Uno de los ejes centrales del gobierno del presidente Gustavo Petro es lograr la paz total, que busca ponerles punto final a todos los factores de violencia que vive el país. Según el articulado de la nueva Ley 2272 de 2022, esta estrategia comprende, en términos generales, negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley, con quienes se adelantarán diálogos políticos y, sometimiento a la justicia para su desmantelamiento, con grupos de crimen organizado de alto impacto.

Un objetivo ambicioso que pretende ponerle punto final a los ciclos de violencia que por décadas ha vivido Colombia, arraigados principalmente en territorios con poca presencia gubernamental y limitado control territorial, afectados por economías ilícitas, presencia y control de diversas estructuras armadas de las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico.

El corazón de esta estrategia son las negociaciones políticas con el Eln, para lo cual se daría el relanzamiento de la mesa de conversaciones —posiblemente en Caracas— que fue instalada en el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana (Cuba), con la que se pretende terminar en un acuerdo de carácter político. Vinculado a lo anterior y, no menos importante, es la apuesta por garantizar la implementación efectiva de los Acuerdos de Paz firmados en el 2016 con las Farc como una forma no solo de darle cumplimiento a lo acordado, sino de comenzar a recuperar la legitimidad institucional en territorios, algunos perdidos, en manos de grupos violentos.

De otro lado, existen posibilidades de avanzar en un proceso de sometimiento a la justicia de grupos criminales, incluidos el narcotráfico y algunos derivados del paramilitarismo. Esas estructuras mantienen una fuerte presencia regional y capacidad de generar acciones violentas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, además de estar ligados fuertemente a economías ilegales como la minería y el narcotráfico.

Los objetivos y escenarios propuestos serán relevantes para la región, ya que los actores objeto de la política están presentes en el territorio con algunas particularidades que nos invitan a pensar en esta zona como uno de los territorios que más podrían beneficiarse de la paz total.

Por una parte, hay una fuerte presencia y dominio del Eln en cerca de 30 municipios de Norte de Santander, a través de tres estructuras: los frentes de guerra nororiental, oriental y el urbano nacional. De igual manera, los grupos sucesores de las Farc, como el frente 33, buscan fortalecerse a través de la reactivación del bloque Magdalena Medio e intentan liderar un proceso de reagrupamiento nacional, expandiéndose de manera acelerada en 15 municipios del departamento; al igual que el frente Luis Orlando Padierna, de las Agc o Clan del Golfo, se extiende de manera sigilosa en los cinco municipios del área metropolitana de Cúcuta, al mismo tiempo que se reagrupan para persistir en su objetivo central de incursionar en el bajo Catatumbo.

Las bandas de narcotraficantes juegan un papel fundamental en este escenario, en la medida en que algunas transnacionales sostienen el mercado de las drogas en la región, convirtiéndose en los grandes generadores de ingresos de todos los armados ilegales, anclados en las más de 42.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas durante el 2021, según la última medición del Simci.

Esto sin dejar de lado que la implementación del Acuerdo de Paz se encuentra paralizada: no hay recursos, obras ni cumplimiento a los campesinos que avanzaron en la erradicación manual de cultivos de hoja de coca y mucho menos a los firmantes de paz, 23 de los cuales han sido asesinados de manera impune hasta octubre de este año.

Esto indica que en el Catatumbo confluyen los diferentes problemas que se pretenden resolver con la política de paz total del Gobierno, siendo este un reto importante, si se considera que la mayoría de los actores ilegales tienen un arraigo social, político y económico histórico además, atados a todo tipo de actividades ilegales, como, por ejemplo, el narcotráfico, la extracción ilegal de hidrocarburos, el contrabando, la minería, la extorsión y el secuestro.

El abordaje efectivo de estas acciones demandará una profunda comprensión de sus causas y su grado de relación política, social y cultural, a partir de las afectaciones individuales, colectivas y territoriales. Si avanzan los procesos de desarme, pero los factores que explican el origen y la continuidad de dichas actividades continúan intactos, seguramente se seguirán presentando bajo nuevos actores y, lo que sería aun peor, bajo nuevos ciclos de violencia.

Por otro lado está la necesidad de abordar de manera inmediata el déficit de presencia institucional. No debería ser mayor problema resolver algunos temas que tienen que ver más con la decisión y la voluntad política, sobre todo aquellos como la asignación de jueces, resolver los problemas de educación, salud, vías, bancos que faciliten créditos y policías respetuosos de los derechos humanos, entre otros.

Aunado a esto, tal vez el mayor desafío a corto plazo será la consecución de resultados positivos en las negociaciones con los armados ilegales, sobre todo con el Eln. Una organización político-militar que ha mantenido una presencia histórica en el departamento por más de tres décadas, con un poderoso aparato militar y un fuerte arraigo político y social, que ha reemplazado de manera eficiente las labores del Gobierno.

Aquí jugará un papel clave la participación de las comunidades, organizaciones y autoridades locales, que debe ser efectiva y vinculante. Este no puede ser un diálogo cualquiera, ni la participación un eslogan de moda. Los problemas estructurales y coyunturales que estas comunidades conocen bien deben tener respuesta inmediata, como vías, agua potable, hospitales, universidades, desarrollo económico y los coyunturales deben tener una ejecución urgente: profesores, médicos, infraestructura educativa y de salud, comisarios de familia, jueces, títulos de propiedad de la tierra, SENA, ICBF, etc.

El Gobierno Nacional no deberá olvidar que somos un departamento con una amplísima experiencia y un largo recorrido en procesos de organización social comunitaria y en consecuencia en la lucha social reivindicativa. Nuestra historia está marcada por la exigencia de respuestas a los distintos gobiernos a través del diálogo y propuestas, pero principalmente ejerciendo nuestro derecho a la protesta. Conocemos como nadie nuestros problemas y tenemos claro el camino a seguir.

En este escenario no parece fácil lograr la paz total, pero son precisamente estas complejidades las que la hacen posible. Habrá obstáculos, tropiezos y complicaciones que deberán resolverse sobre la marcha, pero si esta política se hace con los habitantes del territorio y teniendo en cuenta las particularidades locales y regionales (causas y características de los actores y del conflicto), y no solo a puerta cerrada, habrá mayor oportunidad de conseguir esos objetivos trazados. Así el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y el departamento serán territorios que, después de mucho tiempo, empezarán a dar pasos importantes hacia la garantía de la protección de derechos humanos de su población.

*Defensor de derechos humanos - Fundación Progresar