Dos hechos pusieron a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo en las noticias: la muerte de Gavilán, señalado de ser el supuesto segundo al mando de este grupo; y el video de Otoniel, quien, uniformado y proclamándose como comandante del estado mayor de las AGC, dice tener unidad de mando y la voluntad de acogerse a la justicia, siempre y cuando estén dadas “las condiciones” para “suspender todas las actividades ilegales.” Estos dos acontecimientos, que se dan paralelamente al anuncio sobre el cese bilateral y temporal entre el Estado colombiano y el ELN, permiten poner sobre la mesa tres aspectos:
Del ideal de un anhelado proceso de paz a la medida, a la realidad de un acogimiento ordinario. No es la primera vez que los grupos que persistieron y emergieron posterior a la desmovilización parcial de las AUC o estructuras del crimen organizado, como las oficinas de cobro de grandes ciudades, buscan un acercamiento con el Estado colombiano. En esta oportunidad llama la atención que la figura más visible de las AGC no este pidiendo pista para un proceso de paz, sino que esté tocando la puerta para someterse o acogerse a la justicia ordinaria. Claro, bajo los mecanismos puntuales a los que se llegue con este grupo, que seguramente serán parte del proyecto de ley que viene elaborando el gobierno como parte de la implementación del Acuerdo de Paz.
Precisamente, el desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo es uno de los pilares fundamentales del acuerdo con las FARC, el cual señala, en el punto 3.4.13, la necesidad de promover el acogimiento de estas organizaciones. En esta medida, lograr un acogimiento de las AGC o de su gran mayoría sería un claro mensaje de cumplimiento a lo acordado en La Habana y un mensaje al proceso con el ELN, grupo que observa atento el desmonte de estos grupos.
El proceso de acogimiento de este grupo tendría que ser lo suficientemente flexible para que trascienda la aceptación de delitos, entrega de bienes y de rutas del narcotráfico. Además de la individualización y judicialización, los debates que se avizoran con este grupo estarían relacionados con los mecanismos de participación de sus víctimas, las medidas de reparación y, ante todo, la estrategia de resocialización –y no tanto reintegración– de sus integrantes que fue uno de los nudos gordianos en las etapas tempranas del proceso de sometimiento con las AUC.
¿Se acogerán todas la AGC? Quizá no. En un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, advertimos que el estado actual de las AGC dista de ser del de una estructura con presencia sostenida en grandes extensiones del país, en términos territoriales y militares. Enfatizamos en dos de sus dimensiones: la armada y política, con injerencia en Urabá, sur de Córdoba, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y Chocó; y la de subcontratación, que se expresa principalmente en ciudades capitales y en regiones como los Llanos Orientales, el Catatumbo, Putumayo, y se “ancla” en grupos de menor envergadura, pero con redes sociales robustas y recursos de todo tipo para permitir el accionar de las AGC.
Precisamente, las lógicas de subcontratación obedecen a la adaptación de este grupo a la acción del Estado, dado los resultados de las Operaciones Agamenón I y II, que han sido exitosas en frenar sus intentos de expansión a zonas del país lejanas del Urabá. Pero esta fragmentación organizacional supone serios retos para un acogimiento más o menos integral de parte de un grupo menos cohesionado de lo que aparenta ser. Realmente ya no se sabe con certeza quiénes son AGC, quiénes usan la marca, quiénes realmente obedecen a Otoniel o quienes montaron franquicia aparte, como sería el caso de las AGC del pacífico nariñense al mando de ‘Cusumbo’.
Sí: el componente más representativo probablemente lo hará, con todos los impactos positivos para la población, en especial, en zonas como el centro y sur de Chocó. En esta medida, es necesario que el diseño del acogimiento reconozca la realidad de estas estructuras armadas más difusas, a lo que se suman aspectos exógenos pero igualmente importantes para asfixiar las posibilidades de estos grupos que recogen estelas de ciclos de violencia de más de tres décadas: las dificultades del Estado, en el corto plazo, de copar efectivamente las regiones dejadas por grupos armados de cualquier índole y, en el largo plazo, en disponer de estrategias de transformación de los territorios (misión que claramente no recae en la fuerza pública).
No se pueden repetir malas experiencias del pasado y hay que ir más allá de la estructura. El acogimiento debe brindar las herramientas para que se garantice la transición de los integrantes de las AGC a la vida civil a cambio de colaboración sustancial. El último proceso de acogimiento masivo fue en 2011 con el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (ERPAC), que tuvo presencia en Meta, Vichada y Guaviare. Este proceso tuvo muchos obstáculos, pues el Estado no contaba con las capacidades y herramientas para judicializar eficazmente a los integrantes de este grupo. De hecho, es bien sabido que muchos de ellos no sólo no pagaron por su delitos, sino que rápidamente se reencaucharon en los grupos que persisten en esa región del país, como los “Puntilleros”, de Meta y de Vichada, y las AGC en la zona de Mapiripán.
Sumada la necesidad de la flexibilidad, habría entonces una oportunidad para que dichas experiencias no se repitan y para apartarnos del hábito de pensamiento, según el cual, se deben separar tajantemente las esferas del Estado y del crimen, siendo la primera impoluta y la segunda la que permea y corrompe. Si algo ha mostrado las AGC es tener un gran poder corruptor que se alimenta, en doble vía, de servidores públicos en todas las esferas, quienes se asemejan más a verdaderas empresas criminales (estatales). Bajo esta realidad, el acogimiento de gran parte de las AGC deberá pasar por develar no sólo lo obvio, si también las redes que oxigenan, dentro del Estado, a las AGC.
¿Habrá voluntad política para promover una confesión de ‘Otoniel’ o de sus mandos sobre cómo operan dichas redes con los operadores judiciales, integrantes de la fuerza pública, demás servidores públicos e, incluso, con el sector privado? Ahí estaría el verdadero desmonte.
*Director del área de dinámicas de conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz
Dos hechos pusieron a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo en las noticias: la muerte de Gavilán, señalado de ser el supuesto segundo al mando de este grupo; y el video de Otoniel, quien, uniformado y proclamándose como comandante del estado mayor de las AGC, dice tener unidad de mando y la voluntad de acogerse a la justicia, siempre y cuando estén dadas “las condiciones” para “suspender todas las actividades ilegales.” Estos dos acontecimientos, que se dan paralelamente al anuncio sobre el cese bilateral y temporal entre el Estado colombiano y el ELN, permiten poner sobre la mesa tres aspectos:
Del ideal de un anhelado proceso de paz a la medida, a la realidad de un acogimiento ordinario. No es la primera vez que los grupos que persistieron y emergieron posterior a la desmovilización parcial de las AUC o estructuras del crimen organizado, como las oficinas de cobro de grandes ciudades, buscan un acercamiento con el Estado colombiano. En esta oportunidad llama la atención que la figura más visible de las AGC no este pidiendo pista para un proceso de paz, sino que esté tocando la puerta para someterse o acogerse a la justicia ordinaria. Claro, bajo los mecanismos puntuales a los que se llegue con este grupo, que seguramente serán parte del proyecto de ley que viene elaborando el gobierno como parte de la implementación del Acuerdo de Paz.
Precisamente, el desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo es uno de los pilares fundamentales del acuerdo con las FARC, el cual señala, en el punto 3.4.13, la necesidad de promover el acogimiento de estas organizaciones. En esta medida, lograr un acogimiento de las AGC o de su gran mayoría sería un claro mensaje de cumplimiento a lo acordado en La Habana y un mensaje al proceso con el ELN, grupo que observa atento el desmonte de estos grupos.
El proceso de acogimiento de este grupo tendría que ser lo suficientemente flexible para que trascienda la aceptación de delitos, entrega de bienes y de rutas del narcotráfico. Además de la individualización y judicialización, los debates que se avizoran con este grupo estarían relacionados con los mecanismos de participación de sus víctimas, las medidas de reparación y, ante todo, la estrategia de resocialización –y no tanto reintegración– de sus integrantes que fue uno de los nudos gordianos en las etapas tempranas del proceso de sometimiento con las AUC.
¿Se acogerán todas la AGC? Quizá no. En un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, advertimos que el estado actual de las AGC dista de ser del de una estructura con presencia sostenida en grandes extensiones del país, en términos territoriales y militares. Enfatizamos en dos de sus dimensiones: la armada y política, con injerencia en Urabá, sur de Córdoba, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y Chocó; y la de subcontratación, que se expresa principalmente en ciudades capitales y en regiones como los Llanos Orientales, el Catatumbo, Putumayo, y se “ancla” en grupos de menor envergadura, pero con redes sociales robustas y recursos de todo tipo para permitir el accionar de las AGC.
Precisamente, las lógicas de subcontratación obedecen a la adaptación de este grupo a la acción del Estado, dado los resultados de las Operaciones Agamenón I y II, que han sido exitosas en frenar sus intentos de expansión a zonas del país lejanas del Urabá. Pero esta fragmentación organizacional supone serios retos para un acogimiento más o menos integral de parte de un grupo menos cohesionado de lo que aparenta ser. Realmente ya no se sabe con certeza quiénes son AGC, quiénes usan la marca, quiénes realmente obedecen a Otoniel o quienes montaron franquicia aparte, como sería el caso de las AGC del pacífico nariñense al mando de ‘Cusumbo’.
Sí: el componente más representativo probablemente lo hará, con todos los impactos positivos para la población, en especial, en zonas como el centro y sur de Chocó. En esta medida, es necesario que el diseño del acogimiento reconozca la realidad de estas estructuras armadas más difusas, a lo que se suman aspectos exógenos pero igualmente importantes para asfixiar las posibilidades de estos grupos que recogen estelas de ciclos de violencia de más de tres décadas: las dificultades del Estado, en el corto plazo, de copar efectivamente las regiones dejadas por grupos armados de cualquier índole y, en el largo plazo, en disponer de estrategias de transformación de los territorios (misión que claramente no recae en la fuerza pública).
No se pueden repetir malas experiencias del pasado y hay que ir más allá de la estructura. El acogimiento debe brindar las herramientas para que se garantice la transición de los integrantes de las AGC a la vida civil a cambio de colaboración sustancial. El último proceso de acogimiento masivo fue en 2011 con el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (ERPAC), que tuvo presencia en Meta, Vichada y Guaviare. Este proceso tuvo muchos obstáculos, pues el Estado no contaba con las capacidades y herramientas para judicializar eficazmente a los integrantes de este grupo. De hecho, es bien sabido que muchos de ellos no sólo no pagaron por su delitos, sino que rápidamente se reencaucharon en los grupos que persisten en esa región del país, como los “Puntilleros”, de Meta y de Vichada, y las AGC en la zona de Mapiripán.
Sumada la necesidad de la flexibilidad, habría entonces una oportunidad para que dichas experiencias no se repitan y para apartarnos del hábito de pensamiento, según el cual, se deben separar tajantemente las esferas del Estado y del crimen, siendo la primera impoluta y la segunda la que permea y corrompe. Si algo ha mostrado las AGC es tener un gran poder corruptor que se alimenta, en doble vía, de servidores públicos en todas las esferas, quienes se asemejan más a verdaderas empresas criminales (estatales). Bajo esta realidad, el acogimiento de gran parte de las AGC deberá pasar por develar no sólo lo obvio, si también las redes que oxigenan, dentro del Estado, a las AGC.
¿Habrá voluntad política para promover una confesión de ‘Otoniel’ o de sus mandos sobre cómo operan dichas redes con los operadores judiciales, integrantes de la fuerza pública, demás servidores públicos e, incluso, con el sector privado? Ahí estaría el verdadero desmonte.
*Director del área de dinámicas de conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz