Hace una semana el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe en el que plantea, entre algunos otros asuntos de interés, la importante relación entre la justicia transicional y la lucha contra la corrupción.
En su concepto, las experiencias de Timor-Leste, Liberia y Kenia han dado un nuevo enfoque a la búsqueda de la verdad abordando los delitos económicos y la corrupción como desafíos que, en nuestro contexto, deberían ser enfrentados y combatidos con ayuda de la justicia transicional.
La Contraloría General de la República, en un informe que entregó hace un mes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha llamado la atención sobre el detrimento de los recursos públicos ocurrido en el marco del conflicto armado y, por ejemplo, ha mencionado que en el caso de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, (zonas que corresponden al Caso Nro. 2 en esta jurisdicción), en el marco de las 24 acciones de control fiscal adelantadas entre 2013 y 2017, se detectaron 159 irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de 5 mil millones de pesos, las cuales pudieron tener relación con el conflicto.
Esta situación es relevante si se tiene en cuenta que el conflicto armado permeó casi todos los sectores de poder en el país y que los actores armados reconfiguraron el territorio y sus relaciones de poder con las autoridades civiles y militares, a través del uso y abuso de los recursos públicos. Según la Contraloría, los recursos reportados en el informe entregado debían destinarse a educación, saneamiento básico y agua potable.
La justicia tiene una deuda con la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. En Colombia, según el excontralor Edgardo Maya, se pierden de los presupuestos públicos cerca de 50 billones de pesos por culpa de la corrupción. ¿Cuántos recursos se perdieron en medio del conflicto armado? ¿Cuántos de esos recursos alimentaron la guerra? ¿Cuántos se quedaron en manos de particulares? Existen pocos estudios sobre el tema.
Pues bien, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la JEP son mecanismos que deberían permitirnos acceder a la verdad sobre el uso y disposición de recursos públicos en el marco del conflicto armado y, especialmente, conocer las deficiencias estructurales del sistema presupuestal y contractual de administración pública que permitieron el uso de recursos públicos para financiar los crímenes, con el propósito de que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar la no repetición.
La persistencia de la violencia ha favorecido a los corruptos y por ello es necesario que los comparecientes ante la CEV y la JEP reconozcan verdad y responsabilidad sobre los hechos de corrupción que hayan conocido y que repercutieron directamente en las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho humanitario, así como indirectamente sobre los derechos de los colombianos que se vieron afectados por la ausencia de recursos del Estado para atender sus necesidades en materia de salud, educación, agua potable, entre otros, con ocasión del conflicto armado.
Adicionalmente, es relevante conocer el tratamiento que se dará, especialmente en la JEP, a los terceros civiles y exfuncionarios públicos que, además de estar relacionados con violaciones de los derechos humanos, participaron de actos de corrupción y que ahora están pidiendo pista en este mecanismo. ¿Cuál será el papel de la justicia transicional en la lucha contra la corrupción?
Adenda: Todas las funciones de la CEV y la JEP dependen del acceso a información. Ahora bien, en el proyecto de reforma constitucional propuesto por el Representante a la Cámara por el Centro Democrático Oscar Dario Perez Pineda se establece que la CEV y la JEP “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia” podrán acceder a información, eliminando un elemento esencial de la justicia transicional. ¿Por qué impedir a las autoridades públicas cumplir con sus funciones?
Hace una semana el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe en el que plantea, entre algunos otros asuntos de interés, la importante relación entre la justicia transicional y la lucha contra la corrupción.
En su concepto, las experiencias de Timor-Leste, Liberia y Kenia han dado un nuevo enfoque a la búsqueda de la verdad abordando los delitos económicos y la corrupción como desafíos que, en nuestro contexto, deberían ser enfrentados y combatidos con ayuda de la justicia transicional.
La Contraloría General de la República, en un informe que entregó hace un mes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha llamado la atención sobre el detrimento de los recursos públicos ocurrido en el marco del conflicto armado y, por ejemplo, ha mencionado que en el caso de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, (zonas que corresponden al Caso Nro. 2 en esta jurisdicción), en el marco de las 24 acciones de control fiscal adelantadas entre 2013 y 2017, se detectaron 159 irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de 5 mil millones de pesos, las cuales pudieron tener relación con el conflicto.
Esta situación es relevante si se tiene en cuenta que el conflicto armado permeó casi todos los sectores de poder en el país y que los actores armados reconfiguraron el territorio y sus relaciones de poder con las autoridades civiles y militares, a través del uso y abuso de los recursos públicos. Según la Contraloría, los recursos reportados en el informe entregado debían destinarse a educación, saneamiento básico y agua potable.
La justicia tiene una deuda con la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. En Colombia, según el excontralor Edgardo Maya, se pierden de los presupuestos públicos cerca de 50 billones de pesos por culpa de la corrupción. ¿Cuántos recursos se perdieron en medio del conflicto armado? ¿Cuántos de esos recursos alimentaron la guerra? ¿Cuántos se quedaron en manos de particulares? Existen pocos estudios sobre el tema.
Pues bien, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la JEP son mecanismos que deberían permitirnos acceder a la verdad sobre el uso y disposición de recursos públicos en el marco del conflicto armado y, especialmente, conocer las deficiencias estructurales del sistema presupuestal y contractual de administración pública que permitieron el uso de recursos públicos para financiar los crímenes, con el propósito de que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar la no repetición.
La persistencia de la violencia ha favorecido a los corruptos y por ello es necesario que los comparecientes ante la CEV y la JEP reconozcan verdad y responsabilidad sobre los hechos de corrupción que hayan conocido y que repercutieron directamente en las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho humanitario, así como indirectamente sobre los derechos de los colombianos que se vieron afectados por la ausencia de recursos del Estado para atender sus necesidades en materia de salud, educación, agua potable, entre otros, con ocasión del conflicto armado.
Adicionalmente, es relevante conocer el tratamiento que se dará, especialmente en la JEP, a los terceros civiles y exfuncionarios públicos que, además de estar relacionados con violaciones de los derechos humanos, participaron de actos de corrupción y que ahora están pidiendo pista en este mecanismo. ¿Cuál será el papel de la justicia transicional en la lucha contra la corrupción?
Adenda: Todas las funciones de la CEV y la JEP dependen del acceso a información. Ahora bien, en el proyecto de reforma constitucional propuesto por el Representante a la Cámara por el Centro Democrático Oscar Dario Perez Pineda se establece que la CEV y la JEP “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia” podrán acceder a información, eliminando un elemento esencial de la justicia transicional. ¿Por qué impedir a las autoridades públicas cumplir con sus funciones?