Fraude electoral, conflicto armado y corrupción: cuando votar no es libre

Las elecciones populares caracterizan al Estado de derecho y a las sociedades democráticas. El voto libre y universal permite a los ciudadanos conformar el poder político, elegir a sus representantes a los cargos públicos, ser elegidos y tomar decisiones trascendentales para la nación. En Colombia, por mandato constitucional, el voto es un derecho y un deber; a su vez, es un mecanismo de participación ciudadana. Las autoridades tienen la obligación de garantizar que las elecciones se desarrollen de forma periódica y auténtica, con apego a la ley y en condiciones de paz y seguridad.

En nuestro país se realizaron las elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas para escoger candidatos a la Presidencia de la República en 2026. Antes y después de estos comicios, el presidente Gustavo Petro ha señalado públicamente la posibilidad de un fraude, dada la vulnerabilidad del software que se utiliza para escrutar los votos. A su vez, ha exaltado la libertad del voto de la ciudadanía como un objetivo fundamental y ha censurado la compra de votos como una de las prácticas más graves contra la democracia.

Además de las preocupaciones del jefe de Estado, hay otra realidad inocultable: la alteración del orden público, las matanzas, la permanente amenaza de los violentos contra los pobladores de diferentes municipios del país, así como la actuación criminal de clanes políticos. Esto no es una sospecha ni verdades a medias sobre un fraude electoral; son hechos y situaciones ciertas, graves, notorias y diarias que, sin embargo, desde el Gobierno, la Fiscalía y la Fuerza Pública no se contrarrestan de forma contundente y efectiva.

La Defensoría del Pueblo advierte sobre la persistencia de riesgos electorales en el territorio nacional y señala que la respuesta del Estado para mitigarlos alcanza solo un cumplimiento parcial. La entidad “registra 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos (mujeres y hombres) en el contexto preelectoral”. El veto, la estigmatización y la imposición de reglas de conducta se imponen a la población civil y se extienden a los candidatos.

La coacción también se ejerce contra servidores públicos; se hostiga y se asesina a miembros de la Fuerza Pública a lo largo del territorio nacional. La suspensión de elecciones en algunos municipios o el traslado de los puestos de votación son medidas transitorias y de escasa trascendencia. El mayor riesgo para la democracia consiste en que se realizan elecciones en algunas zonas del país donde el reporte de las autoridades es de normalidad, pero en realidad son lugares donde no hay libertad para votar y obedecer a quienes están al margen de la ley se convierte en la única alternativa.

Una rápida mirada a las recientes elecciones del 8 de marzo permite concluir que en algunas mesas de votación hay inconsistencias, ello no significa que se esté ante unas elecciones fraudulentas. El sistema electoral cuenta con etapas y controles en los procedimientos; aun así, si los procedimientos administrativos no son suficientes, existe la vía judicial. El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo que “el fraude no está en el procesamiento de los votos, está en la coacción a las personas y la compra de votos”.

La mecánica de conteo de votos y sus resultados ciertamente prevé controles conforme a la ley; en cambio, con los permanentes enfrentamientos armados en los territorios, los fusiles apuntando y los millones de pesos circulando públicamente, no hay voto libre, se destruye la titularidad y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Si a lo anterior se suman los pactos, acuerdos o coaliciones políticas con condenados, protagonistas de escándalos o personas inescrupulosas, se genera fraude electoral. Sin embargo, estos asuntos se han normalizado y el tratamiento de las autoridades es marginal y secundario, una especie de complicidad arropada con un discurso moralista.

Los instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, coinciden en que todos los ciudadanos deben gozar de la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos políticos de su país, sin discriminación y sin restricciones indebidas. Por ello, la vulneración de los derechos humanos de los electores —en especial de la libertad de expresión y circulación— contraviene la soberanía popular y la legitimidad del poder político.

Lo que esperamos los ciudadanos es que exista un máximo esfuerzo por parte de las autoridades para garantizar que las próximas elecciones presidenciales sean libres. No más comunicados tibios de la Procuraduría ni procesos judiciales o disciplinarios que no avanzan. Tampoco basta con propaganda gubernamental pidiéndoles a los ciudadanos amenazados que voten o denuncien, cuando lo que cunde son las alianzas políticas con los corruptos y la utilización de dineros públicos para favorecer intereses particulares.

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