Incautar la dosis mínima, nada nuevo y con poco impacto en el microtráfico

En noviembre de 2016, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) develó públicamente los resultados del estudio “Narcomenudeo en Colombia: una transformación de la economía criminal”, en el cual se estimó que el tamaño del mercado interno de drogas en el país para el año 2015 estuvo entre los 3 y los 6 billones de pesos. De igual manera, un importante hallazgo presentado en aquella ocasión -y que en su momento pasó desapercibido-, evidenciaba claramente el desgaste que le producía a la Policía Nacional -en términos del uso eficiente de recursos humanos, económicos y de tiempo- el estar persiguiendo pequeños distribuidores y consumidores.

Para sustentar la anterior afirmación, en la investigación se analizaron el número total de reportes de incautación de marihuana, cocaína y bazuco, así como las cantidades que fueron decomisadas en cada una de estas operaciones (que incluían desde requisas callejeras hasta interdicciones en altamar). En total, durante 2015 se contabilizaron aproximadamente 174 mil reportes de incautación. De estos, el 59% (102.077 registros) correspondieron a marihuana, el 29% (51.084 registros) a bazuco, y el 12% (20.901 registros) a cocaína, para un gran total de 469 toneladas de droga decomisada en el país en ese año (251 de cocaína, 216 de marihuana y 2 de bazuco). Hasta ahí, todo bien.

No obstante, en ese mismo estudio se diferenciaron los registros correspondientes a lo que se podría llamar la lucha contra el narcotráfico internacional y los que concernían al microtráfico interno. Para ello, se utilizaron los rangos definidos en el artículo 376 del Código Penal (que define las penas de cárcel por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes) y se examinaron por separado únicamente aquellos operativos en donde se decomisaron cantidades en un rango inferior a los 10kg de marihuana y a los 2kg de cocaína/bazuco (venta de pequeñas cantidades al menudeo).

Los resultados productos de este análisis fueron contundentes. El 98.8% de los registros de la Policía Nacional en 2015 correspondieron a decomisos de cantidades que se encontraban por debajo de los rangos anteriormente señalados. Sin embargo, la cantidad de droga que se incautó en esas operaciones fue tan solo el 3.3% del total anual. Para clarificar y resumir: se necesitaron de 172 mil operaciones (requisas, allanamientos, etc.) para incautar tan solo 15.6 toneladas de drogas, de las que 13.4 correspondían a marihuana (100.838 registros), 1.4 a bazuco (50.979 registros) y 0.85 (850kg) eran cocaína (20.106).

El pasado primero de octubre el gobierno nacional firmó el Decreto 1844, el cual les permite a las autoridades incautar cualquier cantidad de sustancias estupefacientes en el espacio público, incluyendo la dosis mínima (establecida en hasta 20g de marihuana y 1 de cocaína/bazuco). Al día siguiente, la Policía reportó un balance de 571 gramos de estupefacientes incautados (543 gramos de marihuana, 12 de bazuco, 8 de cocaína, 8 de otras sustancias), y la imposición de 652 por porte de estas sustancias.

Al comparar las cifras del estudio del DNP con los resultados de la aplicación del primer día de este decreto se puede no solo se puede inferir que, en la práctica, ya se venía incautando la dosis mínima, sino que, además, los resultados de esta estrategia han tenido muy poco impacto sobre el negocio del microtráfico. Utilizando los precios que esta misma investigación recopiló, estaríamos hablando de que el valor de las incautaciones de drogas durante el primer día del decreto fue de aproximadamente 1 millón 300 mil pesos. Cuando estamos hablando de un negocio de billones de pesos, perfectamente se puede afirmar que esta cantidad de dinero es como quitarle un pelo a un gato.

¿De qué sirve incautar la dosis mínima? ¿Cuáles son los resultados esperados? Si lo que se busca es reducir la disponibilidad de drogas en las calles del país, los datos anteriormente evidencian que a pesar de la gran cantidad de incautaciones que la fuerza pública ha realizado en los últimos años, la droga sigue en las calles. Por otra parte, si lo que se busca es reducir la demanda -suponiendo que el aumento de la operatividad de la policía va a tener a disuadir a los consumidores-, también debe decirse que la gente no va a dejar de consumir simplemente porque la policía le quite su droga. Por el contrario, esto hará que la sustancia aumente de precio y que los pequeños traficantes se inventen nuevas maneras de llegar a sus consumidores.

Sería pertinente que la implementación de esta medida venga acompañada de una evaluación rigurosa de sus resultados, en donde se haga un análisis de costo/beneficio que permita establecer su eficacia. Como ciudadano, preferiría que toda esa operatividad de la policía se volcara principalmente hacia delitos como el hurto o que, en su defecto, se pudiera establecer hacia donde se está dirigiendo el dinero producto del microtráfico y en qué sectores de la economía se está lavando el producto de esta actividad criminal. Es hacia ellos a donde deberían apuntar las acciones de las autoridades, porque está más que demostrado que, de gramo en gramo, jamás vamos a acabar con esta guerra contra las drogas que ya dura más de 40 años.