Los acuerdos de paz eternamente incumplidos

Hace 35 años, el 9 de marzo de 1990, el M-19 fue el primer grupo guerrillero en firmar la paz con el Estado colombiano. Este hecho allanó el camino para que un año después se instalara la Asamblea Nacional Constituyente, que reemplazó la retrógrada Constitución de 1886. Años más tarde, permitió que un exintegrante de este movimiento, Gustavo Petro, llegara a ser el primer presidente de izquierda en la historia del país. Sin embargo, tanto el Estado como la sociedad siguen en deuda con sus excombatientes. Un ejemplo de ello es Carlos Pizarro León Gómez, asesinado vilmente cuando era candidato presidencial. También están en deuda con las víctimas del accionar beligerante del M-19, quienes aún esperan reparación.

A lo largo de la historia, Colombia ha firmado diversos acuerdos de paz, pero la constante ha sido su incumplimiento por parte del gobierno. El acuerdo con el M-19 bajo el mandato de Virgilio Barco fue el primero en contar con un protocolo formal. No obstante, uno de los antecedentes más relevantes se dio el 15 de septiembre de 1953, cuando el general Rojas Pinilla negoció con las guerrillas liberales lideradas por Guadalupe Salcedo, que se habían levantado en armas tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Pese al acuerdo, Salcedo fue asesinado en extrañas circunstancias en Bogotá, y la violencia se intensificó.

Un caso aún más trágico fue el de la Unión Patriótica (UP), partido fundado en 1985 tras los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP. Lo que siguió fue un genocidio político en el que más de 6.000 militantes fueron asesinados, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990). En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en esta persecución sistemática. Hoy, la UP sobrevive como un símbolo de la violencia contra la oposición política en el país.

Un año después de la desmovilización del M-19, el EPL entregó sus armas en un acuerdo con César Gaviria. Sin embargo, la violencia no cesó. Según el historiador Germán Darío Valencia, este grupo fue el que más sufrió represalias tras la firma de la paz: de los cerca de 2.200 firmantes, 321 fueron asesinados. Muchos de los miembros del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad fueron perseguidos y ejecutados en la región del Urabá antioqueño.

Quienes hemos sido testigos de la historia reciente de Colombia y participamos en el Estallido Social de 2019 y 2021 sabemos que la traición a los acuerdos de paz no es una novedad. El gobierno de Iván Duque obstaculizó sistemáticamente la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, permitiendo el asesinato de excombatientes en un proceso de exterminio que ha empujado a algunos a retomar las armas. Esto ha contribuido a un resurgimiento de la violencia, cuya complejidad hoy representa un enorme desafío para el gobierno de Gustavo Petro.

Es aquí donde debemos recordar las palabras de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, a propósito de la peste del olvido: “Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaron los valores de la letra escrita”. En Colombia, la paz ha sido tantas veces escrita y tantas veces desvanecida, traicionada por quienes la firman con una mano mientras con la otra la destruyen. Si las palabras no se sostienen en los actos, si la memoria no es un compromiso, los acuerdos de paz seguirán siendo promesas vacías, como tinta que se borra con la lluvia del olvido. Nos corresponde, entonces, a quienes aún creemos en la justicia, escribir y recordar, para que la realidad no escape de nuevo entre las fisuras de la historia.

Albeiro Guiral

@amguiral