Estas son las reformas inaplazables que necesita el país

Columnista invitado
11 de abril de 2018 - 12:08 a. m.
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La Paz Querida, una iniciativa ciudadana que busca incidir en el fortalecimiento de la democracia y la consolidacicón de la paz, convoca a los congresistas elegidos y a los candidatos presidenciales a que se comprometan con adelantar reformas estructurales inaplazables en los siguientes ámbitos fundamentales:

La tierra y el desarrollo rural. Debe asegurarse la presencia del Estado en los territorios, no sólo para combatir la delincuencia organizada que  intenta llenar los vacíos dejados por los desmovilizados de las FARC, sino con la restitución de tierras, el catastro multipropósito, la formalización de la propiedad, los apoyos tecnológicos a los campesinos, crédito, vías terciarias, facilidades para comercializar los productos, además de inversiones en educación, salud y agua potable, que garanticen el mejoramiento de la situación económica y la calidad de vida en el campo.

El desarrollo sostenible exige que a un mismo tiempo se alcance  la inclusión y la  justicia social, y se garantice vivir dentro de los límites ecológicos del planeta. Es imperativo que el desarrollo de la agricultura ofrezca una mayor equidad en el campo y asegure la construcción de unos nuevos sistemas agrícolas de más alta productividad, más resilientes al cambio climático, con menores emisiones de gases de efecto invernadero y más eficaces y amigables ambientalmente en el uso del agua y del suelo. En particular, es necesaria una transformación ganadera que contribuya a evitar la deforestación y a liberar suelos para su restauración ecológica, o el establecimiento de plantaciones forestales o cultivos agrícolas. Urge detener y reversar la degradación y destrucción de la gran riqueza en agua y biodiversidad que aún existe en Colombia y potenciar su utilización  como base fundamental  para su desarrollo y el bienestar de la población. Al reconocer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un gran logro global, el país debe perseguir metas más ambiciosas a las que voluntariamente se fijó y poner en marcha todas las medidas  conducentes para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre cambio climático.  

El modelo económico. En este período de lento crecimiento el país tiene que lograr un mayor desarrollo productivo que incluya la recuperación de sectores que han estado rezagados durante las últimas décadas. Es fundamental que el Estado se comprometa a convertir esa dinámica económica en ‘crecimiento compartido’, para resolver de manera acelerada las profundas desigualdades de nuestra sociedad. Hemos aprendido la lección de depender exclusivamente de productos sujetos a la alta volatilidad de los precios internacionales, lo cual no significa olvidar que, aunque no somos una potencia petrolera ni minera, con excepción del carbón, tenemos petróleo y minerales que contribuyen al crecimiento de la economía. Para el proceso de diversificación productiva es fundamental reconocer que Colombia forma parte de las 7 economías del mundo que, según la FAO, serán las grandes proveedoras de alimentos para una población mundial que se estima llegará a 9 mil millones de habitantes. Esto convierte al sector agropecuario y a la agroindustria, generadores de empleo, en fuentes prioritarias para la recuperación de la ruta del crecimiento que hemos perdido. Un elemento fundamental para alcanzar la meta de niveles de crecimiento altos y sostenibles, es que el Estado cuente con recursos suficientes; por ello, cuando se propone reducir la carga impositiva de ciertos sectores debe establecerse, de manera responsable y con criterios de equidad, quiénes van a asumir mayores niveles de tributación. 

El ejercicio de la política y el sistema electoral. Se imponen el cambio en el origen del Consejo Nacional Electoral hoy en manos de los partidos políticos, cuando debería ser un cuerpo técnico y totalmente imparcial y provisto de los recursos humanos, financieros y tecnológicos para que pueda ejercer eficaz y eficientemente sus funciones; y el recorte y efectivo control al alto costo de las campañas electorales al igual que el bloqueo a su financiación por los carteles de contratistas, el narcotráfico, el paramilitarismo y todo tipo de intereses privados que condicionan las decisiones legislativas y gubernamentales, en todos los niveles y constituyen la mayor fuente de corrupción. Asimismo, debe modificarse el sistema de los cupos indicativos en el presupuesto hoy fuente de corrupción y manejo clientelar y garantizarse total transparencia. Para superar el rezago de Colombia en la participación política de la mujer y ser coherentes con la igualdad constitucional, debe establecerse la paridad en los ámbitos de elección popular, al interior de los partidos y movimientos políticos, y en todos los espacios públicos de toma de decisiones.

La excelencia en la administración de justicia. Deben establecerse requisitos más exigentes para los magistrados de las altas cortes, entre ellos una trayectoria profesional intachable, evitar cualquier consideración política en el origen de sus nombramientos, asegurar la investigación y juzgamiento de los aforados, suprimir las facultades nominadoras de las altas Cortes y revisar la administración de la rama judicial, dentro de criterios de garantía a su autonomía, así como de eficacia en la prestación del servicio a la ciudadanía. Sería inadmisible un retroceso como la supresión de la Corte Constitucional, el debilitamiento de la acción de tutela o de los derechos consagrados en la Constitución de 1991.

La seguridad. Proponemos hacer tránsito del enfoque de la seguridad tradicional a la búsqueda de la seguridad humana. El fortalecimiento y la coordinación entre las instituciones estatales es esencial para superar no solo la violencia común, sino también la estructural y la cultural, para gestionar nuestros conflictos en forma pacífica y justa. En ese contexto, las instituciones responsables de propiciar el ambiente de defensa efectiva, seguridad y convivencia, deben revisar su doctrina y diseñar políticas para adecuarlas al nuevo escenario de posconflicto y reconciliación. La seguridad futura de la sociedad colombiana depende de un comportamiento ético de la dirigencia nacional, comprometido con el interés general.

Convocamos a un pacto contra la corrupción, pues las solas reformas jurídicas no son suficientes para asegurar la transparencia en el sector público; es necesaria una voluntad política que asegure el cambio de las prácticas que han llevado a la escasa credibilidad de los colombianos en la forma como se ejerce el poder. Es tarea del próximo Gobierno dar cumplimiento al mandato constitucional sobre pedagogía en los establecimientos educativos acerca de los valores y principios de nuestro estatuto fundamental para que guíen el comportamiento de la ciudadanía y de los servidores públicos, y entre todos construyamos una ética social fundada en la dignidad humana. Resulta también necesario visibilizar y potenciar los espacios de participación ciudadana para la vigilancia y el control social de la gestión pública.

Esperamos que quienes aspiran a presidir el nuevo gobierno asuman el liderazgo transformador y que los congresistas elegidos no sean inferiores al mandato popular de realizar las reformas estructurales que aseguren una mayor confianza de los colombianos en sus instituciones. La Paz Querida invita a la sociedad civil a estar vigilante para que el próximo Gobierno, así como el Congreso, cumplan con esta agenda mínima que hoy se les propone como punto de partida para un país más incluyente y comprometido con la construcción de una paz basada en la igualdad y la no discriminación. Invitamos a hombres y mujeres a votar, en particular a las y los jóvenes, para que entre todos definamos nuestro destino común.

 

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