Por:
Julián Gutiérrez Martínez, investigador de la línea de Justicia Económica de Dejusticia- @gutjulian
Natalia Torres Acosta, investigadora de la línea de Justicia Transicional de Dejusticia- @lauranatoa
Existe un consenso internacional que reconoce el vínculo entre los conflictos armados y la inseguridad alimentaria. Hechos como los desplazamientos forzados, los confinamientos y las amenazas a líderes, entre otros, pueden tener graves efectos en la producción y distribución de alimentos, en una especie de círculo vicioso.
De un lado, las guerras provocan desplazamientos masivos de población, quienes deben abandonar sus hogares en busca de refugio, poniéndolos en dificultad para conseguir alimentos. De otro, el aumento de la inseguridad alimentaria y la precariedad de quienes la viven puede ser un impulsor de tensiones sociales que genere nuevas situaciones de conflicto. Por eso, garantizar la seguridad alimentaria en zonas que salen de un conflicto puede ser “un desactivador de la violencia cargada de futuro para la paz”. Como lo expresó el Secretario General de la ONU en el año 2021, “resolver el problema del hambre es la base para la estabilidad y la paz”. Es urgente entonces que los Estados adopten medidas que aborden estos dos factores de manera conjunta.
Durante el 2021 en Colombia, 72.600 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y 65.200 fueron víctimas de confinamiento. Estos hechos se han concentrado principalmente en los municipios históricamente afectados por el conflicto y que han sido priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde las víctimas son principalmente campesinos, indígenas y afro, ligados a actividades productivas de autoconsumo y abastecimiento de alimentos. Ante ello, es claro que una de las tareas fundamentales en relación con la implementación del acuerdo de paz que tenga impacto territorial es la creación de una política pública que garantice la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades más afectadas por el conflicto.
El Acuerdo Final de Paz ya preveía los riesgos de inseguridad alimentaria en el país. Por eso el punto uno sobre reforma rural integral planteó la necesidad de crear 16 planes nacionales con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad y promover el desarrollo rural. Uno de estos planes debía buscar garantizar la seguridad alimentaria de manera progresiva, con políticas transversales a otros planes, como la producción de alimentos, el acceso a tierras, agua potable, infraestructura y asistencia técnica. Además, el Acuerdo propone, por ejemplo, la creación de consejos departamentales y municipales con funciones de monitoreo del riesgo, planteamiento de programas contra el hambre y la desnutrición, y esquemas para el fortalecimiento de la producción del mercado interno.
En desarrollo de estos acuerdos, el Gobierno Nacional publicó en diciembre del 2021 el Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. Encontramos positivo que este instrumento de política pública realiza, de manera acertada, una conceptualización de los elementos que integran el derecho a la alimentación vinculados con el desarrollo territorial, y plantea tres grandes ejes: (i) implementar un Sistema de Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación en las regiones, (ii) desarrollar programas alimentarios y fomentar la educación alimentaria y nutricional, y (iii) mejorar las producción y comercialización de las economías campesinas mediante prácticas agroecológicas y la promoción de mercados locales y regionales.
Aunque este plan parece tener un enfoque que abarca toda la cadena del proceso alimentario, también revela un problema viejo que continúa sin ser abordado: no conocemos cómo está el país en materia nutricional. Las cifras presentadas en el diagnóstico están desactualizadas, son de carácter nacional y sus indicadores se presentan en relación de zonas rurales-centros poblados, sin mostrar información desagregada a nivel municipal o departamental.
El documento usa las cifras de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) de 2015, la cual muestra que el 54.2% de los hogares de Colombia se encuentra en inseguridad alimentaria, y que tal cifra es 1.2 veces mayor en la zona rural que en las cabeceras municipales. Sin embargo, no se hace un esfuerzo real por complementar con otras cifras más actualizadas. Por ejemplo, en la encuesta Pulso Social, el DANE analiza el acceso a alimentos con cifras antes, durante y después de la pandemia a nivel territorial. Así, la información nutricional a nivel territorial podría analizarse con variables de hechos victimizantes del Registro Único de Víctimas (RUV) o de ayuda o los datos de atención humanitaria de emergencia, de tal forma que las acciones estén dirigidas principalmente a la población con mayor riesgo.
Un elemento importante para la concreción e implementación de este Plan Nacional es la necesidad de contar con mejor información sobre la situación nutricional del país, que permita hacer un análisis preventivo respecto de la posibilidad de que la población entre en inseguridad alimentaria ante los hechos de violencia que se han presentado en los últimos años. De lo contrario, se dificulta la comprensión de dinámicas alimentarias y nutricionales propias de los territorios más afectados por el desplazamiento forzado en territorios como Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia, donde el conflicto se sigue agudizando. Poder contrastar la información de los lugares con mayor victimización con cifras precisas en materia de alimentación es una tarea necesaria para saber si dichos territorios se encuentran en mayor riesgo de inseguridad alimentaria es fundamental.
La implementación del Acuerdo de Paz es necesaria y urgente. Los mecanismos de seguridad y de desarrollo rural buscan garantizar que los territorios más afectados por la violencia puedan disminuir las brechas de desigualdad. Este Plan Nacional intenta cumplir un objetivo clave en la consecución del desarrollo territorial desde la seguridad alimentaria, pero requiere, sin embargo, mayor seriedad en el diagnóstico de la situación territorial. A pesar de lo anterior, creemos que su implementación debe ser parte central del debate público de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de este año. Estando en un momento electoral tan crucial, es importante que aquellos que tomarán las decisiones ejecutivas y legislativas del país presenten cuáles son sus estrategias y planes para llevar a la práctica las propuestas que desarrollen estos tres objetivos de seguridad y soberanía alimentaria.