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La captura de Nicolás Maduro —un hecho con efectos inmediatos en la dinámica criminal transfronteriza— aceleró la ya frágil situación de seguridad en La Guajira. Se trata de un territorio extenso, con una frontera porosa de 249 kilómetros y más de 90 pasos ilegales, donde el Estado carece de una estrategia integral y de inversión sostenida en seguridad. Allí rige, sin ambigüedades, la ley del más fuerte.
Hoy, el control de buena parte de esa frontera lo ejerce el ELN. Sin embargo, no siempre fue así. Durante años, el dominio estuvo fragmentado entre el ELN y la Segunda Marquetalia. Tras la supuesta muerte de Iván Márquez en 2023, el ELN inició un proceso de recuperación territorial que lo llevó a enfrentarse con los llamados Pranes —jefes criminales venezolanos con control sobre centros penitenciarios— hasta alcanzar acuerdos funcionales: la Segunda Marquetalia se replegó hacia la Serranía del Perijá y los Pranes mantuvieron el negocio de la trata de personas, aún vigente, apoyados por células del Tren de Aragua y por bandas locales como Los Corticos y Los Largos. Estas estructuras comenzaron a tercerizar para el ELN actividades criminales, especialmente en Paraguachón, Maicao y Carraipía.
El problema, sin embargo, es más profundo. En la frontera operan múltiples bandas pequeñas que controlan pasos ilegales específicos —incluso adoptan sus nombres como identidad— y ejercen violencia y coerción en nombre del ELN, convirtiéndose en engranajes locales de su aparato criminal.
A este escenario se sumó, desde 2022, un movimiento estratégico del Cártel de los Soles, que buscó consolidar el corredor entre Punta Gallinas y Castilletes para el tráfico de drogas y armas. Para ello, no solo aprovechó el contexto de la pandemia, sino que incentivó el asentamiento de clanes indígenas wayuu provenientes del lado venezolano, apelando a lazos de sangre y familiaridad histórica. También utilizó a la Segunda Marquetalia como fuerza de apoyo. La estrategia fue exitosa, pero trajo consigo dos consecuencias críticas: primero, los wayuu venezolanos desconocían los liderazgos tradicionales y buena parte de los usos y costumbres de los wayuu colombianos; segundo, ingresaron al territorio con armas largas y cortas. Aunque existía parentesco, la frontera había separado a estas comunidades durante décadas, generando transformaciones culturales que desembocaron en conflictos graves entre clanes.
La salida —según se afirma, negociada— de la Segunda Marquetalia en 2023, tras la pérdida de su capacidad ofensiva, fortaleció aún más al ELN. Este grupo inició una cacería de menores y reclutó a niños y adolescentes wayuu, una práctica respaldada por denuncias formales. El ELN quedó como amo y señor de la frontera y comenzó a subcontratar a bandas locales para el robo de vehículos, secuestros, sicariato y extorsión. Funciona, en los hechos, como un gran empleador criminal transfronterizo, con una regla clara: estas actividades están prohibidas en Venezuela. Allí solo se les permite el narcotráfico en coordinación con el Cártel de los Soles y el tránsito de droga proveniente del Catatumbo.
En paralelo, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) intentó en 2022, bajo órdenes de alias 57 (Edgar Córdova Trujillo), recuperar una franja del territorio entre Riohacha y Bahía Portete para abrir una ruta segura del narcotráfico. Esto disparó los índices de violencia en Riohacha, Uribia y Manaure; sin embargo, la captura de alias 57 en junio del 2022 dejó la iniciativa sin liderazgo. Un año después, fue retomada por alias Gonzalito, segundo al mando de esta organización y recientemente muerto y por alias 07 (Wilson Darío Ruiz Vélez), abatido el 27 de enero de 2025 en San Ángel, Magdalena. Durante este tiempo, mediados de 2023 en adelante, las confrontaciones con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), especialmente en las cuencas media y alta de los ríos Jerez y Ranchería, y la superioridad militar de este grupo frustraron la expansión del EGC en este territorio y en todo el macizo montañoso Sierra Nevada.
Las ACSN, por su parte, capitalizaron la coyuntura. Bajo el mando de alias Patiliso, excomandante del Frente Resistencia Tayrona, incorporaron a alias El Bendito Menor, un joven criminal de Riohacha que había prestado servicio militar. Inicialmente se le asignó la tarea de expulsar al EGC de la capital guajira; luego, la de consolidar el control urbano y vial desde Manaure hasta Palomino y desde Riohacha hasta San Juan del Cesar, cubriendo todo el corredor del carbón.
Como comandante del Grupo de Comandos Urbanos Especiales, El Bendito Menor lideró una ofensiva sin piedad y sin control contra el EGC y contra bandas locales vinculadas a economías ilegales, basada en prácticas de sevicia y violencia extrema. La consigna fue clara: “o se unen o desaparecen”. Bajo ese lema se cometieron masacres, desapariciones y asesinatos. Pero apareció un elemento disruptivo: la visibilización. A diferencia de la lógica tradicional del crimen organizado, que evita la exposición, esta estructura transmitió sus acciones en tiempo real por TikTok, Instagram y Facebook. Esa exhibición le otorgó una validación criminal masiva, con niveles de audiencia superiores a los de cualquier influencer promedio.
Tras la captura de Maduro, las ACSN decidieron expandirse hacia Maicao, lo que afectó directamente los intereses del ELN. Se produjo entonces la primera masacre atribuida a este grupo —aunque negada por ellos— y se activó una ofensiva policial y militar para capturar a alias El Bendito Menor, por quien hoy se ofrece una recompensa de 500 millones de pesos. El ELN, a su vez, ajustó cuentas y, según fuentes consultadas, asesinó en Maicao a Carlos Eduardo Ruiz González, alias Rambo, exintegrante del Tren de Aragua, por quien se ofrecía una recompensa de 200 millones de pesos. No lo entregaron: lo ejecutaron.
La Guajira cerró enero con dos masacres —una en Maicao y otra en Riohacha—, más de 40 homicidios y un nivel de desorden criminal alarmante. En Riohacha se concentra la disputa entre el EGC y las ACSN; en Maicao, el ELN intenta recuperar territorio y recomponer su dominio. Sabe que perder la frontera no es una opción, y menos frente a las ACSN.
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Mientras tanto, el Ejército busca sin éxito a alias El Bendito Menor, a quien, a diferencia de otros casos, no se le gestionó cancelación de órdenes de captura desde la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Hoy se esconde en el macizo montañoso. El EGC quedó sin sus principales cabezas visibles.
El resultado es evidente: más desorden criminal. Sin liderazgos claros, sin una política de seguridad coherente y sin inversión estatal real, La Guajira se hunde en una disputa armada donde todos quieren extorsionar, matar e intimidar y, para agravar más la situación, alias el Bendito Menor reapareció con un comunicado no validado por las ACSN, donde les pide a los habitantes de Riohacha salir a marchar por la paz el 5 de febrero de 2026. La persona que más daño y más violencia le ha impreso a este territorio haciendo esta solicitud, lo que obliga a pensar en dos situaciones. Una, alias el Bendito Menor es desde ahora una disidencia de las ACSN o las ACSN definitivamente, no tienen control sobre sus mandos medios.
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