En medio de la polarización y los ataques que viven quienes se atreven a buscar una solución a través del diálogo al conflicto social y armado que vive nuestro país, vale la pena mirarnos como sociedad y lo indiferentes que somos con los líderes y lideresas sociales, campesinos, campesinas, indígenas, afros, ambientalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, población Lgbtiq, que en la periferia, en lo que llamamos la “Colombia profunda”, son quienes ponen los muertos. Según el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral Para la Paz, lanzado el 30 de noviembre pasado en San Jacinto (Bolívar), desde la firma del acuerdo final de paz se han registrado 219 hechos que se constituyeron como masacres en 120 municipios de 23 departamentos y han sido asesinados 1.034 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Pero sectores políticos, en su indolencia, no proponen más, sino bala, para solucionar las balas.
El Acuerdo de Paz abrió una puerta para la reconciliación, pero hoy, cinco años después de su firma vemos al país hundido en los ataques y las acciones propuestas no se hacen realidad para dejar sin piso a quienes son enemigos férreos, teniendo en cuenta que son los que hoy gobiernan y prometieron hacer trizas la paz.
En ese escenario, es clave el papel que debemos jugar quienes seguimos creyendo que el diálogo es la salida. Colombia no puede estar condenada a transitar por el camino de la guerra. Pero el diálogo con todos los actores armados debe darse con garantías para que dejen las armas sin temor a que los maten, como ha pasado con los 299 exguerrilleros de las Farc-ep que, creyendo en un acuerdo y en una sociedad, dejaron las armas y hoy los han asesinado; o los jefes de las AUC que fueron extraditados, traicionados y sin que contaran la verdad a las víctimas de lo que pasó en el conflicto armado.
Cuando digo todos los actores, son todos: Ejército de liberación nacional (Eln), Grupos Armados Organizados (Gao), Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor), Grupos Delictivos Organizados (Gdo), para que no seamos indolentes con quienes ponen los muertos. Para eso debemos dar varios pasos. El primero es buscar acuerdos humanitarios que permitan desescalar el conflicto armado en los territorios, donde la gente ya no aguanta más el miedo y la zozobra. El segundo, replantear qué hacer con la ley 1908 de 2018 “por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”, pues se deberá impulsar una campaña para que se derogue o por lo menos se modifique porque no ofrece garantías para los que se quieran someter a ella y es un obstáculo para la paz.
Sigue a El Espectador en WhatsAppIgualmente, buscar herramientas jurídicas para el cumplimiento del decreto 2124 con el fin de que los funcionarios que no acaten las recomendaciones del sistema de alertas tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo sean sancionados disciplinariamente.
Lo anterior a riego de que nos tilden de protectores de terroristas y demás, pero para no ser indolente con quienes mueren por la guerra hay que soportar estigmatización, señalamientos y amenazas. Eso es lo que cuesta la paz con justicia social.
*Vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor)