La fórmula de garrote y zanahoria del gobierno frente al Paro Nacional
En Colombia, a diferencia del resto de Suramérica, la protesta social en el pasado reciente siempre ha estado marcada por el conflicto armado interno. Desde las movilizaciones de la ANUC, el Paro del 77, hasta las movilizaciones sindicales de los 80s, el entorno de su desarrollo y desenlace tuvo como telón de fondo la lucha armada y la violencia.
Debido a ello, la protesta social, en su mayoría, ha sido contenida con una fuerte represión estatal y diluida en un tufillo de insurrección armada en contra de la institucionalidad. Las sindicaciones de infiltraciones de las guerrillas en las movilizaciones siempre han intentado poner en tela de juicio sus objetivos y organizadores. Por ello, a diferencia de otros países, en Colombia no se consolidó una fuerte cultura de la protesta e incluso, en gran parte de la población aún persiste un imaginario de la protesta como algo ajeno y más bien propio de grupos minoritarios ligados a la izquierda.
Siempre estuvo presente un miedo al desbarajuste gubernamental, sumado al temor de la toma del poder por parte las guerrillas, lo que generó una respuesta de los gobiernos de turno al estilo “garrote y zanahoria”, con tal de mantener el statu quo.
A pesar de algunos triunfos parciales como el aumento de salario en el 77, la moderación en ciertas políticas de estado, la descentralización y la apertura democrática en los 90’s y más recientemente, los acuerdos con el movimiento campesino y los estudiantes, en el ambiente siempre quedó una sensación “antiestablishment” de los organizadores, lo que permitió violaciones a los derechos humanos y mucha moderación de las repuestas hacia las reivindicaciones propuestas. Una mezcla de estigmatización, represión y concesiones.
Con el advenimiento de la Constitución del 91 se recrudeció el conflicto, al mismo tiempo que se dieron grandes reformas producto del nuevo esquema del Estado Social de Derecho, imponiéndose una suerte de combinación de factores que hizo que disminuyera la movilización social como forma de expresión ciudadana democrática. También la promoción de mecanismos y espacios institucionales de participación, galvanizaron de alguna manera el malestar social disminuyendo sustancialmente las protestas sociales.
La situación actual, en cambio, es distinta. Superado el conflicto armado con las FARC y en presencia de una persistente desigualdad, ocurre la emergencia de nuevas reivindicaciones y protestas. Teniendo en cuenta que en el Punto 2 de los Acuerdos de Paz se planteó la importancia de las garantías para la participación ciudadana y la protesta social, era previsible la aparición de solicitudes ciudadanas por las vías alternas.
La inconformidad de quienes protestan se debe, en mayor medida, a la evidente situación de desigualdad social existente en el país, lo que deja entrever que las movilizaciones responden a la falta de desarrollo de dos fundamentos de la Constitución Política: el Estado social de derecho y la democracia participativa.
El ambiente internacional también sopla a favor de las manifestaciones; a las marchas ciudadanas de Ecuador se sumaron las protestas generalizadas en Chile, las cuales terminaron en la modificación de las políticas para el primero y el llamado a una constituyente en el segundo. Resultados tangibles. En ninguno de los dos casos hubo inestabilidad institucional.
A pesar de todo, la receta del gobierno nacional para enfrentar el actual paro nacional es la misma utilizada en el contexto del conflicto armado: Primero se intentó deslegitimar la protesta, ya no vinculándola al conflicto armado sino a una conspiración internacional liderada supuestamente por el Foro de Sao Paulo para desestabilizar las instituciones. Igualmente, se buscó estigmatizar el paro, relacionándolo con unos hechos vandálicos orquestados, tal como lo afirmó el propio alcalde de Bogotá.
En segundo lugar, la respuesta del gobierno fue la de optar por la represión arbitraria de las protestas, enviando al ESMAD a dispersar las movilizaciones pacíficas. Finalmente, parece abrirse paso a una tercera fase de posibilidad de concesiones, aunque luce hasta ahora bastante compleja: Por un lado, el gobierno le apuesta a una conversación que no necesariamente implica diálogo y, por ende, negociación; y por el otro lado, impulsa desde el congreso reformas y leyes que van en contravía de las exigencias del Paro.
Los resultados son inciertos, pero todo parece indicar que la vieja fórmula del garrote y zanahoria no va a funcionar debido a tres factores fundamentales: Hoy día es muy difícil la estigmatización, pues las redes sociales ayudan a contener la represión y la visibilidad de las victorias de las movilizaciones internacionales aumentaron las expectativas de los sectores sociales en Colombia.
Por otro lado, los cacerolazos son una muestra que el malestar está fuertemente arraigado en la ciudadanía y si no hay respuestas pueden aflorar las movilizaciones con más fuerza. Lo que ha ocurrido en otros países es una especie de fenómeno represa en donde más grupos sociales se fueron sumando a las manifestaciones en la medida que no hubo una rápida respuesta a las solicitudes ciudadanas.
El país, las condiciones, instrumentos y el contexto internacional de la nueva ola de protestas son inéditas en cuanto a sus desarrollo y desenlace. Se requiere de nuevas lecturas y formas de actuación desde una visión moderna de este tipo de fenómenos. ¿Está preparado el gobierno, la sociedad y los manifestantes para afrontar estos nuevos retos?
La Fundación Foro Nacional por Colombia es una organización civil no gubernamental sin ánimo de lucro, creada en 1982 por iniciativa de intelectuales colombianos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la justicia social, la paz y la convivencia. El propósito de nuestro trabajo es crear las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía activa con capacidad de incidencia en los asuntos públicos. El pluralismo, la participación ciudadana, la concertación democrática, la corresponsabilidad y la solidaridad son la base para el desarrollo de nuestra misión, con un enfoque diferencial (de género, generación y etnia). Desde sus inicios, Foro rechazó la violencia como forma de acción política. Por ello cobijó la propuesta de una salida negociada al conflicto armado y del fomento de una cultura democrática. Luego de la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, Foro ha orientado su quehacer hacia el objetivo estratégico de contribuir a la construcción de la paz y la convivencia en Colombia. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).
En Colombia, a diferencia del resto de Suramérica, la protesta social en el pasado reciente siempre ha estado marcada por el conflicto armado interno. Desde las movilizaciones de la ANUC, el Paro del 77, hasta las movilizaciones sindicales de los 80s, el entorno de su desarrollo y desenlace tuvo como telón de fondo la lucha armada y la violencia.
Debido a ello, la protesta social, en su mayoría, ha sido contenida con una fuerte represión estatal y diluida en un tufillo de insurrección armada en contra de la institucionalidad. Las sindicaciones de infiltraciones de las guerrillas en las movilizaciones siempre han intentado poner en tela de juicio sus objetivos y organizadores. Por ello, a diferencia de otros países, en Colombia no se consolidó una fuerte cultura de la protesta e incluso, en gran parte de la población aún persiste un imaginario de la protesta como algo ajeno y más bien propio de grupos minoritarios ligados a la izquierda.
Siempre estuvo presente un miedo al desbarajuste gubernamental, sumado al temor de la toma del poder por parte las guerrillas, lo que generó una respuesta de los gobiernos de turno al estilo “garrote y zanahoria”, con tal de mantener el statu quo.
A pesar de algunos triunfos parciales como el aumento de salario en el 77, la moderación en ciertas políticas de estado, la descentralización y la apertura democrática en los 90’s y más recientemente, los acuerdos con el movimiento campesino y los estudiantes, en el ambiente siempre quedó una sensación “antiestablishment” de los organizadores, lo que permitió violaciones a los derechos humanos y mucha moderación de las repuestas hacia las reivindicaciones propuestas. Una mezcla de estigmatización, represión y concesiones.
Con el advenimiento de la Constitución del 91 se recrudeció el conflicto, al mismo tiempo que se dieron grandes reformas producto del nuevo esquema del Estado Social de Derecho, imponiéndose una suerte de combinación de factores que hizo que disminuyera la movilización social como forma de expresión ciudadana democrática. También la promoción de mecanismos y espacios institucionales de participación, galvanizaron de alguna manera el malestar social disminuyendo sustancialmente las protestas sociales.
La situación actual, en cambio, es distinta. Superado el conflicto armado con las FARC y en presencia de una persistente desigualdad, ocurre la emergencia de nuevas reivindicaciones y protestas. Teniendo en cuenta que en el Punto 2 de los Acuerdos de Paz se planteó la importancia de las garantías para la participación ciudadana y la protesta social, era previsible la aparición de solicitudes ciudadanas por las vías alternas.
La inconformidad de quienes protestan se debe, en mayor medida, a la evidente situación de desigualdad social existente en el país, lo que deja entrever que las movilizaciones responden a la falta de desarrollo de dos fundamentos de la Constitución Política: el Estado social de derecho y la democracia participativa.
El ambiente internacional también sopla a favor de las manifestaciones; a las marchas ciudadanas de Ecuador se sumaron las protestas generalizadas en Chile, las cuales terminaron en la modificación de las políticas para el primero y el llamado a una constituyente en el segundo. Resultados tangibles. En ninguno de los dos casos hubo inestabilidad institucional.
A pesar de todo, la receta del gobierno nacional para enfrentar el actual paro nacional es la misma utilizada en el contexto del conflicto armado: Primero se intentó deslegitimar la protesta, ya no vinculándola al conflicto armado sino a una conspiración internacional liderada supuestamente por el Foro de Sao Paulo para desestabilizar las instituciones. Igualmente, se buscó estigmatizar el paro, relacionándolo con unos hechos vandálicos orquestados, tal como lo afirmó el propio alcalde de Bogotá.
En segundo lugar, la respuesta del gobierno fue la de optar por la represión arbitraria de las protestas, enviando al ESMAD a dispersar las movilizaciones pacíficas. Finalmente, parece abrirse paso a una tercera fase de posibilidad de concesiones, aunque luce hasta ahora bastante compleja: Por un lado, el gobierno le apuesta a una conversación que no necesariamente implica diálogo y, por ende, negociación; y por el otro lado, impulsa desde el congreso reformas y leyes que van en contravía de las exigencias del Paro.
Los resultados son inciertos, pero todo parece indicar que la vieja fórmula del garrote y zanahoria no va a funcionar debido a tres factores fundamentales: Hoy día es muy difícil la estigmatización, pues las redes sociales ayudan a contener la represión y la visibilidad de las victorias de las movilizaciones internacionales aumentaron las expectativas de los sectores sociales en Colombia.
Por otro lado, los cacerolazos son una muestra que el malestar está fuertemente arraigado en la ciudadanía y si no hay respuestas pueden aflorar las movilizaciones con más fuerza. Lo que ha ocurrido en otros países es una especie de fenómeno represa en donde más grupos sociales se fueron sumando a las manifestaciones en la medida que no hubo una rápida respuesta a las solicitudes ciudadanas.
El país, las condiciones, instrumentos y el contexto internacional de la nueva ola de protestas son inéditas en cuanto a sus desarrollo y desenlace. Se requiere de nuevas lecturas y formas de actuación desde una visión moderna de este tipo de fenómenos. ¿Está preparado el gobierno, la sociedad y los manifestantes para afrontar estos nuevos retos?
La Fundación Foro Nacional por Colombia es una organización civil no gubernamental sin ánimo de lucro, creada en 1982 por iniciativa de intelectuales colombianos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la justicia social, la paz y la convivencia. El propósito de nuestro trabajo es crear las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía activa con capacidad de incidencia en los asuntos públicos. El pluralismo, la participación ciudadana, la concertación democrática, la corresponsabilidad y la solidaridad son la base para el desarrollo de nuestra misión, con un enfoque diferencial (de género, generación y etnia). Desde sus inicios, Foro rechazó la violencia como forma de acción política. Por ello cobijó la propuesta de una salida negociada al conflicto armado y del fomento de una cultura democrática. Luego de la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, Foro ha orientado su quehacer hacia el objetivo estratégico de contribuir a la construcción de la paz y la convivencia en Colombia. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).