Estallido social en Colombia y la legalización de las drogas
Colombia la mayoría de las veces es una imagen abstracta y difusa en mi mente. No porque me haya ido hace muchos años – han sido más bien pocos – pero quizás es un mero mecanismo de defensa para evitar recordar el lugar violento en el que me tocó nacer. Esa imagen gaseosa ha tomado la forma de un gran monstruo estos últimos días. La forma de 278 víctimas de violencia física, 41 asesinatos presuntamente a manos de la fuerza pública, 963 detenciones arbitrarias, 356 intervenciones violentas a protestas pacíficas, 111 casos de disparos de arma de fuego y 12 víctimas de violencia sexual (temblores.org). Todo esto en 10 días de protestas.
Aquí donde vivo de tanto en tanto me hablan de la belleza del país, del clima, del buen café, la alegría y el baile. Todos ellos ciertos, pero opacados por la segunda realidad por la que tanto me preguntan: Pablo Escobar y la cocaína. Hace tiempo dejé de ofenderme y entendí que efectivamente sí, tienen razón, eso es Colombia. Un país permeado por el narcotráfico y la violencia, tan permeado que hasta las élites políticas y económicas durante años han tenido una alianza estrecha con estas actividades criminales. Tan estrecha que hoy en día resulta difícil trazar los límites entre la legalidad y la ilegalidad.
Esas élites que apropiaron las mañas de una cultura traqueta y que hoy por orden u omisión masacran a su gente en las calles. Esas élites que se sienten en la libertad de llamar abiertamente a los civiles a armarse en contra de sus propios compatriotas, sin ninguna responsabilidad social y penal. Esas mismas responsables de crear grupos paramilitares a lo largo y ancho del país que desde lo años ochenta no les dan tregua a las comunidades rurales. Esas élites que creen que pueden llamar terrorista a cualquiera y convertirlo en objetivo militar.
Las manifestaciones de las y los colombianos expatriados han sido multitudinarias, como nunca en la historia reciente. Las grandes ciudades del mundo Londres, París, Ginebra, Nueva York han sido protagonistas del grito desesperado de quienes no aguantamos un muerto más. Los ojos del mundo y de la comunidad internacional están sobre Colombia. Y aun así tampoco los colombianos en el exterior nos salvamos de la etiqueta de terroristas.
La gente en las calles del país reclama lo legitimo y lo que por años han callado por miedo. Colombia es el primer o segundo país más desigual de América Latina (depende de la medición) y el séptimo en el mundo. En las bibliotecas de ciencia política y administración pública no cabe una evidencia más sobre lo directamente relacionadas que están la desigualdad con la violencia y la criminalidad. Los colombianos y colombianas se hartaron de ver morir a sus líderes campesinos, de vivir del rebusque —más del 60% del empleo en el país es informal y 60% de los colombianos son pobres- y de ver a un líder de Estado inexperto y desconectado—. Por menos, se han desatado estallidos sociales en otros lugares del mundo, no obstante, preocupa en Colombia la respuesta violenta, de censura y represión ejercida por aquellos que tienen el monopolio del poder y de las armas.
Urge que las protestas resulten en una reforma policial, en una política fiscal y de salud equitativas, pero urge también empezar seriamente a plantearse la legalización de las drogas. Ojalá sea este el momento para que la comunidad internacional tenga la valentía y la voluntad de dar el debate públicamente.
¡Qué daño más grande que le ha hecho el negocio del narcotráfico a este paraíso que cada día tiene más cara de infierno!
Colombia la mayoría de las veces es una imagen abstracta y difusa en mi mente. No porque me haya ido hace muchos años – han sido más bien pocos – pero quizás es un mero mecanismo de defensa para evitar recordar el lugar violento en el que me tocó nacer. Esa imagen gaseosa ha tomado la forma de un gran monstruo estos últimos días. La forma de 278 víctimas de violencia física, 41 asesinatos presuntamente a manos de la fuerza pública, 963 detenciones arbitrarias, 356 intervenciones violentas a protestas pacíficas, 111 casos de disparos de arma de fuego y 12 víctimas de violencia sexual (temblores.org). Todo esto en 10 días de protestas.
Aquí donde vivo de tanto en tanto me hablan de la belleza del país, del clima, del buen café, la alegría y el baile. Todos ellos ciertos, pero opacados por la segunda realidad por la que tanto me preguntan: Pablo Escobar y la cocaína. Hace tiempo dejé de ofenderme y entendí que efectivamente sí, tienen razón, eso es Colombia. Un país permeado por el narcotráfico y la violencia, tan permeado que hasta las élites políticas y económicas durante años han tenido una alianza estrecha con estas actividades criminales. Tan estrecha que hoy en día resulta difícil trazar los límites entre la legalidad y la ilegalidad.
Esas élites que apropiaron las mañas de una cultura traqueta y que hoy por orden u omisión masacran a su gente en las calles. Esas élites que se sienten en la libertad de llamar abiertamente a los civiles a armarse en contra de sus propios compatriotas, sin ninguna responsabilidad social y penal. Esas mismas responsables de crear grupos paramilitares a lo largo y ancho del país que desde lo años ochenta no les dan tregua a las comunidades rurales. Esas élites que creen que pueden llamar terrorista a cualquiera y convertirlo en objetivo militar.
Las manifestaciones de las y los colombianos expatriados han sido multitudinarias, como nunca en la historia reciente. Las grandes ciudades del mundo Londres, París, Ginebra, Nueva York han sido protagonistas del grito desesperado de quienes no aguantamos un muerto más. Los ojos del mundo y de la comunidad internacional están sobre Colombia. Y aun así tampoco los colombianos en el exterior nos salvamos de la etiqueta de terroristas.
La gente en las calles del país reclama lo legitimo y lo que por años han callado por miedo. Colombia es el primer o segundo país más desigual de América Latina (depende de la medición) y el séptimo en el mundo. En las bibliotecas de ciencia política y administración pública no cabe una evidencia más sobre lo directamente relacionadas que están la desigualdad con la violencia y la criminalidad. Los colombianos y colombianas se hartaron de ver morir a sus líderes campesinos, de vivir del rebusque —más del 60% del empleo en el país es informal y 60% de los colombianos son pobres- y de ver a un líder de Estado inexperto y desconectado—. Por menos, se han desatado estallidos sociales en otros lugares del mundo, no obstante, preocupa en Colombia la respuesta violenta, de censura y represión ejercida por aquellos que tienen el monopolio del poder y de las armas.
Urge que las protestas resulten en una reforma policial, en una política fiscal y de salud equitativas, pero urge también empezar seriamente a plantearse la legalización de las drogas. Ojalá sea este el momento para que la comunidad internacional tenga la valentía y la voluntad de dar el debate públicamente.
¡Qué daño más grande que le ha hecho el negocio del narcotráfico a este paraíso que cada día tiene más cara de infierno!