Entre la resistencia civil y el culto al militarismo

La elección y posesión de Abelardo De La Espriella ha estado marcada por un clima de incertidumbre y tensiones sociales. Que los resultados de la segunda vuelta presidencial de 2026 arrojen millones de votos y una reducida diferencia para el ganador no debe entenderse únicamente como expresión de polarización; representa, especialmente, un ejercicio de legitimidad democrática y una ciudadanía consciente del impacto de sus decisiones sobre el futuro del país.

Esta nueva etapa exige mayor responsabilidad. El gobierno debe procurar unir a la nación, gobernar sin eliminar al otro, sin sesgos ni discriminación; mientras que a la oposición le corresponde adelantar un control político reflexivo y objetivo sobre la gestión del gobierno y fiscalizarla mediante los instrumentos dispuestos en la ley; de lo contrario, se caerá en una oposición visceral.

Los líderes del Pacto Histórico anunciaron que ejercerán la resistencia civil pacífica. La Corte Constitucional ha señalado que esta debe ser pública, pacífica, orientada al bien común y compatible con el orden constitucional. Si la inconformidad se sustenta en desconocer los resultados electorales por presunto fraude y por el incumplimiento de los requisitos para ser elegido, el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con recursos legales previamente establecidos a los que se debe acudir, demostrando su agotamiento o ineficacia.

La resistencia civil constituye un recurso excepcional y no puede terminar debilitando el ordenamiento constitucional que pretende defender; los candidatos conocían y se acogieron a las reglas del debate electoral, tan es así que el senador Iván Cepeda y la representante a la Cámara Aida Quilcué ya ocupan sus curules en el Congreso. Es válido que se promuevan las concentraciones, las protestas y las manifestaciones; esto hace parte de la libertad de expresión, de conciencia y de participación política.

Por otro lado, de manera insistente el presidente quería rendirle un homenaje a los miembros de la Fuerza Pública. Ciertamente, la labor de militares y policías, en un país golpeado durante décadas por el conflicto armado y diferentes formas de violencia, merece reconocimiento y exaltación. No obstante, la posesión presidencial constituye un acto político e institucional de la más alta relevancia y posee una gran fuerza simbólica; por eso, el mandatario no debe enviar mensajes equívocos o riesgosos. Cuando un presidente civil actúa o se expresa en tono militar, respaldando a ultranza las actuaciones de la Fuerza Pública, puede generar en el imaginario colectivo el predominio del poder militar sobre las demás autoridades e instituciones civiles, situación que, lejos de fortalecer la unidad nacional, propicia en algunos sectores el rechazo y el desacato.

Respecto a los grupos armados al margen de la ley les ha dado plazos perentorios para que se entreguen, se sometan a la justicia, o serán dados de baja. Vale recordar que el fin del Estado en los conflictos armados es la obtención de la ventaja militar; se busca neutralizar la capacidad de combate del adversario (capturar, desarmar o herir), no su destrucción total o exterminio. Hizo falta en el discurso de posesión que expresara en forma categórica la obligación que tienen los miembros de la Fuerza Pública de respetar los derechos humanos y de dar plena aplicación al Derecho Internacional Humanitario, para que graves crímenes como las ejecuciones extrajudiciales no se repitan.

Refiriéndose a los “grupos narcoterroristas” y al combate frontal del crimen, el presidente dijo que la opción del diálogo está completamente agotada. Jurídicamente no está obligado a continuar dialogando o realizando acercamientos con guerrilleros u otras estructuras que no cumplieron con lo acordado, que continúan cometiendo crímenes de guerra y otros delitos. Sin embargo, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que le corresponde garantizar al presidente de la República, mediante el diálogo y los procedimientos sociales, políticos e institucionales razonables para alcanzarla, sin reducir la estrategia exclusivamente al uso de la fuerza.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió una carta al presidente De La Espriella en la que expresó profunda preocupación por varios anuncios de su futuro gobierno en materia de derechos humanos; le asiste razón. Tanto para la oposición como para el actual gobierno, los ciudadanos reclaman respeto por la Constitución, mesura y sensatez; las posturas irreflexivas o extremas revictimizan y no permiten abordar con patriotismo los graves problemas humanitarios, sociales y económicos que vive el país.