Por: Marta Ordóñez*
Con la Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely, que este 6 de julio llega a dos años de haber sido sancionada, se envió un mensaje contundente a toda la sociedad colombiana, sobre todo de respaldo a las mujeres, reconociendo que son víctimas de una cultura machista y patriarcal que sustenta y naturaliza la dominación y la instrumentalización de sus cuerpos, de sus vidas y que genera el odio y las violencias contra ellas.
Ante cifras alarmantes como que cada tres días en el país muere asesinada una mujer por su pareja o expareja, la Ley contra el feminicidio se convierte en una respuesta necesaria y especializada por parte del Estado, que no sólo se limita a la tipificación del delito, sino que además establece el marco de principios rectores que deben orientar una investigación y el juzgamiento del feminicidio.
Por ejemplo, instó a autoridades a indagar por los ciclos de violencias que normalmente anteceden a un feminicidio y demanda un claro análisis del contexto en que se cometen estos lamentables crímenes, exige además que se superen obstáculos de hecho y de derecho que conducen a la impunidad de la violencia feminicida. También podemos decir que propende por la eliminación de prejuicios en la investigación y para que se den las garantías de seguridad para testigos y familiares de las víctimas. Todos estos son elementos novedosos que deben fortalecer la investigación y el juzgamiento de esta conducta.
El reto que tenemos hoy es seguir consolidando y promoviendo la efectiva aplicación de esta Ley, se puede decir que contamos con una herramienta fundamental para evitar la impunidad en los casos de feminicidio, en las manos de investigadores, fiscales y jueces está la responsabilidad de volcarse en pro de las mujeres con ayuda de esta norma para que en todos los casos de feminicidio se de una condena adecuada a la magnitud de una conducta que atenta contra la libertad, autonomía, integridad y vida de las mujeres.
Así mismo y para complementar el trabajo que se puede adelantar con la Ley, necesitamos avanzar en la prevención de las violencias contra las mujeres, para esto se requiere de un cambio estructural de nuestra sociedad, donde las mujeres dejen de ser vistas como objetos y sujetas de dominación. Se debe empezar por edades muy tempranas, en los jardines, en los colegios, con la promoción de masculinidades responsables con los derechos humanos de las mujeres.
Otro tema a trabajar es la mejora en la atención que reciben las mujeres víctimas, es importante contar con servidoras y servidores públicos entrenados en derechos de las mujeres, que tengan la capacidad de entender y dar respuesta oportuna a los requerimientos de las víctimas. En este punto trabajamos desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en coordinación con entidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales.
Así mismo, tenemos que seguir en la tarea de difusión de los derechos humanos de las mujeres, una mujer que conoce sus derechos va a tener mejores recursos para buscar la debida atención y el acceso a la justicia en caso de ser víctima de violencia. En el país contamos con la línea 155 de orientación gratuita de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional donde las mujeres se pueden informar sobre sus derechos y las rutas de atención.
Son muchos los retos que tenemos para superar las violencias contra las mujeres, pero hemos dado un paso muy importante con la sanción de la Ley Rosa Elvira Cely, no sólo por las penas o las mejoras en los procesos de investigación y judicialización, sino por el mensaje de reconocimiento del feminicidio como una forma de violencia específica contra las mujeres.
*Consejera Presidencial para la Equidad para la Mujer
Por: Marta Ordóñez*
Con la Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely, que este 6 de julio llega a dos años de haber sido sancionada, se envió un mensaje contundente a toda la sociedad colombiana, sobre todo de respaldo a las mujeres, reconociendo que son víctimas de una cultura machista y patriarcal que sustenta y naturaliza la dominación y la instrumentalización de sus cuerpos, de sus vidas y que genera el odio y las violencias contra ellas.
Ante cifras alarmantes como que cada tres días en el país muere asesinada una mujer por su pareja o expareja, la Ley contra el feminicidio se convierte en una respuesta necesaria y especializada por parte del Estado, que no sólo se limita a la tipificación del delito, sino que además establece el marco de principios rectores que deben orientar una investigación y el juzgamiento del feminicidio.
Por ejemplo, instó a autoridades a indagar por los ciclos de violencias que normalmente anteceden a un feminicidio y demanda un claro análisis del contexto en que se cometen estos lamentables crímenes, exige además que se superen obstáculos de hecho y de derecho que conducen a la impunidad de la violencia feminicida. También podemos decir que propende por la eliminación de prejuicios en la investigación y para que se den las garantías de seguridad para testigos y familiares de las víctimas. Todos estos son elementos novedosos que deben fortalecer la investigación y el juzgamiento de esta conducta.
El reto que tenemos hoy es seguir consolidando y promoviendo la efectiva aplicación de esta Ley, se puede decir que contamos con una herramienta fundamental para evitar la impunidad en los casos de feminicidio, en las manos de investigadores, fiscales y jueces está la responsabilidad de volcarse en pro de las mujeres con ayuda de esta norma para que en todos los casos de feminicidio se de una condena adecuada a la magnitud de una conducta que atenta contra la libertad, autonomía, integridad y vida de las mujeres.
Así mismo y para complementar el trabajo que se puede adelantar con la Ley, necesitamos avanzar en la prevención de las violencias contra las mujeres, para esto se requiere de un cambio estructural de nuestra sociedad, donde las mujeres dejen de ser vistas como objetos y sujetas de dominación. Se debe empezar por edades muy tempranas, en los jardines, en los colegios, con la promoción de masculinidades responsables con los derechos humanos de las mujeres.
Otro tema a trabajar es la mejora en la atención que reciben las mujeres víctimas, es importante contar con servidoras y servidores públicos entrenados en derechos de las mujeres, que tengan la capacidad de entender y dar respuesta oportuna a los requerimientos de las víctimas. En este punto trabajamos desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en coordinación con entidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales.
Así mismo, tenemos que seguir en la tarea de difusión de los derechos humanos de las mujeres, una mujer que conoce sus derechos va a tener mejores recursos para buscar la debida atención y el acceso a la justicia en caso de ser víctima de violencia. En el país contamos con la línea 155 de orientación gratuita de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional donde las mujeres se pueden informar sobre sus derechos y las rutas de atención.
Son muchos los retos que tenemos para superar las violencias contra las mujeres, pero hemos dado un paso muy importante con la sanción de la Ley Rosa Elvira Cely, no sólo por las penas o las mejoras en los procesos de investigación y judicialización, sino por el mensaje de reconocimiento del feminicidio como una forma de violencia específica contra las mujeres.
*Consejera Presidencial para la Equidad para la Mujer