La extorsión, “el impuesto” que puede estar redefiniendo la vida en Barranquilla

De acuerdo con los reportes más recientes a corte del primer trimestre de 2026 del Ministerio de Defensa y el Gaula Militar, Barranquilla es el epicentro de la extorsión de todo el Caribe colombiano. A nivel nacional, la capital del Atlántico ocupa un alarmante segundo lugar, situada únicamente por debajo de Bogotá. Esta estadística pone sobre la mesa, la tesis de que la extorsión en la ciudad no es un delito aislado, sino el combustible financiero que sostiene a gran parte de las estructuras criminales; aquí, la “vacuna” no solo acompaña a la violencia, sino que actúa como un potente acelerador que dinamiza el sicariato como expresión del control territorial, convirtiendo entonces a esta renta ilegal como parte del engranaje que explica las altas tasas de homicidios en Barranquilla y el AM.

Es clave mencionar que, aunque que se materializaron más de 70 capturas por extorsión en lo que va del año, persiste la preocupación por una especie de “puerta giratoria” jurídica, ya que el MinDefensa reportó que cerca del 90% de los capturados en flagrancia terminan recuperando la libertad.

En Barranquilla, el termómetro más preciso de la inseguridad ya no está solo en los boletines judiciales ni mucho menos está en las cifras de homicidio. Está en la vida cotidiana. Está en la terraza vacía, en el negocio que baja las esteras más temprano, en el tendero que mira dos veces antes de contestar el celular, en la familia que aprende a no preguntar demasiado. La extorsión dejó de ser un delito periférico para convertirse en una forma de gobierno criminal. No solo saca dinero, este tipo de renta, impone obediencias, regula rutinas y reordena el uso del espacio urbano. Cuando una ciudad empieza a vivir así, el problema ya no es únicamente policial; es político, social y moral.

La Encuesta de Percepción Ciudadana (Barranquilla como Vamos, 2024) mostró que solo 4 de cada 10 barranquilleros se sentían seguros en la ciudad, un dato que ayuda a entender por qué el miedo dejó de ser una percepción aislada y se volvió parte de la atmósfera social. Durante las últimas elecciones Hubo barrios donde la propaganda política dejó de depender de partidos o convicciones y pasó a depender del permiso criminal. No importaba quién hablara ni qué defendiera, sino quién pagaba para entrar.

Desde octubre de 2025, el Gobierno abrió reuniones exploratorias con autoridades locales para evaluar diálogos con Los Costeños y Los Pepes, y en diciembre de 2025 formalizó esos acercamientos exploratorios mediante la Resolución Ejecutiva 442. Ahora bien , Mientras no se toque de manera estructural la economía extorsiva que financia y organiza el control territorial, no habrá paz urbana sostenible sino apenas pactos llenos de fragilidades dentro de una misma gobernanza criminal.

¿Quiénes extorsionan? No una abstracción llamada “delincuencia”, sino toda una arquitectura criminal muy concreta. La Defensoría del Pueblo identificó en el área metropolitana la presencia de estructuras como Los Costeños y Los Pepes, esta última surgida de disputas internas por el mando dentro del universo de Los Costeños. A esas organizaciones se les atribuyen homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones, microtráfico y narcomenudeo.

Tampoco es cierto que este fenómeno golpee de manera uniforme. Sobre este delito subyace una compleja geografía del crimen bastante clara, aunque cada vez más expandida. La Defensoría ha advertido patrones persistentes en el suroriente, el suroccidente, la localidad Metropolitana y el Norte-Centro Histórico. En 2020 señaló barrios como La Chinita, La Luz, Rebolo, Simón Bolívar, Las Nieves y El Ferry en el suroriente; Las Malvinas, Los Olivos, La Pradera, Las Gardenias, La Paz y Villas de San Pablo en el suroccidente; y Barranquillita, San Roque, Montecristo, El Rosario, Centro y La Loma en el Norte-Centro Histórico. En 2023 agregó sectores de la localidad Metropolitana como Siete de Abril, Santo Domingo, Carrizal, La Sierrita, Santa María, Ciudadela 20 de Julio y el corredor de la carrera 8.

Y ahí aparece la consecuencia más grave de todas: el deterioro de la ciudadanía. La familia que deja de sentarse en la terraza, el comerciante que prefiere negociar antes que denunciar, el conductor que aprende qué ruta no recorrer, el vecino que calla para seguir vivo: todos están adaptándose a una autoridad de facto.

La extorsión destruye negocios, encarece la operación comercial, desplaza economías legales, profundiza el miedo y fortalece el dominio territorial de quienes cobran. Pero además produce algo más profundo: normaliza que en ciertos sectores la regla no la pone el Estado, sino quien tiene la capacidad de amenazar, castigar y matar.

*Alejandro Blanco Zuñiga es Dr. en Ciencia Política