Fuerza Pública III: La policía en el apocalipsis

Los recientes eventos de violencia relacionados con el caso de Javier Ordoñez, además de generar perplejidad, indignación y sorpresa entre la población y los sectores políticos, han sido argumento para discutir sobre una eventual reforma a la Policía Nacional de Colombia.

Sobre esto, es importante indicar que la Policía colombiana no es un cuerpo armado convencional, por lo tanto, su transformación se debe construir desde parámetros técnicos que permitan abordar la esencia de sus problemáticas y no desviarse en discusiones cosméticas e intrascendentes sobre si ubicarla en el Ministerio de Defensa o del Interior. Este elemento de cambio no debe interpretarse como una deshonra o humillación, sino como una acción necesaria, de cara a las problemáticas y amenazas del siglo XXI; no en vano la Policía Nacional se ha transformado innumerables veces a lo largo de los últimos 100 años, y es claro que el cambio no es concepto ajeno a su naturaleza.

Quizás uno de los puntos que más complejidades plantea frente a los uniformados, es el hecho de tener que atender un sinfín de complejidades y contextos, por demás disimiles, que llevan a que las múltiples realidades que conviven en Colombia puedan rayar entre lo dramático lo y trágico, ya que un policía en Colombia, según las circunstancias, puede estar combatiendo el narcotráfico en el sur oriente del país y a la siguiente semana estar patrullando en las inmediaciones del Centro Andino en Bogotá, que además de singular, genera un difícil desequilibrio profesional.

Entre otras, porque hasta hace unos cuantos años, el conflicto armado obligaba a que un policía debía ser entrenado en un Escuadrón Móvil de Carabineros para repeler a grupos armados irregulares que usaban medios y métodos prohibidos por el DIH o de soportar tomas y ataques a poblaciones por cientos de combatientes, y en algunos casos, en cuestión de pocos días ser trasladado a una urbe y terminar solucionando problemas de mascotas o bicicletas, esta asimetría y de alguna manera disonancia del servicio, ha sido el resultado de una institución que ha tenido que evolucionar no por un principio de planeación natural sino bajo un criterio de necesidad y asimilación de un contexto extremadamente complejo y con las más disimiles amenazas.

En ello, es evidente que la variable de la militarización policial se ha dado en Colombia, como una necesidad fáctica que se ha venido consolidando desde mediados del siglo XX, mediante el decreto 1814 de 1953 y su incorporación en el Ministerio de Guerra. Sin embargo y pese a que muchos sectores reclaman un cuerpo más civilista, lo cierto es que a la vuelta de la esquina amenaza la sombra del poderoso y omnipresente narcotráfico que no ha desaparecido y su estela e impacto, están lejos de ser un asunto del pasado.

Aunado a lo anterior, una variable que complejiza el debate, es la excesiva y nociva asignación de roles a la que ha sido sometida, con un sinnúmero de especialidades que entorpecen la atención de la esencia de la seguridad ciudadana, conllevando a la destinación de personal a los asuntos aduaneros, antinarcóticos, protección (escoltas), carreteras y demás especialidades que si bien son sentidas y necesarias, en casos específicos como el transito son conato de corrupción y variables que coadyuvan en la desfiguración de la relación policía- ciudadano.

Como problema auxiliar está el hecho que, de los 155.110 policías que hoy tiene el país, hay un número considerables que se dedica a actividades administrativas y hace que el índice real de policías por cada 100.000 habitantes se siga estrechando, ya que en lugares como Bogotá la tasa de pie de fuerza, 240 policías, ésta muy por debajo del estándar internacional (300 uniformados).

Ni que decir de las tensiones acumuladas por causa de los concursos para ascenso en el nivel ejecutivo (suboficialidad), la baja remuneración, la atención psicológica, la apatía en el servicio, y los problemas ocultos en la formación tradicional en las escuelas de policía y las desviaciones que se derivan de la praxis en la prestación del servicio. Esto sin mencionar los problemas de control interno y los excesos ocultos tras el uniforme.

Sin embargo, el tema central hoy por hoy se ubica en la protesta social y la mal denominada “brutalidad policial”. En este problema, más allá de las peroratas políticas, electorales o ideológicas; la discusión de fondo está en la consolidación de una cultura de violencia que irradia a todos los estamentos de la sociedad, ya que los argumentos para la mediación de las protestas sectoriales se transitan mediante el lenguaje de violencia extrema y su respuesta se da en la misma vía, lo que desfigura toda interacción social y conduce a gordianas discusiones sobre los problemas esenciales.

Quizá la respuesta más evidente a todo este problema está en la idea peregrina de transformar la sociedad desde la base, ningún sentido tiene que se pidan las cabezas de altos mandos, la censura del ministro de defensa o la desaparición del cuerpo policial, ya que el problema reside en un devaneo cultural que está en la base de la sociedad, entre otras, porque los policías no aterrizan de marte o nacen uniformados, sino que se profesionalizan después de que se ha configurado su formación humana básica, a los 20 o más años, por ello, problemas como la corrupción, el lenguaje de violencia, la crisis moral, entre otros, no son endógenos de nuestra Fuerza Pública, sino que son la radiografía de una sociedad que delira enferma y que solo ha encontrado en el caso del señor Ordoñez un nuevo capítulo para hinchar la polarización y acrecentar el caudal electoral de los caudillos.

Nota: un reconocimiento a todos aquellos buenos policías que hacen posible este país. En la próxima entrega un análisis sobre el ESMAD y la protesta social.

jspachecoj@hotmail.com

Los recientes eventos de violencia relacionados con el caso de Javier Ordoñez, además de generar perplejidad, indignación y sorpresa entre la población y los sectores políticos, han sido argumento para discutir sobre una eventual reforma a la Policía Nacional de Colombia.

Sobre esto, es importante indicar que la Policía colombiana no es un cuerpo armado convencional, por lo tanto, su transformación se debe construir desde parámetros técnicos que permitan abordar la esencia de sus problemáticas y no desviarse en discusiones cosméticas e intrascendentes sobre si ubicarla en el Ministerio de Defensa o del Interior. Este elemento de cambio no debe interpretarse como una deshonra o humillación, sino como una acción necesaria, de cara a las problemáticas y amenazas del siglo XXI; no en vano la Policía Nacional se ha transformado innumerables veces a lo largo de los últimos 100 años, y es claro que el cambio no es concepto ajeno a su naturaleza.

Quizás uno de los puntos que más complejidades plantea frente a los uniformados, es el hecho de tener que atender un sinfín de complejidades y contextos, por demás disimiles, que llevan a que las múltiples realidades que conviven en Colombia puedan rayar entre lo dramático lo y trágico, ya que un policía en Colombia, según las circunstancias, puede estar combatiendo el narcotráfico en el sur oriente del país y a la siguiente semana estar patrullando en las inmediaciones del Centro Andino en Bogotá, que además de singular, genera un difícil desequilibrio profesional.

Entre otras, porque hasta hace unos cuantos años, el conflicto armado obligaba a que un policía debía ser entrenado en un Escuadrón Móvil de Carabineros para repeler a grupos armados irregulares que usaban medios y métodos prohibidos por el DIH o de soportar tomas y ataques a poblaciones por cientos de combatientes, y en algunos casos, en cuestión de pocos días ser trasladado a una urbe y terminar solucionando problemas de mascotas o bicicletas, esta asimetría y de alguna manera disonancia del servicio, ha sido el resultado de una institución que ha tenido que evolucionar no por un principio de planeación natural sino bajo un criterio de necesidad y asimilación de un contexto extremadamente complejo y con las más disimiles amenazas.

En ello, es evidente que la variable de la militarización policial se ha dado en Colombia, como una necesidad fáctica que se ha venido consolidando desde mediados del siglo XX, mediante el decreto 1814 de 1953 y su incorporación en el Ministerio de Guerra. Sin embargo y pese a que muchos sectores reclaman un cuerpo más civilista, lo cierto es que a la vuelta de la esquina amenaza la sombra del poderoso y omnipresente narcotráfico que no ha desaparecido y su estela e impacto, están lejos de ser un asunto del pasado.

Aunado a lo anterior, una variable que complejiza el debate, es la excesiva y nociva asignación de roles a la que ha sido sometida, con un sinnúmero de especialidades que entorpecen la atención de la esencia de la seguridad ciudadana, conllevando a la destinación de personal a los asuntos aduaneros, antinarcóticos, protección (escoltas), carreteras y demás especialidades que si bien son sentidas y necesarias, en casos específicos como el transito son conato de corrupción y variables que coadyuvan en la desfiguración de la relación policía- ciudadano.

Como problema auxiliar está el hecho que, de los 155.110 policías que hoy tiene el país, hay un número considerables que se dedica a actividades administrativas y hace que el índice real de policías por cada 100.000 habitantes se siga estrechando, ya que en lugares como Bogotá la tasa de pie de fuerza, 240 policías, ésta muy por debajo del estándar internacional (300 uniformados).

Ni que decir de las tensiones acumuladas por causa de los concursos para ascenso en el nivel ejecutivo (suboficialidad), la baja remuneración, la atención psicológica, la apatía en el servicio, y los problemas ocultos en la formación tradicional en las escuelas de policía y las desviaciones que se derivan de la praxis en la prestación del servicio. Esto sin mencionar los problemas de control interno y los excesos ocultos tras el uniforme.

Sin embargo, el tema central hoy por hoy se ubica en la protesta social y la mal denominada “brutalidad policial”. En este problema, más allá de las peroratas políticas, electorales o ideológicas; la discusión de fondo está en la consolidación de una cultura de violencia que irradia a todos los estamentos de la sociedad, ya que los argumentos para la mediación de las protestas sectoriales se transitan mediante el lenguaje de violencia extrema y su respuesta se da en la misma vía, lo que desfigura toda interacción social y conduce a gordianas discusiones sobre los problemas esenciales.

Quizá la respuesta más evidente a todo este problema está en la idea peregrina de transformar la sociedad desde la base, ningún sentido tiene que se pidan las cabezas de altos mandos, la censura del ministro de defensa o la desaparición del cuerpo policial, ya que el problema reside en un devaneo cultural que está en la base de la sociedad, entre otras, porque los policías no aterrizan de marte o nacen uniformados, sino que se profesionalizan después de que se ha configurado su formación humana básica, a los 20 o más años, por ello, problemas como la corrupción, el lenguaje de violencia, la crisis moral, entre otros, no son endógenos de nuestra Fuerza Pública, sino que son la radiografía de una sociedad que delira enferma y que solo ha encontrado en el caso del señor Ordoñez un nuevo capítulo para hinchar la polarización y acrecentar el caudal electoral de los caudillos.

Nota: un reconocimiento a todos aquellos buenos policías que hacen posible este país. En la próxima entrega un análisis sobre el ESMAD y la protesta social.

jspachecoj@hotmail.com