La coca, la ONU, y la región Andina

Durante el evento “Sabiduría de la Hoja” realizado en Urubamba, Perú 4/7 de febrero, y organizado por el autor Wade Davis y McKenna Academy of Natural Philosophy, hubo una discusión muy importante sobre el proceso de Examen Crítico iniciado por Bolivia y apoyado por Colombia en torno al retiro de la Hoja de Coca de la Lista Uno de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Esta lista incluye las plantas y sustancias consideradas peligrosas, como la heroína, la cocaína, entre otras, las cuales están sujetas a estrictas medidas de control y fiscalización y su uso está limitado a usos científicos y médicos.

Aunque Bolivia se retiró en el 2011 y luego se adhirió al tratado en el 2013 con reservas que permiten el uso tradicional de la hoja de coca, y en Colombia y en Perú se reconocen las prácticas y usos tradicionales, el examen crítico permite corregir un error histórico. La clasificación de la coca en la lista se basó en conceptos racistas y coloniales que en su momento consideraron la masticación de la hoja como una forma de adicción. En el evento Martin Jelsman, experto internacional sobre el tema recordó los argumentos que en su momento soportaron tal decisión:

Pablo Osvaldo Wolff (1949), medico argentino y secretario del Comité de Expertos de la OMS decía en sus informes: “El indio que no mastica hojas de coca tiene una visión clara, es inteligente, alegre, dispuesto a trabajar, vigoroso y resistente a las enfermedades; el coquero, por el contrario, es abúlico, apático, perezoso, insensible a su entorno, su mente está nublada; sus reacciones emocionales son raras y violentas, está moral e intelectualmente “anestesiado”, socialmente sometido, casi un esclavo.” Por su parte H.B. Fonda, jefe de la Comisión de Investigación de ECOSOC de 1950 sobre la hoja de coca, afirmó que masticar coca no era “solo un hábito dañino y pernicioso, sino una causa de degeneración racial de muchos grupos poblacionales y la decadencia demostrada visiblemente por numerosos habitantes indígenas e incluso mestizos de ciertas zonas de Perú y Bolivia. Nuestros estudios confirmarán la verdad de nuestras afirmaciones, y esperamos poder presentar un plan de acción racional basado en las realidades de la situación y en la experiencia sobre el terreno, para asegurar la erradicación total de este hábito pernicioso”.

Le recomendamos leer: Catatumbo: la punta del iceberg sobre el aumento del desplazamiento en Colombia

Ocho mil años de usos tradicionales de las comunidades andino-amazónicas no han sido suficientes para revertir tal agravio. Ahora la Organización Mundial de la Salud ha comisionado un estudio para revisar esta clasificación y recomendar la exclusión o no de la hoja de la coca de la lista 1.

Empezar a cuestionar este sistema anacrónico es de la mayor relevancia.

Existe una relación directa entre la forma como se libra “la guerra contra las drogas” con la inclusión de la hoja de coca en la Lista Uno de Sustancias de la Convención de 1961, junto a la cocaína, como si fueran lo mismo. Desde 1989, a partir de la Iniciativa Andina contra las drogas impulsada por el entonces presidente George Bush (padre), los esfuerzos de interdicción de los tres países, Bolivia, Perú y Colombia, se han dirigido contra los campesinos, los indígenas, además de los usuarios, micro comercializadores y cualquiera que fuera sospechosos (incluidos los migrantes). A los grandes “capos” se les extraditó a EE. UU porque no se confiaba en la justicia de nuestros países.

Así, cada año, los países andinos hemos sido objeto de una enorme presión e injerencia para que adoptemos las políticas y metas de la acción estatal bajo el enfoque de “Reducción de la Oferta”, basados en la condena y prohibición de la coca ubicada en la referida Lista, y bajo la erradicación forzosa de cultivos de coca, en cualquiera de sus modalidades: erradicación forzosa, manual, aérea, incluso control biológico. Pero también se ha medido su éxito en el número de detenidos, de presos, de extraditados, de operativos policiales y militares, bajo el peso de la cooperación norteamericana e incluso con nuestros propios recursos públicos. Si no cumplimos, somos objeto de descertificación lo que implica una sanción de orden internacional. Por allí, a lo largo de los años pasaron el “Plan Colombia”, el “Plan Patriota”, la “Iniciativa Mérida” y toda una suerte de estrategias que eran diseñadas desconociendo la naturaleza de los severos problemas socio económicos de miles de habitantes de la Amazonía sudamericana. Pero, además, esto alimentó la continuación de una visión de discriminación contra la población andina, la limitación en el ejercicio de sus derechos legítimos sobre plantas y saberes, el establecimiento de un monopolio fracasado contra los productores y usuarios tradicionales de la coca (en Perú), así como profundos procesos de militarización en diversas zonas cocaleras de la región: la región del Valle del Rio Apurímac Ene en el Perú, lleva 30 años en estado de emergencia. Lo mismo ocurre en Catatumbo, Putumayo, Cauca, y otras regiones de Colombia.

Le puede interesar: ELN anunció paro armado de 72 horas en Chocó: iniciaría el 18 de febrero

No debemos olvidar que la raíz conceptual y estratégica de este instrumento tan perverso e ineficaz está sustentado en el hecho que aceptamos casi sin chistar la condena internacional de la planta de la coca bajo argumentos falaces, errados y contradictorios. Por ello, los países Andinos debemos defender el sustento ético, mortal, jurídico, político y económico para la desclasificación definitiva de la hoja de coca como un primer paso para el desmontaje del sistema de condena de las plantas con cualidades psicoactivas. Lamentable que el Gobierno de Perú donde millones de sus habitantes usan tradicionalmente la coca, hoy no apoye esta iniciativa.

Sacar la coca de la lista 1 por supuesto tiene algunos riesgos. Algunos miembros de comunidades indígenas manifestaron que temen que la hoja sea objeto de desarrollos industriales, médicos y farmacológicos que no beneficiarían a los pueblos tradicionales que conocen sus propiedades y beneficios sino a los intereses corporativos.

Los problemas ocurridos en Colombia y otros países de la región respecto a la regulación del cannabis son un buen recordatorio de esta posibilidad. Por lo tanto, es importante desarrollar los mecanismos institucionales propios de la Comunidad Andina y otros convenios internacionales para proteger el patrimonio cultural de los pueblos y la garantizar la distribución justa de los beneficios. Uno de esos mecanismos es el Protocolo de Nagoya que Colombia, por ejemplo, está en mora de ratificar. Los derechos de los pueblos indígenas, la política ambiental y de recursos biológicos y la política de drogas, nuevamente deben estar coordinados para avanzar en un sistema más justo y coherente con las necesidades de nuestro tiempo.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.