Habían transcurrido apenas cinco días desde la última audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del trámite de medidas cautelares en favor de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de firmantes del Acuerdo, cuando la comunidad de San Vicente del Caguán (Caquetá) se enlutaba ante un nuevo homicidio de un excombatiente. Para muchas personas el nombre de Evangelista Monroy puede pasar desapercibido o ser un número más en los 330 firmantes asesinados, sin embargo, al igual que Rodolfo, Albeiro, Mario, Wilson, Astrid, Dimar o Jorgillo, hacen parte de los cientos de constructores de paz y reincorporación a quienes el Estado Colombiano fue incapaz de proteger su vida e impidió que pudieran aportar en la transformación y la reconciliación de sus territorios.
El pasado cinco de mayo fue citado por la JEP el director de la Unidad de Fiscalía creada por el Acuerdo de Paz para el desmantelamiento de las estructuras criminales. Allí, en dicha diligencia volvió a salir a flote un viejo debate sobre la intromisión del ex Fiscal Néstor Humberto Martínez en la implementación del Acuerdo, pues tal como quedó reflejado en las intervenciones del director de la Unidad, fue el ex Fiscal quien se entrometió y desnaturalizó el alcance constitucional de una Unidad creada para hacer frente real y efectivo a las estructuras criminales herederas del paramilitarismo, el impulso a las miles de investigaciones contra agentes estatales surgidas de Justicia y Paz y llevar a cabo las investigaciones de los crímenes contra la paz.
Pero el problema resulta ser estructural, no solo porque los homicidios van in crescendo, sino porque a su vez el índice de amenazas, los desplazamientos forzados y los actos de estigmatización han aumentado. Las cifras son mucho más contundentes: de los más de 430 crímenes cometidos contra los firmantes del Acuerdo (Con un gran subregistro en materia de amenazas) solo el 18% tienen algún nivel de esclarecimiento y un 58% presenta avance investigativo, de acuerdo con cifras presentadas en audiencias por Hernando Toro, director de la Unidad Especial de la Fiscalía. Es decir, todavía existe un 72 % de afectaciones en la impunidad; un total absurdo para la administración de justicia de un Estado que lleva cinco años de la firma de un Acuerdo de Paz.
Eso sin contar con el aumento de la presencia de estructuras criminales en al menos 26 de los 32 departamentos de Colombia. Estos grupos siguen haciendo de las suyas en 109 municipios del país, principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Meta, Chocó, Arauca y Guaviare. Si se pudieran sobreponer los mapas de crímenes contra los firmantes del Acuerdo de Paz, coincide exactamente con los lugares donde han sido asesinados más de mil liderazgos sociales y donde se han efectuado las 38 masacres en lo que va corrido de este Gobierno.
Hace poco menos de cuatro meses la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la violencia contra firmantes de la paz y le ordenó al Gobierno Nacional adoptar medidas para cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo Final de Paz. Como ha sido constante en los 4 años del Gobierno de Duque no le importa la implementación integral del Acuerdo, por eso la responsabilidad no es de la Fiscalía, sino de toda la estructura del Estado y de un Gobierno que se negó a poner en marcha los instrumentos diseñados en el Acuerdo para garantizar la paz en los territorios. Los grupos armados al margen de la ley siguen fortaleciéndose en los territorios, hace pocos días los paramilitares declararon un paro armado que viene paralizando 5 departamentos y ya no se habla del tema. Todo ello ante la mirada cómplice del presidente, de la Fuerza Pública y toda la institucionalidad que se niega a enfrentar decididamente a las estructuras criminales.
Algo tiene que cambiar en este país.
*Abogado defensor de los firmantes del Acuerdo de Paz.