Volver a la verdad: Honduras a la luz de Colombia

La extradición no ha alcanzado los resultados esperados en términos de detener el narcotráfico. Líderes de organizaciones criminales aprovechan las oportunidades del sistema de justicia de Estados Unidos para retirarse sin rendir cuentas por sus crímenes en sus países de origen, como la responsabilidad con las víctimas y la verdad.

La extradición de individuos vinculados al tráfico de drogas ilegales ha sido un tema altamente controvertido en lo que respecta a la desarticulación de estructuras criminales. En Colombia, este debate ha sido el catalizador de acciones asociadas al “narcoterrorismo”, exacerbando las condiciones de seguridad y comprometiendo los derechos de millones de personas. En Honduras, la extradición no ha dado lugar a consecuencias radicalmente diferentes, y en general, en todos los países de América Latina que desempeñan algún papel en la cadena de suministro de drogas, las cárceles estadounidenses se han convertido en el destino predominante para aplicar cierto nivel de “justicia”.

Lea también: ¿Qué se puede esperar de Colombia en la Comisión de Estupefacientes en Viena?

Sin embargo, el procedimiento de la extradición, aunque ampliamente utilizado en la mayoría de los países, no ha alcanzado los resultados esperados en términos de reducir la violencia y detener el narcotráfico. Por el contrario, en la mayoría de los casos, ha permitido que los líderes de las organizaciones criminales aprovechen las oportunidades y beneficios que les brinda el sistema de justicia de Estados Unidos para retirarse sin rendir cuentas por sus crímenes en sus países de origen. Esto incluye la responsabilidad de responder a las víctimas y a sus países sobre la verdad de los hechos, así como sobre sus vínculos con financiadores y élites.

En las últimas semanas, dos eventos relacionados con la extradición han captado la atención pública en ambos países: el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), y el retorno del excomandante paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso (SM). Ambos acontecimientos arrojan importantes lecciones sobre lo cuestionable de la extradición y los retos que presenta para la satisfacción de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Le puede interesar: Las palabras tienen poder: mujeres y política de drogas

Por un lado, JOH, quien gobernó desde 2014 hasta 2022, fue hallado culpable de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Lo trascendental del juicio radica en que permitió poner de manifiesto, en primer lugar, la estrecha e inherente relación entre las élites y la clase política con el narcotráfico; en segundo lugar, la infiltración de organizaciones criminales en las estructuras estatales; y, finalmente, el aumento de la violencia, auspiciado por la orientación del Estado hacia el negocio ilegal en detrimento de los derechos y seguridad de los ciudadanos. Hechos que han llevado a Honduras a convertirse en uno de los países con mayor índice de homicidios por cada cien mil habitantes en el mundo.

Y aunque toda esta información salió a la luz, en su país de origen no hubo espacio para escucharla, ni para considerar a las víctimas. Finalmente, su condena, que seguramente será a cadena perpetua, se limitará únicamente a delitos relacionados con el tráfico de drogas, y todos los posibles aportes de JOH para la satisfacción de los derechos a la reparación y la memoria quedarán encerrados con él en una cárcel estadounidense.

Por otro lado, en Colombia, SM retornó al país después de ser extraditado para cumplir su condena por tráfico de drogas en Estados Unidos. A diferencia de otros ex comandantes paramilitares extraditados, Mancuso se ha presentado como un promotor de la paz y ha expresado recientemente su compromiso con la reconciliación nacional y con priorizar la justicia y verdad para las víctimas.

Sin embargo, aunque estas declaraciones puedan ser consideradas positivas, más de 14 años han pasado sin que se produzcan aportes significativos. Esto deja un sentimiento de insatisfacción en dos vías: primero, porque después de tanto tiempo y dos procesos de justicia transicional, aún no se han esclarecido los hechos y una parte de las víctimas no han recibido una reparación adecuada; segundo a pesar de los señalamientos de la Comisión de la Verdad y los llamados para cuestionar la práctica actual de la extradición, aún continúan siendo extraditadas personas que, si bien enfrentan cargos en la justicia estadounidense, también tienen una responsabilidad fundamental de rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos que cometieron.

Con el regreso de SM se abre la posibilidad de replicar los resultados del juicio de JOH y destapar el iceberg, es decir, que se revelen quiénes fueron los altos mandos del Estado que fueron partícipes y beneficiarios del tráfico de drogas, y sobre todo, que se aprovecharon de la violencia generada por los paramilitares para acumular poder político y económico. Pues, en Colombia al igual que en Honduras, y cualquier otro país que tenga el paso del narcotráfico, el éxito del negocio depende de las alianzas con las élites y la clase política, de la infiltración de las organizaciones criminales en las estructuras estatales y de la orientación del Estado de espaldas a las personas.

La extradición no ha alcanzado los resultados esperados en términos de detener el narcotráfico. Líderes de organizaciones criminales aprovechan las oportunidades del sistema de justicia de Estados Unidos para retirarse sin rendir cuentas por sus crímenes en sus países de origen, como la responsabilidad con las víctimas y la verdad.

La extradición de individuos vinculados al tráfico de drogas ilegales ha sido un tema altamente controvertido en lo que respecta a la desarticulación de estructuras criminales. En Colombia, este debate ha sido el catalizador de acciones asociadas al “narcoterrorismo”, exacerbando las condiciones de seguridad y comprometiendo los derechos de millones de personas. En Honduras, la extradición no ha dado lugar a consecuencias radicalmente diferentes, y en general, en todos los países de América Latina que desempeñan algún papel en la cadena de suministro de drogas, las cárceles estadounidenses se han convertido en el destino predominante para aplicar cierto nivel de “justicia”.

Lea también: ¿Qué se puede esperar de Colombia en la Comisión de Estupefacientes en Viena?

Sin embargo, el procedimiento de la extradición, aunque ampliamente utilizado en la mayoría de los países, no ha alcanzado los resultados esperados en términos de reducir la violencia y detener el narcotráfico. Por el contrario, en la mayoría de los casos, ha permitido que los líderes de las organizaciones criminales aprovechen las oportunidades y beneficios que les brinda el sistema de justicia de Estados Unidos para retirarse sin rendir cuentas por sus crímenes en sus países de origen. Esto incluye la responsabilidad de responder a las víctimas y a sus países sobre la verdad de los hechos, así como sobre sus vínculos con financiadores y élites.

En las últimas semanas, dos eventos relacionados con la extradición han captado la atención pública en ambos países: el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), y el retorno del excomandante paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso (SM). Ambos acontecimientos arrojan importantes lecciones sobre lo cuestionable de la extradición y los retos que presenta para la satisfacción de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Le puede interesar: Las palabras tienen poder: mujeres y política de drogas

Por un lado, JOH, quien gobernó desde 2014 hasta 2022, fue hallado culpable de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Lo trascendental del juicio radica en que permitió poner de manifiesto, en primer lugar, la estrecha e inherente relación entre las élites y la clase política con el narcotráfico; en segundo lugar, la infiltración de organizaciones criminales en las estructuras estatales; y, finalmente, el aumento de la violencia, auspiciado por la orientación del Estado hacia el negocio ilegal en detrimento de los derechos y seguridad de los ciudadanos. Hechos que han llevado a Honduras a convertirse en uno de los países con mayor índice de homicidios por cada cien mil habitantes en el mundo.

Y aunque toda esta información salió a la luz, en su país de origen no hubo espacio para escucharla, ni para considerar a las víctimas. Finalmente, su condena, que seguramente será a cadena perpetua, se limitará únicamente a delitos relacionados con el tráfico de drogas, y todos los posibles aportes de JOH para la satisfacción de los derechos a la reparación y la memoria quedarán encerrados con él en una cárcel estadounidense.

Por otro lado, en Colombia, SM retornó al país después de ser extraditado para cumplir su condena por tráfico de drogas en Estados Unidos. A diferencia de otros ex comandantes paramilitares extraditados, Mancuso se ha presentado como un promotor de la paz y ha expresado recientemente su compromiso con la reconciliación nacional y con priorizar la justicia y verdad para las víctimas.

Sin embargo, aunque estas declaraciones puedan ser consideradas positivas, más de 14 años han pasado sin que se produzcan aportes significativos. Esto deja un sentimiento de insatisfacción en dos vías: primero, porque después de tanto tiempo y dos procesos de justicia transicional, aún no se han esclarecido los hechos y una parte de las víctimas no han recibido una reparación adecuada; segundo a pesar de los señalamientos de la Comisión de la Verdad y los llamados para cuestionar la práctica actual de la extradición, aún continúan siendo extraditadas personas que, si bien enfrentan cargos en la justicia estadounidense, también tienen una responsabilidad fundamental de rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos que cometieron.

Con el regreso de SM se abre la posibilidad de replicar los resultados del juicio de JOH y destapar el iceberg, es decir, que se revelen quiénes fueron los altos mandos del Estado que fueron partícipes y beneficiarios del tráfico de drogas, y sobre todo, que se aprovecharon de la violencia generada por los paramilitares para acumular poder político y económico. Pues, en Colombia al igual que en Honduras, y cualquier otro país que tenga el paso del narcotráfico, el éxito del negocio depende de las alianzas con las élites y la clase política, de la infiltración de las organizaciones criminales en las estructuras estatales y de la orientación del Estado de espaldas a las personas.