La Comisión de la Verdad y los archivos de inteligencia
Por Jean Carlo Mejía Azuero*
A diferencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad había comenzado actividades sin sobresaltos más allá de la desconfianza evidente de un sector de la sociedad, como una prueba clara de un ambiente polarizado. En columnas anteriores hemos argumentado por qué la Comisión es el epicentro del sistema colombiano para superar un pasado violento dentro de una democracia. Pero, ¿hemos superado ese pasado? La cruda realidad diaria parecería indicar que no.
Colombia continúa en conflicto armado en todo su territorio en donde se está aplicando el derecho internacional humanitario, especialmente porque continúa existiendo el ELN y ahora con la reciente ley de sometimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO) se revalida la aplicación del uso de la fuerza de manera ofensiva, lo que implicaría incluso la posibilidad de bombardeos. Lo anterior significa que las Fuerzas Armadas siguen operando de acuerdo con su mandato constitucional y ello implica actividades de inteligencia, infiltración de organizaciones ilegales, la utilización de información clasificada de acuerdo con la ley, incluso la necesaria para capturar a los perpetradores de los terribles crímenes contra líderes sociales.
Teniendo en cuenta este contexto desafortunado, esta semana se reveló por un medio de comunicación una petición con cuarenta requerimientos presentada por la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa lo que generó un gran debate nacional en relación con la pertinencia y necesidad de algunos documentos solicitados y las repercusiones que podría tener en términos de la dignidad de los seres humanos que han realizado operaciones de inteligencia y contrainteligencia durante los últimos años y que incluso podrían seguir en esa delicada misión. Este impase generó pronunciamientos del gobierno, sectores de los retirados y del padre Francisco De Roux quien finalmente desistió de algunos requerimientos e indicó que se realizaría una nueva reunión con el Sector Defensa para precisar los alcances de la información de inteligencia y contrainteligencia pedida.
Cuando se leen y estudian las normas que estructuran el sistema de justicia para la transición en Colombia parecen redactadas para un país que estuviera tratando de indagar las causas de la violencia bélica superada como ha sucedido en la experiencia comparada. Pero ese país sólo existe en la norma y el deseo de millones y las comisiones de la verdad se presume que deben trabajar en una etapa de postacuerdo, e incluso en algunos casos en postconflicto. Desde esa perspectiva el debate en torno a las solicitudes de la Comisión de la Verdad, en este caso sobre la actuación de la inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública desnuda en términos generales situaciones muy preocupantes sobre órganos, herramientas e implicaciones del Sistema.
No obstante, volviendo al tema de los requerimientos al sector defensa quisiéramos mostrar algunos elementos importantes. El primero de ellos es que la relación de la Comisión y las Fuerzas Armadas es excelente. Desde hace más de seis meses se han realizado reuniones de acercamiento, generación de confianza y conocimiento mutuo, incluso talleres en relación con miembros de la fuerza pública víctimas como el de días anteriores en Medellín.
En segunda medida, existe plena disposición por parte del estamento militar y policial en brindar toda la información y documentación necesaria para que la Comisión cumpla una misión que hoy resulta gracias a la subsistencia de la guerra, por lo menos difícil de caracterizar y entender.
En tercer lugar, existen retos inmensos para configurar estrictos protocolos de transferencia de documentación y reserva legal sobre todo la clasificada, tal y como lo prevé la normatividad vigente (Decreto 588 de 2017) que fue revisada por una Corte Constitucional que pecó de idealista como todos los que anhelábamos el final completo del conflicto armado y que obvió el contexto evidenciado al comienzo de estas líneas (Sentencia C-017 del 2018).
Ahora bien, la Comisión tiene todo el derecho de solicitar para cumplir su mandato información incluso clasificada; pero por otra parte se desconoce si la Comisión de la Verdad cuenta con la infraestructura, los requerimientos técnicos y logísticos para recibir documentación de inteligencia y contrainteligencia de más de sesenta años, pues lo solicitado data desde 1953. Igualmente, no se encuentra claro qué significaría la eventual desclasificación e incluso publicación de información de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional sobre la normatividad relacionada con la Comisión, que precisa que los documentos que pueden demostrar graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho humanitario no admiten ningún tipo de reserva legal. Y aquí el problema se tornaría mayúsculo pues no se sabe quién calificaría y con base en qué criterios cuándo una información o documentación pública o clasificada de inteligencia prueba que se han violado o infringido derechos humanos y el derecho humanitario.
Finalmente, a nivel técnico la Comisión carece, de acuerdo con nuestra información, de personal conocedor de derecho operacional, inteligencia y contrainteligencia militar y policial, polemologos o sociólogos de la guerra, expertos en doctrina e incluso en DIH desde una concepción no antimilitarista como lo sostienen otras fuentes. Lo anterior puede incrementar la desconfianza sobre el cumplimiento transparente y objetivo de su mandato.
No hay duda que el conflicto armado en Colombia se diferencia de las dictaduras del Cono Sur que sustentaron la creación de comisiones de la verdad, o de los casos de guerras civiles centroamericanas, pero no es desconocido que se han trasplantado metodologías y experiencias que ven al Estado como el comienzo y el final de todos los males y eso evitaría construir una verdad extrajudicial y una memoria en donde nos veamos todos reflejados como nación. Con la debida independencia y respeto por las misiones constitucionales es mucho lo que deben seguir colaborando el sector militar y policial con la Comisión de la verdad. Pero por ahora, vale preguntarse ¿Estamos en otro capítulo más de una transición sin transición? Amanecerá…
*Asesor y Consultor internacional.
Por Jean Carlo Mejía Azuero*
A diferencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad había comenzado actividades sin sobresaltos más allá de la desconfianza evidente de un sector de la sociedad, como una prueba clara de un ambiente polarizado. En columnas anteriores hemos argumentado por qué la Comisión es el epicentro del sistema colombiano para superar un pasado violento dentro de una democracia. Pero, ¿hemos superado ese pasado? La cruda realidad diaria parecería indicar que no.
Colombia continúa en conflicto armado en todo su territorio en donde se está aplicando el derecho internacional humanitario, especialmente porque continúa existiendo el ELN y ahora con la reciente ley de sometimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO) se revalida la aplicación del uso de la fuerza de manera ofensiva, lo que implicaría incluso la posibilidad de bombardeos. Lo anterior significa que las Fuerzas Armadas siguen operando de acuerdo con su mandato constitucional y ello implica actividades de inteligencia, infiltración de organizaciones ilegales, la utilización de información clasificada de acuerdo con la ley, incluso la necesaria para capturar a los perpetradores de los terribles crímenes contra líderes sociales.
Teniendo en cuenta este contexto desafortunado, esta semana se reveló por un medio de comunicación una petición con cuarenta requerimientos presentada por la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa lo que generó un gran debate nacional en relación con la pertinencia y necesidad de algunos documentos solicitados y las repercusiones que podría tener en términos de la dignidad de los seres humanos que han realizado operaciones de inteligencia y contrainteligencia durante los últimos años y que incluso podrían seguir en esa delicada misión. Este impase generó pronunciamientos del gobierno, sectores de los retirados y del padre Francisco De Roux quien finalmente desistió de algunos requerimientos e indicó que se realizaría una nueva reunión con el Sector Defensa para precisar los alcances de la información de inteligencia y contrainteligencia pedida.
Cuando se leen y estudian las normas que estructuran el sistema de justicia para la transición en Colombia parecen redactadas para un país que estuviera tratando de indagar las causas de la violencia bélica superada como ha sucedido en la experiencia comparada. Pero ese país sólo existe en la norma y el deseo de millones y las comisiones de la verdad se presume que deben trabajar en una etapa de postacuerdo, e incluso en algunos casos en postconflicto. Desde esa perspectiva el debate en torno a las solicitudes de la Comisión de la Verdad, en este caso sobre la actuación de la inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública desnuda en términos generales situaciones muy preocupantes sobre órganos, herramientas e implicaciones del Sistema.
No obstante, volviendo al tema de los requerimientos al sector defensa quisiéramos mostrar algunos elementos importantes. El primero de ellos es que la relación de la Comisión y las Fuerzas Armadas es excelente. Desde hace más de seis meses se han realizado reuniones de acercamiento, generación de confianza y conocimiento mutuo, incluso talleres en relación con miembros de la fuerza pública víctimas como el de días anteriores en Medellín.
En segunda medida, existe plena disposición por parte del estamento militar y policial en brindar toda la información y documentación necesaria para que la Comisión cumpla una misión que hoy resulta gracias a la subsistencia de la guerra, por lo menos difícil de caracterizar y entender.
En tercer lugar, existen retos inmensos para configurar estrictos protocolos de transferencia de documentación y reserva legal sobre todo la clasificada, tal y como lo prevé la normatividad vigente (Decreto 588 de 2017) que fue revisada por una Corte Constitucional que pecó de idealista como todos los que anhelábamos el final completo del conflicto armado y que obvió el contexto evidenciado al comienzo de estas líneas (Sentencia C-017 del 2018).
Ahora bien, la Comisión tiene todo el derecho de solicitar para cumplir su mandato información incluso clasificada; pero por otra parte se desconoce si la Comisión de la Verdad cuenta con la infraestructura, los requerimientos técnicos y logísticos para recibir documentación de inteligencia y contrainteligencia de más de sesenta años, pues lo solicitado data desde 1953. Igualmente, no se encuentra claro qué significaría la eventual desclasificación e incluso publicación de información de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional sobre la normatividad relacionada con la Comisión, que precisa que los documentos que pueden demostrar graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho humanitario no admiten ningún tipo de reserva legal. Y aquí el problema se tornaría mayúsculo pues no se sabe quién calificaría y con base en qué criterios cuándo una información o documentación pública o clasificada de inteligencia prueba que se han violado o infringido derechos humanos y el derecho humanitario.
Finalmente, a nivel técnico la Comisión carece, de acuerdo con nuestra información, de personal conocedor de derecho operacional, inteligencia y contrainteligencia militar y policial, polemologos o sociólogos de la guerra, expertos en doctrina e incluso en DIH desde una concepción no antimilitarista como lo sostienen otras fuentes. Lo anterior puede incrementar la desconfianza sobre el cumplimiento transparente y objetivo de su mandato.
No hay duda que el conflicto armado en Colombia se diferencia de las dictaduras del Cono Sur que sustentaron la creación de comisiones de la verdad, o de los casos de guerras civiles centroamericanas, pero no es desconocido que se han trasplantado metodologías y experiencias que ven al Estado como el comienzo y el final de todos los males y eso evitaría construir una verdad extrajudicial y una memoria en donde nos veamos todos reflejados como nación. Con la debida independencia y respeto por las misiones constitucionales es mucho lo que deben seguir colaborando el sector militar y policial con la Comisión de la verdad. Pero por ahora, vale preguntarse ¿Estamos en otro capítulo más de una transición sin transición? Amanecerá…
*Asesor y Consultor internacional.