Saludo a las personas que siguen mis publicaciones y a quienes me han escrito consultando sobre mi ausencia en los últimos meses. Por razones de fuerza mayor tuve que ausentarme, pero espero que con la ayuda divina podamos continuar analizando la realidad nacional. Inicio precisando que, como demócrata, deseo lo mejor al gobierno entrante ya que fue una victoria gestada en las urnas. Solo un insensato desearía el fracaso de sus dirigentes.
Aclarado lo anterior, vale la pena señalar a los críticos del nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa Nacional por inconveniente que, aunque su trayectoria figure la antítesis del tradicional perfil ministerial, su designación tiene completo sentido, ya veremos su pertinencia, pues materializa la línea política de quienes ganaron las votaciones y que promueven la idea que la Fuerza Pública ha caído en un proceso de “degradación”, y que deben ser “purgadas”. No es de mi interés defender o azuzar esa discusión, entre otras, porque hizo parte del debate electoral y al final ganaron los argumentos del petrismo, así que por pragmatismo me concentraré en lo factico.
Descontando que el nuevo Gobierno Nacional está haciendo lo que su electorado le demanda, la pregunta central está en su conveniencia, particularmente desde el plano de lo técnico o por lo menos de lo lógico, ya que las primeras acciones denotan más política que tecnicismo y más improvisación que asertividad.
Es normal que un nuevo gobierno con reconocido tono antimilitarista y con fuerte aversión a unidades como el Esmad, quieran promover un cambio de tajo, sin embargo ¿era necesario o tan siquiera conveniente prescindir del 67% de los Generales de la Policía Nacional? Para cualquier ciudadano esto puede sonar gallardo o incluso temerario. Lo cierto es que, desde una perspectiva técnica, esto podría traer más problemas que soluciones.
Aunque las instituciones casi siempre prevalecen, al ser entidades compuestas y conducidas por seres humanos, los cambios, particularmente en un área tan sensible como la seguridad y defensa nacional, requieren un tiempo de maduración, si se quiere, una transición organizada con rigor de planeamiento, ya que la experiencia no es un simple conteo lineal de cargos en una hoja de vida sino que se forja con horas de acción en diversos escenarios del crimen que se traducen en “antigüedad”. Más aún, si estos cambios no son tan solo nominales sino prácticos. La formula no es tan sencilla como remplazar generales con coroneles antiguos.
En este caso, lo que parece lógico es superado por lo técnico ya que la transición, desorganizada, que se ha planteado el ministro Velásquez ha llevado a que en la Policía Nacional se designen oficiales con experiencia en lo que coloquialmente se le denomina como la “vigilancia” a cargos de preminencia técnica como la inteligencia estratégica. Y es que a todas luces esta fue la especialidad más afectada, lo cual es notorio al ver los perfiles de los oficiales depuestos y los supervivientes, retirando a quienes habían hecho carrera en la más sensibles de las direcciones de la entidad y, quienes por esencia organizativa, se constituían como los de mayor preeminencia dentro del conjunto de los uniformados. Así entonces, prevemos que los nuevos jefes de la inteligencia policial pasarán mucho más tiempo acoplándose y aprendiendo que planeando y ejecutando.
Es difícil ignorar que estos cambios se dan en uno de los momentos en los que se venían gestando importantes golpes sobre los lideres criminales del Clan del Golfo y el mismo COCE del Eln, es un hecho conocido que la inteligencia policial ha liderado en las últimas décadas los operativos de alto nivel estratégico.
Así entonces, la alta oficialidad sufrirá una evidente carencia de personal que será suplida bajo los principios de disponibilidad y no necesariamente de calidad, ya que los oficiales superiores no se compran o se asignan, sino que se forman, por lo cual, los que se fueron solo podrán ser suplidos con los que vienen detrás de ellos, y esto implica que cargos que por naturaleza y necesidad corresponden a un mayor general, brigadier general o a un coronel antiguo ahora deberán asignarse a coroneles (CR), tenientes coroneles (TC) y mayores(MY). Acotar que esta crisis de personal está agudizada por el gran número de TC y CR que solicitaron el retiro durante el denominado Paro Nacional aduciendo inseguridad jurídica y física.
Por supuesto que menor experiencia derivará en mayor improvisación, la cual no siempre podrá ser aducida a los nuevos designados, sino al determinador político que es quien está trasgrediendo principios doctrinarios institucionales. Sobra decir que estos procesos no deberían ser acelerados porque tienen un sentido y un fin y no fueron construidos bajo preceptos políticos, sino bajo principios de necesidad y realidad. No se puede esperar lo mejor de la cosecha cuando se corta el fruto antes de tiempo.
Ahora bien, para quienes esperan que estos cambios terminen en la desmilitarización o en la mal denominada desecuritización de la agenda nacional, es posible que se dé un aumento en la preeminencia militar sobre la seguridad ciudadana, ya que en los espacios de asignación de recursos en alcaldías y gobernaciones, la asimetría entre los oficiales de las Fuerzas Militares y los de la Policía podría influir en que se den más recursos y apoyos a la estrategia militar que a la policial. Así, veremos situaciones de generales militares interoperando con tenientes coroneles de la policía.
Entonces, lo más probable es que en contravía de lo que proyecta el gobierno, el país experimente una degradación en las condiciones de seguridad en las que el Ministro y el Presidente tengan que afrontar una realidad que supera sus ideas, ya que estos temas son asuntos muy complejos que sobrepasan por mucho los desteñidos debates de Twitter y que no pueden ser solo analizados desde una perspectiva ideológica, política o discursiva, sino que requieren de planeación y análisis. Se avecina un duro golpe de realidad.