La humildad de la historia

Hay algo profundamente humano en pensar que nuestro tiempo es distinto a todos los demás. Las sociedades que intentan afrontar un pasado traumático mediante algún grado de justicia suelen creer que los problemas de sus instituciones son únicos. La historia, sin embargo, cuenta otra cosa.

La demanda de justicia siempre nace rodeada de grandes aspiraciones e impaciencia. Se exige verdad inmediata, reparación completa y reconciliación duradera. Cuando inevitablemente no se alcanzan semejantes expectativas, se la declara insuficiente o fracasada. Cada generación está convencida de que vive una crisis sin precedentes con instituciones encargadas de impartir justicias radicalmente imperfectas, que sus conflictos son únicos y que nadie antes tuvo que responder a dilemas semejantes. Ningún mecanismo diseñado para afrontar un pasado traumático nació rodeado de consenso. Todos fueron acusados de insuficiencia, politización o falta de legitimidad o lentitud y, sin embargo, muchos terminaron dejando un legado mucho más importante que las controversias que los acompañaron, no porque fueran perfectos, sino porque ayudaron a construir sociedades capaces de exponer las verdades sobre las atrocidades en lugar de negarlas.

El Tribunal de Núremberg fue denunciado como la justicia de los vencedores y acusado de aplicar un derecho creado después de los hechos. Décadas después constituye uno de los pilares del derecho penal internacional. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue criticado por la larga duración de sus procesos, por la poca representación de las víctimas y por el hecho de que la justicia se impartió en La Haya y no en los Balcanes. Sin embargo, su jurisprudencia transformó el derecho penal internacional incorporando conceptos como distintas formas de autoría penal y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue cuestionado por su parcialidad al concentrar su actuación en los crímenes cometidos por una sola de las partes en conflicto. Aun así, consolidó avances fundamentales en la definición jurídica de genocidio y violencia sexual, al tiempo que enfrentó al movimiento negacionista que buscaba diluir las reales motivaciones de los crímenes. El Tribunal Especial para Sierra Leona fue criticado por concentrarse únicamente en los máximos responsables y por el reducido número de personas procesadas. Las Cámaras Extraordinarias en la Cortes de Camboya fueron objeto de constantes denuncias por interferencias políticas, retrasos y costos excesivos.

Ninguna de esas críticas era infundada. Pero ninguna impidió que esos mecanismos dejarán un legado jurídico e institucional mucho más profundo que las controversias que los acompañaron. Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en la misma encrucijada y debe observar las críticas y asumirlas, asegurando el legado más favorable para Colombia.

La enseñanza no es que las críticas contemporáneas fueran indebidas, al contrario, muchas estaban justificadas y fueron indispensables para el avance de la justicia. Permitieron corregir errores, exigir mejores resultados y mantener la fidelidad al mandato con el que fueron creadas estas instituciones. Pero la experiencia comparada también demuestra que el verdadero alcance de estos mecanismos sólo puede apreciarse con el paso del tiempo, cuando deja de discutirse lo que no hicieron y empieza a verse lo que hicieron posible.

Desde esa perspectiva cobra sentido mirar a Colombia. El debate que hoy rodea a la JEP no comenzó en Colombia ni terminará aquí. Forma parte de una conversación internacional mucho más antigua sobre cómo las sociedades enfrentan jurídicamente la violencia y cómo intentan impedir que el pasado se ignore o se plasme desde la negación.

Pero sí existe, sin embargo, un riesgo particular, Colombia suele mirarse únicamente desde Colombia. Hoy, por ejemplo, buena parte de la conversación pública sobre la JEP carece de contexto y gira en torno a lo mismo que se criticó a otros tribunales: la lentitud de los fallos, los altos costos de funcionamiento, los criterios de selección de los máximos responsables. Aunque el diseño de la JEP dialogó intensamente con experiencias internacionales, esa perspectiva aparece con mucha menos frecuencia cuando se evalúa su funcionamiento cotidiano. El resultado es que dificultades y problemas inherentes a todos los procesos de transición terminan presentándose como fracasos exclusivamente colombianos. La comparación no debe servir para relativizar los problemas sino para entenderlos mejor.

La verdadera contribución de mecanismos como la JEP rara vez se limita a las sentencias que producen, la mayoría de las veces incluye sus aportes a la reconstrucción de la verdad: la preservación de archivos que algunos quieren destruir, la protección de testimonios que otros buscan silenciar, o el reconocimiento de las víctimas que algunos quieren negar.

Al final, estos tribunales fijan responsabilidades y construyen una verdad pública suficientemente sólida para que ninguna generación tenga que comenzar de nuevo cuando alguien quiera negar el pasado. Este es el legado democrático de estos mecanismos que permanece una vez las controversias políticas se diluyen. La justicia no puede cambiar el pasado, pero debe contribuir a un futuro sin negacionismo y más responsable – un futuro con justicia. Comprenderlo no disminuye los desafíos, les da perspectiva y esa perspectiva nos obliga a ejercer algo poco frecuente en el debate público: la humildad histórica; no para renunciar a la crítica sino para entender que ninguna sociedad ha construido instituciones capaces de perdurar sin atravesar exactamente las mismas dudas que hoy atraviesan Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Algún día los debates que hoy parecen trascendentales habrán perdido intensidad. Las polémicas pasarán. En cambio, las instituciones que una sociedad decidió construir, las víctimas que decidió escuchar y las verdades que decidió preservar permanecerán.

La historia rara vez recuerda a las democracias por la perfección de sus instituciones, pero si las recuerda por el coraje de haberlas construido y sostenido durante momentos críticos, como los de hoy en Colombia.