Las sociedades han dispensado en su discurrir un lugar destacado para los militares. En América hay insignes protagonistas, héroes, como Bolívar, Santander, Páez, Sucre, Rondón, Urdaneta, entre otros, a quienes se considera forjadores de la independencia y la libertad. Nadie puede atreverse a sugerir que los próceres realizaron actuaciones contrarias a los usos y costumbres de la guerra o que cometieron conductas ilícitas o reprochables; eso sería un sacrilegio, una profanación a la historia patria escrita, narrada y aprendida, quien ose hacerlo merece la censura y el rechazo.
En nuestros días, la Constitución de 1991, dispone que la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, le corresponde a las Fuerzas Militares; y para garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, así como para asegurar que los habitantes convivan en paz, está la Policía Nacional.
Teniendo como antecedente un legado histórico de “honor y gloria” y como marco una Constitución cuyo eje principal es la protección de los derechos fundamentales, resulta muy preocupante lo que está pasando en la Fuerza Pública; numerosos delitos son cometidos por algunos de sus miembros: ejecuciones extrajudiciales, corrupción en la contratación, seguimientos e interceptaciones ilegales, violaciones a niñas y a mujeres, tortura durante las capturas, exceso en el uso de la fuerza y las armas de fuego, maltrato animal, entre otras conductas. De inmediato surge la justificación, son algunos y no todos, en estas instituciones hay mucha gente comprometida y valerosa; no les falta razón, aunque se genera una especie de inmunidad para que no se indague más allá de lo evidente, pero la excepción parece quebrantar la regla. Las conductas son reiteradas y graves, superando la responsabilidad individual, tal vez, los problemas son institucionales, de selección, de formación, el contubernio está en los altos mandos, y no solamente en quienes se ven involucrados, tras la cacería de brujas, cada vez que hay un escándalo.
Es cuestionable que ordenes arbitrarias tanto en lo administrativo como en lo militar carezcan de control o se diluya en las cadenas de mando; denunciar a un superior es difícil sobre todo si es quien decide o determina la permanencia del denunciante en su trabajo; figuras como el retiro discrecional cuando se desconoce el debido proceso, los traslados injustificados, así como las sanciones para quienes reclaman algún derecho fundamental propio o ajeno, dan cuenta de serios desajustes institucionales.
En días pasados con ocasión de la violación de una niña indígena, se retiró del ejército a un sargento que comandaba a los siete militares implicados, no quedó claro si el disgusto del comandante del Ejército fue porque el sargento denunció el hecho o por el incumplimiento de sus funciones; luego vino la imputación equivocada de la Fiscalía a los presuntos violadores; lo anterior produjo indignación en la ciudadanía y se asumió como una forma de invisibilizar el hecho y lo que le sucedió a la víctima.
En cuanto a la formación; los militares y policías reciben permanentemente cursos de derechos humanos y de DIH, aunque hay diferencias según los grados, pero no hay un proceso de interiorización, de sensibilización, no es lo más importante, es una materia no una vivencia, es como si hubiese un currículo oculto; en las escuelas de formación se gasta mucho tiempo, por ejemplo, preparando desfiles y ceremonias, esto desplaza cualquier otro aprendizaje.
Regresando a la historiografía tradicionalista encargada de la apología desmedida de nuestros libertadores, hoy como si se tratara de un atentado contra los próceres, cuestionar los ascensos y el desempeño de los altos mandos militares y policiales se convierte en un asunto de ataque al Gobierno o de alianza con los terroristas; pese a las denuncias y advertencias los ascensos se hacen y los retiros son con honores, entonces ¿Qué puede concluir la tropa y los mandos medios?
Negar u ocultar los hechos, desviar o entorpecer las investigaciones, como también comparar las conductas mencionadas con las realizadas por quiénes están o han estado al margen de la ley, no contribuye en nada para superar estos problemas; la situación es realmente delicada porque se trata de servidores públicos, de los agentes del orden como suelen decir los ciudadanos.
Las sociedades han dispensado en su discurrir un lugar destacado para los militares. En América hay insignes protagonistas, héroes, como Bolívar, Santander, Páez, Sucre, Rondón, Urdaneta, entre otros, a quienes se considera forjadores de la independencia y la libertad. Nadie puede atreverse a sugerir que los próceres realizaron actuaciones contrarias a los usos y costumbres de la guerra o que cometieron conductas ilícitas o reprochables; eso sería un sacrilegio, una profanación a la historia patria escrita, narrada y aprendida, quien ose hacerlo merece la censura y el rechazo.
En nuestros días, la Constitución de 1991, dispone que la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, le corresponde a las Fuerzas Militares; y para garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, así como para asegurar que los habitantes convivan en paz, está la Policía Nacional.
Teniendo como antecedente un legado histórico de “honor y gloria” y como marco una Constitución cuyo eje principal es la protección de los derechos fundamentales, resulta muy preocupante lo que está pasando en la Fuerza Pública; numerosos delitos son cometidos por algunos de sus miembros: ejecuciones extrajudiciales, corrupción en la contratación, seguimientos e interceptaciones ilegales, violaciones a niñas y a mujeres, tortura durante las capturas, exceso en el uso de la fuerza y las armas de fuego, maltrato animal, entre otras conductas. De inmediato surge la justificación, son algunos y no todos, en estas instituciones hay mucha gente comprometida y valerosa; no les falta razón, aunque se genera una especie de inmunidad para que no se indague más allá de lo evidente, pero la excepción parece quebrantar la regla. Las conductas son reiteradas y graves, superando la responsabilidad individual, tal vez, los problemas son institucionales, de selección, de formación, el contubernio está en los altos mandos, y no solamente en quienes se ven involucrados, tras la cacería de brujas, cada vez que hay un escándalo.
Es cuestionable que ordenes arbitrarias tanto en lo administrativo como en lo militar carezcan de control o se diluya en las cadenas de mando; denunciar a un superior es difícil sobre todo si es quien decide o determina la permanencia del denunciante en su trabajo; figuras como el retiro discrecional cuando se desconoce el debido proceso, los traslados injustificados, así como las sanciones para quienes reclaman algún derecho fundamental propio o ajeno, dan cuenta de serios desajustes institucionales.
En días pasados con ocasión de la violación de una niña indígena, se retiró del ejército a un sargento que comandaba a los siete militares implicados, no quedó claro si el disgusto del comandante del Ejército fue porque el sargento denunció el hecho o por el incumplimiento de sus funciones; luego vino la imputación equivocada de la Fiscalía a los presuntos violadores; lo anterior produjo indignación en la ciudadanía y se asumió como una forma de invisibilizar el hecho y lo que le sucedió a la víctima.
En cuanto a la formación; los militares y policías reciben permanentemente cursos de derechos humanos y de DIH, aunque hay diferencias según los grados, pero no hay un proceso de interiorización, de sensibilización, no es lo más importante, es una materia no una vivencia, es como si hubiese un currículo oculto; en las escuelas de formación se gasta mucho tiempo, por ejemplo, preparando desfiles y ceremonias, esto desplaza cualquier otro aprendizaje.
Regresando a la historiografía tradicionalista encargada de la apología desmedida de nuestros libertadores, hoy como si se tratara de un atentado contra los próceres, cuestionar los ascensos y el desempeño de los altos mandos militares y policiales se convierte en un asunto de ataque al Gobierno o de alianza con los terroristas; pese a las denuncias y advertencias los ascensos se hacen y los retiros son con honores, entonces ¿Qué puede concluir la tropa y los mandos medios?
Negar u ocultar los hechos, desviar o entorpecer las investigaciones, como también comparar las conductas mencionadas con las realizadas por quiénes están o han estado al margen de la ley, no contribuye en nada para superar estos problemas; la situación es realmente delicada porque se trata de servidores públicos, de los agentes del orden como suelen decir los ciudadanos.