Ituango, el municipio que han querido vaciar
Por Lina María Ortega Van Arcken
En días recientes se ha evidenciado el desplazamiento forzado de miles de personas en Ituango. En este municipio, ubicado en el departamento de Antioquia, el desplazamiento ha sido una dinámica constante que ha afectado a su población de diversas formas.
En Ituango, conformado por tres corregimientos: El Aro, Santa Rita y La Granja, la violencia ha sido la causa principal del desplazamiento. En el municipio hubo presencia histórica de las FARC y a finales de los noventa incursionaron grupos paramilitares de primera generación y luego las Autodefensas ya constituidas plenamente. La confrontación entre las FARC y los paramilitares se presentó desde 1996, cuando los hermanos Castaño sostuvieron una disputa a muerte con el frente 18 de las FARC por el control territorial de los caseríos del municipio, dejando un alto número de víctimas. Los enfrentamientos fueron frecuentes y la población quedó en medio no solo del fuego cruzado, sino también de la estigmatización y las represalias derivadas de su asociación a un bando u otro.
El primer desplazamiento masivo se dio en 1997 como consecuencia de la Masacre del Aro. En el corregimiento las Autodefensas incendiaron todo a su paso y cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, generando el desplazamiento de 800 personas. Como antecendente de esta masacre se encuentra la Masacre de La Granja que sucedió en 1996, cuando grupos paramilitares, con apoyo de autoridades civiles y militares, asesinaron a cinco personas. Ambos casos fueron conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se condenó al Estado colombiano a reparar a las víctimas, pero la reparación se vio afectada por la violencia permanente y la falta de condiciones de seguridad para los habitantes que quisieran retornar.
En septiembre del año 2000 se presentó otro desplazamiento: los paramilitares incendiaron las casas de los habitantes del cañón de San Pablo, Riosucio, asesinaron a ocho campesinos, hurtaron bienes, amenazaron y hostigaron a los pobladores, obligándolos a irse para proteger sus vidas.
La incursión paramilitar y su confrontación con las FARC duró hasta que los grupos paramilitares se desmovilizaron dentro del proceso de Justicia y Paz en 2005, sin embargo, no fue sino hasta el año 2011 que se expidió la Ley de víctimas, que se inició una verdadera reparación y se creó el proceso de restitución de tierras.
El municipio siguió bajo el control de las FARC, hasta la firma del Acuerdo Final para la paz. Tras la desmovilización de esta guerrilla se instauró en la vereda Santa Lucía una zona veredal que alberga a aquellos excombatientes que decidieron dejar las armas y reincorporarse. A pesar de esto, la violencia no cesó, pues ante el vacío de poder dejado por las FARC, sus disidencias y el Clan del golfo continuaron disputándose el control del territorio debido, principalmente, a su importancia para el narcotráfico.
Como consecuencia, en julio de 2017 fueron desplazadas 23 personas de 14 familias procedentes de la Vereda San Agustín de Leones. Además de las FARC y el Frente Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo en Ituango se ha registrado la presencia del ELN, EPL y Los Caparros-paisas. Posteriormente, bajo amenazas de los actores armados ilegales en marzo de 2020, 843 personas fueron desplazadas
forzadamente. En esta ocasión, con el acompañamiento de la Fuerza Pública, las víctimas pudieron retornar a sus hogares después de unos días de sucedidos los hechos.
Las últimas noticias reportan que los primeros días de agosto de este año (2021) el número de desplazados en Ituango ascendió a más de 4.000 tras el alarmante abandono de veredas enteras. Los desplazamientos no han sido solamente masivos, las personas y familias que se desplazan por la violencia en el municipio lo han hecho poco a poco, “a gota”, lo cual puede derivar en un subregistro de los desplazamientos, especialmente de aquellos a nivel intramunicipal e interveredal.
Además de la presencia de actores armados, problemáticas como el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución –PNIS- y la construcción del megaproyecto Hidroituango han afectado al municipio y también han generado el desplazamiento de su población. Por un lado, el proyecto energético Hidroituango es causante de conflictos socio-ambientales, su puesta en marcha ha generado una disputa por los recursos naturales, ha degradado el medioambiente, ha ocasionado la destrucción del tejido social y de los liderazgos, y ha promovido la violencia, pues opositores al megaproyecto han sido asesinados o amenazados, adicionalmente se ha relacionado el proyecto con casos de despojo de tierras.
Por otro lado, en medio de la victimización y la falta de oportunidades, los cultivos de uso ilícito se han propagado en el municipio que está ubicado en la zona montañosa que bordea el Nudo de Paramillo, de gran riqueza natural y corredores estratégicos para el tráfico de drogas. En el municipio se llegó a acuerdos para la implementación del PNIS, sin embargo, como en el resto del país, el gobierno no ha cumplido y el ejército ha realizado erradicaciones forzadas sin que se brinde a los campesinos cocaleros alternativas efectivas para que logren sustituir, dejándolos sin opciones distintas a desplazarse hacia otros lugares.
Finalmente, el caso de Ituango es una muestra de la paradoja en la que se encuentra el país. La reparación de las víctimas y la consecución de la paz se han convertido en un camino sin final, como Aquiles y la tortuga, pues se busca alcanzarlas en medio de un conflicto que persiste bajo nuevas condiciones y actores.
Por Lina María Ortega Van Arcken
En días recientes se ha evidenciado el desplazamiento forzado de miles de personas en Ituango. En este municipio, ubicado en el departamento de Antioquia, el desplazamiento ha sido una dinámica constante que ha afectado a su población de diversas formas.
En Ituango, conformado por tres corregimientos: El Aro, Santa Rita y La Granja, la violencia ha sido la causa principal del desplazamiento. En el municipio hubo presencia histórica de las FARC y a finales de los noventa incursionaron grupos paramilitares de primera generación y luego las Autodefensas ya constituidas plenamente. La confrontación entre las FARC y los paramilitares se presentó desde 1996, cuando los hermanos Castaño sostuvieron una disputa a muerte con el frente 18 de las FARC por el control territorial de los caseríos del municipio, dejando un alto número de víctimas. Los enfrentamientos fueron frecuentes y la población quedó en medio no solo del fuego cruzado, sino también de la estigmatización y las represalias derivadas de su asociación a un bando u otro.
El primer desplazamiento masivo se dio en 1997 como consecuencia de la Masacre del Aro. En el corregimiento las Autodefensas incendiaron todo a su paso y cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, generando el desplazamiento de 800 personas. Como antecendente de esta masacre se encuentra la Masacre de La Granja que sucedió en 1996, cuando grupos paramilitares, con apoyo de autoridades civiles y militares, asesinaron a cinco personas. Ambos casos fueron conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se condenó al Estado colombiano a reparar a las víctimas, pero la reparación se vio afectada por la violencia permanente y la falta de condiciones de seguridad para los habitantes que quisieran retornar.
En septiembre del año 2000 se presentó otro desplazamiento: los paramilitares incendiaron las casas de los habitantes del cañón de San Pablo, Riosucio, asesinaron a ocho campesinos, hurtaron bienes, amenazaron y hostigaron a los pobladores, obligándolos a irse para proteger sus vidas.
La incursión paramilitar y su confrontación con las FARC duró hasta que los grupos paramilitares se desmovilizaron dentro del proceso de Justicia y Paz en 2005, sin embargo, no fue sino hasta el año 2011 que se expidió la Ley de víctimas, que se inició una verdadera reparación y se creó el proceso de restitución de tierras.
El municipio siguió bajo el control de las FARC, hasta la firma del Acuerdo Final para la paz. Tras la desmovilización de esta guerrilla se instauró en la vereda Santa Lucía una zona veredal que alberga a aquellos excombatientes que decidieron dejar las armas y reincorporarse. A pesar de esto, la violencia no cesó, pues ante el vacío de poder dejado por las FARC, sus disidencias y el Clan del golfo continuaron disputándose el control del territorio debido, principalmente, a su importancia para el narcotráfico.
Como consecuencia, en julio de 2017 fueron desplazadas 23 personas de 14 familias procedentes de la Vereda San Agustín de Leones. Además de las FARC y el Frente Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo en Ituango se ha registrado la presencia del ELN, EPL y Los Caparros-paisas. Posteriormente, bajo amenazas de los actores armados ilegales en marzo de 2020, 843 personas fueron desplazadas
forzadamente. En esta ocasión, con el acompañamiento de la Fuerza Pública, las víctimas pudieron retornar a sus hogares después de unos días de sucedidos los hechos.
Las últimas noticias reportan que los primeros días de agosto de este año (2021) el número de desplazados en Ituango ascendió a más de 4.000 tras el alarmante abandono de veredas enteras. Los desplazamientos no han sido solamente masivos, las personas y familias que se desplazan por la violencia en el municipio lo han hecho poco a poco, “a gota”, lo cual puede derivar en un subregistro de los desplazamientos, especialmente de aquellos a nivel intramunicipal e interveredal.
Además de la presencia de actores armados, problemáticas como el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución –PNIS- y la construcción del megaproyecto Hidroituango han afectado al municipio y también han generado el desplazamiento de su población. Por un lado, el proyecto energético Hidroituango es causante de conflictos socio-ambientales, su puesta en marcha ha generado una disputa por los recursos naturales, ha degradado el medioambiente, ha ocasionado la destrucción del tejido social y de los liderazgos, y ha promovido la violencia, pues opositores al megaproyecto han sido asesinados o amenazados, adicionalmente se ha relacionado el proyecto con casos de despojo de tierras.
Por otro lado, en medio de la victimización y la falta de oportunidades, los cultivos de uso ilícito se han propagado en el municipio que está ubicado en la zona montañosa que bordea el Nudo de Paramillo, de gran riqueza natural y corredores estratégicos para el tráfico de drogas. En el municipio se llegó a acuerdos para la implementación del PNIS, sin embargo, como en el resto del país, el gobierno no ha cumplido y el ejército ha realizado erradicaciones forzadas sin que se brinde a los campesinos cocaleros alternativas efectivas para que logren sustituir, dejándolos sin opciones distintas a desplazarse hacia otros lugares.
Finalmente, el caso de Ituango es una muestra de la paradoja en la que se encuentra el país. La reparación de las víctimas y la consecución de la paz se han convertido en un camino sin final, como Aquiles y la tortuga, pues se busca alcanzarlas en medio de un conflicto que persiste bajo nuevas condiciones y actores.