La disputa por la ciudad

Las protestas sociales que se presentaron en el marco del Paro Nacional dejaron ver no solo las heridas estructurales que padece nuestro país, sino también las disímiles y antagónicas representaciones sociales que tenemos como sociedad. Toda comunidad se construye sobre la base de los conflictos y las diferencias, nuestro país no es la excepción. La cuestión es que en la construcción de “nuestra propia identidad” ha primado la intolerancia, un débil reconocimiento a la diversidad de opiniones y la disputa por los espacios públicos para defender intereses privados.

Es evidente, y cada vez mayor, el distanciamiento entre gobernantes y ciudadanos, incluso, entre estos últimos consigo mismos. El estallido social que se vivió en diferentes ciudades del país dejó en claro que las organizaciones políticas y sus líderes no logran contribuir con el trámite a las tensiones y los conflictos que se están presentando. Cada sector, grupo o actor político está en la búsqueda de lograr dar respuesta a sus problemáticas, intereses, deseos y motivaciones. Sin embargo, la apuesta por un Estado Nación más fuerte, más equitativo, donde todos y todas pertenezcamos, es aún débil. Esa apuesta social de la Constitución Nacional del 91 por un contrato social colectivo, incluyente, pluralista, participativo y democrático, es de lejos, un proyecto inacabado. En definitiva, determinados sectores por hacer realidad y concretar sus deseos e intereses han generado resultados perversos. Con la privatización de lo público y al establecer un orden social, político y económico, excluyente y lleno de privilegios, se profundizó la exclusión política y la inequidad social.

En el marco de la protesta social, al tomar fuerza repertorios de contención como las primeras líneas, se evidenciaron múltiples formas de resignificación de ese espacio, tan complejo de definir, como es lo público. Para las y los jóvenes de las primeras líneas y sus simpatizantes, el Paro Nacional y las protestas sociales fueron el pretexto indicado para generar un cambio en los usos y significados que se le venían dando a los espacios públicos. La calle pasó del tránsito y la movilidad, a convertirse en espacios de resistencia. Lugares emblemáticos de las ciudades que hacían parte de la historia oficial fueron reusados y resignificados, lo que para algunos significó su “profanación”.

En diferentes ciudades del país estatuas icónicas fueron derribadas. La de Sebastián de Belalcázar en Cali, la del expresidente conservador Misael Pastrana ubicada en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila; en Manizales la figura del conservador Gilberto Alzate Avendaño y en Pasto la estatua de Antonio Nariño. Fueron actos adelantados por diferentes sectores sociales que, al expresar su rechazo político derribando monumentos, dejaban en claro que esas imágenes han ocultado, a lo largo de la historia, a los marginados y olvidados. En últimas, son actos que evidencian la necesidad de reescribir, relatar y mostrar otra historia, esa que quizás no hemos visto y que requiere ser conocida. En definitiva, entre las narrativas de la historia oficial y las “otras historias” no existe mediación alguna.

Pero el asunto no paró allí. Ese era sola la punta del iceberg, pues lo que se esconde dentro de esa gran masa de tempano de hielo son las grietas sociales, económicas y políticas que permean nuestra sociedad. Lugares considerados tradicionales resignificaron sus usos. En Cali, la conocida Loma de la Cruz comenzó a denominarse la Loma de la Dignidad. Pasó de ser un espacio de turismo y recreación, al debate ciudadano.

Un lugar como Puerto Rellena, una de las entradas más concurridas de acceso al reconocido Distrito de Aguablanca, pasó a nombrarse Puerto Resistencia, lugar de referencia y punto crítico del enfrentamiento entre jóvenes y Fuerza Pública. Igualmente ocurrió en Bogotá con el Portal de las Américas que ahora se conoce como Portal de la Resistencia; en Medellín, el Parque de los Deseos pasó a ser el Parque de la Resistencia y en Pereira el viaducto Cesar Gaviria Trujillo fue rebautizado como viaducto Lucas Villa. Todos lugares emblemáticos que fueron resignificados como mecanismo de expresión ciudadana y debate público.

La resignificación de los espacios públicos en las ciudades ha ido más allá. Las paredes y muros se convirtieron en el espacio de disputa. Mientras que, para sectores juveniles, artísticos, ambientales, LGTBIQ+, la pared fue ese espacio público para expresar la reivindicación de sus derechos y visibilizar las graves violaciones de la fuerza pública contra los protestantes. La respuesta de sectores sociales más conservadores, tradicionales, protectores del statu quo, fue el repintar esos espacios coloridos con tonos grises y blancos. Al buscar representar socialmente una limpieza aparente, una pulcritud irreal, olvidaron que, en sus andenes, debajo de sus puentes y alcantarillas y en los edificios abandonados se esconden las miserias propias de las ciudades.

Y es que estas situaciones, la resignificación y el recambio en los usos de lo público, no sucedió solo en Colombia. En países como Chile, con la denominada Revolución Pingüina, así como en Francia con las revueltas generadas por los hijos e hijas de hogares inmigrantes, son expresiones colectivas que hacen uso de repertorios novedosos de acción colectiva. Sin embargo, en Colombia los significados que se le confieren a los usos que se le dan al espacio público y los conflictos que se están generando por su disputa son diferentes. El problema desborda la vieja e inoficiosa discusión sobre civismo que, en una ciudad como Cali, ha sido malentendida como las normas del “buen” comportamiento y del buen “vivir”. Al contrario, se trata de un conflicto entre aquellos actores que defiende un orden previamente establecido, donde todo está bien y nada debe cambiar, en pugna con la autodenominada generación “del nada tiene que perder” que busca dejar en evidencia la inequidad social y la exclusión política que están padeciendo.

La disputa por el espacio público es también la disputa por el derecho a la ciudad. Y ese es uno de los derechos que siempre ha estado en juego. Los habitantes urbanos, particularmente los y las jóvenes, están haciendo un llamado para construir, decidir y recrear la ciudad de forma diferente. No podemos dejarnos llevar por la falsa sensación de tranquilidad. Si bien la protesta social ha disminuido en intensidad, no obstante, sí los problemas no se resuelven, por más cansancio que hayamos sentido y el miedo de su aparición, debemos tener en claro que seguramente el estallido social volverá a resurgir y, esta vez, con mayor intensidad.

La explosión de las luchas urbanas juveniles es el “nuevo” foco de tensión de la gestión pública. Seguramente es en esa arena política donde el interés de los actores políticos se centrará en la contienda electoral para elecciones al Congreso y Presidencia que se adelantarán el año próximo en Colombia. Ojalá que en esas discusiones los y las jóvenes se conviertan en los protagonistas centrales. Esperemos que los candidatos no oigan solo a medias lo que les conviene escuchar o, peor aún, que después de elegidos hagan como el avestruz, al primer intento de paro o estallido social que resurja, escondan su cabeza en el hueco de la comodidad de las oficinas públicas que habitarán por cuatro años.

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).

Las protestas sociales que se presentaron en el marco del Paro Nacional dejaron ver no solo las heridas estructurales que padece nuestro país, sino también las disímiles y antagónicas representaciones sociales que tenemos como sociedad. Toda comunidad se construye sobre la base de los conflictos y las diferencias, nuestro país no es la excepción. La cuestión es que en la construcción de “nuestra propia identidad” ha primado la intolerancia, un débil reconocimiento a la diversidad de opiniones y la disputa por los espacios públicos para defender intereses privados.

Es evidente, y cada vez mayor, el distanciamiento entre gobernantes y ciudadanos, incluso, entre estos últimos consigo mismos. El estallido social que se vivió en diferentes ciudades del país dejó en claro que las organizaciones políticas y sus líderes no logran contribuir con el trámite a las tensiones y los conflictos que se están presentando. Cada sector, grupo o actor político está en la búsqueda de lograr dar respuesta a sus problemáticas, intereses, deseos y motivaciones. Sin embargo, la apuesta por un Estado Nación más fuerte, más equitativo, donde todos y todas pertenezcamos, es aún débil. Esa apuesta social de la Constitución Nacional del 91 por un contrato social colectivo, incluyente, pluralista, participativo y democrático, es de lejos, un proyecto inacabado. En definitiva, determinados sectores por hacer realidad y concretar sus deseos e intereses han generado resultados perversos. Con la privatización de lo público y al establecer un orden social, político y económico, excluyente y lleno de privilegios, se profundizó la exclusión política y la inequidad social.

En el marco de la protesta social, al tomar fuerza repertorios de contención como las primeras líneas, se evidenciaron múltiples formas de resignificación de ese espacio, tan complejo de definir, como es lo público. Para las y los jóvenes de las primeras líneas y sus simpatizantes, el Paro Nacional y las protestas sociales fueron el pretexto indicado para generar un cambio en los usos y significados que se le venían dando a los espacios públicos. La calle pasó del tránsito y la movilidad, a convertirse en espacios de resistencia. Lugares emblemáticos de las ciudades que hacían parte de la historia oficial fueron reusados y resignificados, lo que para algunos significó su “profanación”.

En diferentes ciudades del país estatuas icónicas fueron derribadas. La de Sebastián de Belalcázar en Cali, la del expresidente conservador Misael Pastrana ubicada en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila; en Manizales la figura del conservador Gilberto Alzate Avendaño y en Pasto la estatua de Antonio Nariño. Fueron actos adelantados por diferentes sectores sociales que, al expresar su rechazo político derribando monumentos, dejaban en claro que esas imágenes han ocultado, a lo largo de la historia, a los marginados y olvidados. En últimas, son actos que evidencian la necesidad de reescribir, relatar y mostrar otra historia, esa que quizás no hemos visto y que requiere ser conocida. En definitiva, entre las narrativas de la historia oficial y las “otras historias” no existe mediación alguna.

Pero el asunto no paró allí. Ese era sola la punta del iceberg, pues lo que se esconde dentro de esa gran masa de tempano de hielo son las grietas sociales, económicas y políticas que permean nuestra sociedad. Lugares considerados tradicionales resignificaron sus usos. En Cali, la conocida Loma de la Cruz comenzó a denominarse la Loma de la Dignidad. Pasó de ser un espacio de turismo y recreación, al debate ciudadano.

Un lugar como Puerto Rellena, una de las entradas más concurridas de acceso al reconocido Distrito de Aguablanca, pasó a nombrarse Puerto Resistencia, lugar de referencia y punto crítico del enfrentamiento entre jóvenes y Fuerza Pública. Igualmente ocurrió en Bogotá con el Portal de las Américas que ahora se conoce como Portal de la Resistencia; en Medellín, el Parque de los Deseos pasó a ser el Parque de la Resistencia y en Pereira el viaducto Cesar Gaviria Trujillo fue rebautizado como viaducto Lucas Villa. Todos lugares emblemáticos que fueron resignificados como mecanismo de expresión ciudadana y debate público.

La resignificación de los espacios públicos en las ciudades ha ido más allá. Las paredes y muros se convirtieron en el espacio de disputa. Mientras que, para sectores juveniles, artísticos, ambientales, LGTBIQ+, la pared fue ese espacio público para expresar la reivindicación de sus derechos y visibilizar las graves violaciones de la fuerza pública contra los protestantes. La respuesta de sectores sociales más conservadores, tradicionales, protectores del statu quo, fue el repintar esos espacios coloridos con tonos grises y blancos. Al buscar representar socialmente una limpieza aparente, una pulcritud irreal, olvidaron que, en sus andenes, debajo de sus puentes y alcantarillas y en los edificios abandonados se esconden las miserias propias de las ciudades.

Y es que estas situaciones, la resignificación y el recambio en los usos de lo público, no sucedió solo en Colombia. En países como Chile, con la denominada Revolución Pingüina, así como en Francia con las revueltas generadas por los hijos e hijas de hogares inmigrantes, son expresiones colectivas que hacen uso de repertorios novedosos de acción colectiva. Sin embargo, en Colombia los significados que se le confieren a los usos que se le dan al espacio público y los conflictos que se están generando por su disputa son diferentes. El problema desborda la vieja e inoficiosa discusión sobre civismo que, en una ciudad como Cali, ha sido malentendida como las normas del “buen” comportamiento y del buen “vivir”. Al contrario, se trata de un conflicto entre aquellos actores que defiende un orden previamente establecido, donde todo está bien y nada debe cambiar, en pugna con la autodenominada generación “del nada tiene que perder” que busca dejar en evidencia la inequidad social y la exclusión política que están padeciendo.

La disputa por el espacio público es también la disputa por el derecho a la ciudad. Y ese es uno de los derechos que siempre ha estado en juego. Los habitantes urbanos, particularmente los y las jóvenes, están haciendo un llamado para construir, decidir y recrear la ciudad de forma diferente. No podemos dejarnos llevar por la falsa sensación de tranquilidad. Si bien la protesta social ha disminuido en intensidad, no obstante, sí los problemas no se resuelven, por más cansancio que hayamos sentido y el miedo de su aparición, debemos tener en claro que seguramente el estallido social volverá a resurgir y, esta vez, con mayor intensidad.

La explosión de las luchas urbanas juveniles es el “nuevo” foco de tensión de la gestión pública. Seguramente es en esa arena política donde el interés de los actores políticos se centrará en la contienda electoral para elecciones al Congreso y Presidencia que se adelantarán el año próximo en Colombia. Ojalá que en esas discusiones los y las jóvenes se conviertan en los protagonistas centrales. Esperemos que los candidatos no oigan solo a medias lo que les conviene escuchar o, peor aún, que después de elegidos hagan como el avestruz, al primer intento de paro o estallido social que resurja, escondan su cabeza en el hueco de la comodidad de las oficinas públicas que habitarán por cuatro años.

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).