “Fabián” y “La Gomela” en el Frente de Guerra Occidental, han establecido en el Chocó un fortín para la coordinación de la comercialización de cocaína por el Océano Pacífico y la extorsión de las empresas dedicadas a la actividad maderera en ese departamento.
Por su parte, el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, cuyo cabecilla es alias “Pirry”, fue el encargado de materializar otro hecho que pasó desapercibido entre la opinión publica pero que evidencia la cosificación que el ELN hizo de las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos cuando, en hechos que aún investiga la Fiscalía, utilizó un cese al fuego con fines humanitarios, para transportar oro proveniente de la minería ilegal con destino al extranjero, haciendo uso de un helicóptero del Comité Internacional de la Cruz Roja. Aparentemente este dinero se usó para la compra de equipo y material de guerra. Este hecho, además de perfídico, es un indicador sobre la agenda real de paz de esta guerrilla.
Así entonces, hasta este punto es claro que el ELN ha establecido un fuerte dominio sobre fuentes ilegales de financiación como el narcotráfico, la minería ilegal, una fuerte cadena de extorsión, entre otros, que ha llevado a que sus comandantes además de acumular un amplio nivel de autonomía frente al nivel central (tal como se expuso en la anterior publicación), posean grandes rentas económicas que no pretenden abandonar con facilidad, ya que son ellos quienes producen, controlan y usufructúan estos dineros y, a diferencia de las FARC, los mandos medios no estarían dispuestos a cederlos, ante la simple promesa de la obtención derechos políticos. Esta es la evidencia de la desideologización del conflicto en virtud de las economías ilegales.
En la próxima publicación, presentaré la relación sobre hombres en armas, la realidad maderera, la depredación ambiental y los retos y posibilidades del Estado frente a este grupo armado.
Jspachecoj@hotmail.com
En la presente columna, pretendo continuar con lo considerado en la primera entrega sobre este tema: “ELN: elementos básicos de comprensión (I)”. En esa ocasión abordé la correlación entre las guerrillas del ELN y las FARC y su relación con el territorio, así como elementos de su composición y frentes de guerra. En está expondré sobre sus fuentes de financiación y cabecillas.
Al respecto, considero importante señalar que el ELN ha hecho de la extorsión una práctica recurrente, llevando a que la población en sus áreas de acción se vea sometida a un tipo de victimización económica poco profundizada en los estudios sobre violencia, conflicto y posacuerdo. Los ganaderos, madereros, empresarios y, en general, todos los niveles del comercio, han tenido que soportar durante décadas la imposición de “impuestos” ilegales por medio de la coerción, cómo la manifestación de una economía paralela que ha conducido a que regiones como el Catatumbo, Córdoba, Sur de Bolívar y el Bajo Cauca, entre otras, deban responder a dos sistemas contributivos: el legal/constitucional y el ilegal/armado. Quienes viven esta realidad no han experimentado una afectación física o mortal, pero sí han sentido un mal que ha victimizado y limitado el libre desarrollo de sus proyectos y que paulatinamente las ha transformado en sociedades “enjauladas por las armas”.
A lo anterior, se suma el control que esa organización ha impuesto sobre el tráfico de metales preciosos, mediante la extracción minera ilegal y que le ha generado inmensas rentas. En Colombia pasó desapercibido el hecho de que en 2018, emisarios del ELN, asesinaron a un grupo de mineros en el Estado de Bolívar (Venezuela), lo cual no sorprende teniendo en cuenta que desde hace más de dos décadas se tiene plena certeza de que este grupo armado ilegal opera en ambos países y que ha hecho de la frontera una herramienta para evadir a las autoridades. Lo llamativo es que esto sucedió a más de 1.500 km de distancia de la frontera, no con Colombia sino con Brasil, lo que refiere un interés geoeconómico que supera los límites nacionales y que pretende establecer control sobre áreas ricas en minerales como el Arco Minero del Orinoco.
Así mismo, el ELN se lucra de las rentas del narcotráfico, no como las FARC, que controlaron toda la cadena de comercialización, sino principalmente por el cobro o “impuesto” a la plantación y el tránsito de estupefacientes, que en suma a lo anterior, ha hecho que estos recursos se enquisten en el seno de su economía ilegal.
Estas operaciones económicas, han estado conducidas por fuertes cabecillas como alias “Pablito”, quien dirige el Frente de Guerra Oriental y que junto a alias “Nacho” (segundo cabecilla) consolidaron poder en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, así como alianzas criminales para influenciar en Venezuela y la zona de frontera. Las autoridades tienen sus ojos puestos en el frente Domingo Laín Sanz por su alta especialización en el manejo de explosivos y por ser el posible autor del letal atentado dirigido la Escuela General Santander.
En adición, otros cabecillas como alias “Fabián” y “La Gomela” en el Frente de Guerra Occidental, han establecido en el Chocó un fortín para la coordinación de la comercialización de cocaína por el Océano Pacífico y la extorsión de las empresas dedicadas a la actividad maderera en ese departamento.
Por su parte, el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, cuyo cabecilla es alias “Pirry”, fue el encargado de materializar otro hecho que pasó desapercibido entre la opinión publica pero que evidencia la cosificación que el ELN hizo de las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos cuando, en hechos que aún investiga la Fiscalía, utilizó un cese al fuego con fines humanitarios, para transportar oro proveniente de la minería ilegal con destino al extranjero, haciendo uso de un helicóptero del Comité Internacional de la Cruz Roja. Aparentemente este dinero se usó para la compra de equipo y material de guerra. Este hecho, además de perfídico, es un indicador sobre la agenda real de paz de esta guerrilla.
Así entonces, hasta este punto es claro que el ELN ha establecido un fuerte dominio sobre fuentes ilegales de financiación como el narcotráfico, la minería ilegal, una fuerte cadena de extorsión, entre otros, que ha llevado a que sus comandantes además de acumular un amplio nivel de autonomía frente al nivel central (tal como se expuso en la anterior publicación), posean grandes rentas económicas que no pretenden abandonar con facilidad, ya que son ellos quienes producen, controlan y usufructúan estos dineros y, a diferencia de las FARC, los mandos medios no estarían dispuestos a cederlos, ante la simple promesa de la obtención derechos políticos. Esta es la evidencia de la desideologización del conflicto en virtud de las economías ilegales.
En la próxima publicación, presentaré la relación sobre hombres en armas, la realidad maderera, la depredación ambiental y los retos y posibilidades del Estado frente a este grupo armado.
Jspachecoj@hotmail.com