Por Vivian Newman*
En el 2011 se liquidó el DAS. Las violaciones, excesos y abusos de la inteligencia estatal que comenzaban por la intimidad y terminaban con la vida de los ciudadanos habían producido condenas judiciales a varios exdirectores: claro indicador de que se necesitaba un cambio. Siete años ha tenido el Estado colombiano para ordenar la casa y esta semana someterá sus récords de derechos humanos al examen de los miembros de Naciones Unidas. La evaluación analizará, entre otros cumplimientos, si el gobierno al liquidar el DAS ha logrado contener las violaciones o si por el contrario, la privacidad de la ciudadanía sigue a merced de lo que se conoce como inteligencia.
La inteligencia según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es la capacidad de entender o comprender, de resolver problemas. En otra acepción, el servicio de inteligencia es la organización del Estado que proporciona al poder ejecutivo análisis e información para prevenir o neutralizar amenazas. Una combinación del diccionario concluiría que la inteligencia estatal es aquella que está capacitada para entender y combatir el problema de las amenazas al Estado.
Sin embargo, desde que se creó el servicio de inteligencia en tiempos de Rojas Pinilla su uso se ha tergiversado, convirtiéndose en una Policía política de persecución de opositores, periodistas y críticos del gobierno del momento. En los años 50 y 60, bajo la doctrina de “seguridad nacional de la Escuela de las Américas”, el pensamiento comunista era considerado un enemigo y una amenaza nacional. En los 70 y 80, el Estatuto de Seguridad causó muertes y desapariciones bajo exceso de fuerza condenada por el Consejo de Estado. En los 90 e incluso a principios de los 2000 los paramilitares se tomaron entidades estatales, entre ellas el DAS, para acabar con sus opositores. Pero todos sabemos que la Escuela de las Américas aparece hoy en los museos como ejemplo de abusos y ya en el examen pasado la diplomacia de NNUU le pidió a Colombia que depurara a la inteligencia de paramilitares y acelerara las investigaciones de seguimientos ilegales del DAS, con lo que implícitamente le decía que una policía politizada que no respetaba la intimidad, no pasaba el examen.
En los últimos siete años, los medios siguen mencionando desaciertos y violaciones graves de las agencias de inteligencia a los críticos del gobierno. ¿Por qué podría en pleno 2018 considerarse que opositores políticos, activistas de derechos humanos, sindicalistas o periodistas son una amenaza nacional? ¿Por qué la inteligencia no ha sido lo suficientemente inteligente para distinguir entre aquel que piensa distinto pero que no afecta sino que enriquece y nutre la democracia y aquel que piensa distinto porque quiere violentamente suprimir los valores democráticos? ¿Cómo hacer para que la inteligencia y el espionaje sean sinónimos de una labor loable? ¿Cómo dignificar la tarea de esconder secretos propios y descubrir los amenazantes ajenos como un verdadero ejercicio de la inteligencia humana?
Además del cambio cultural para entender quién es el verdadero enemigo, la inteligencia debe ser inteligente y sustentarse precisamente en el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia para poder lograr sus objetivos, pues Colombia se funda en el respeto a la dignidad humana de la que emanan estos derechos fundamentales. Debe comenzar por respetar la privacidad de quién piensa distinto, pues de ella dependen otros derechos como la libertad de expresión, de asociación y el libre desarrollo de la personalidad. Para hacerlo, y aplicando los principios de legalidad y proporcionalidad, no debe recoger masivamente datos de la ciudadanía que no es su enemigo sino su razón de ser; no puede hackear los aparatos electrónicos porque esto es un delito; no puede monitorear el espectro electromagnético porque violenta la intimidad de Colombia entera y no debe comprar tecnologías de espionaje invasivas, además de que debe someterse al seguimiento, monitoreo, control y transparencia que realice una entidad diferente del ejecutivo.
Si en el Examen Periódico Universal, la diplomacia de Naciones Unidas logra un compromiso real del Estado colombiano para que se cumplan estas recomendaciones que le hacemos entre Karisma, Privacy International y Dejusticia, además de un grupo de 500 que se unieron para hacer sentir su voz en la próxima evaluación de derechos humanos, habremos dado un paso importante como Estado.
Después de tantas evidencias, lo inteligente sería cambiar las narrativas impuestas durante décadas de conflicto armado y dedicarse a proteger los derechos humanos y no a violarlos. Las Naciones Unidas y Colombia tienen la palabra.
*Subdirectora Dejusticia.org
Por Vivian Newman*
En el 2011 se liquidó el DAS. Las violaciones, excesos y abusos de la inteligencia estatal que comenzaban por la intimidad y terminaban con la vida de los ciudadanos habían producido condenas judiciales a varios exdirectores: claro indicador de que se necesitaba un cambio. Siete años ha tenido el Estado colombiano para ordenar la casa y esta semana someterá sus récords de derechos humanos al examen de los miembros de Naciones Unidas. La evaluación analizará, entre otros cumplimientos, si el gobierno al liquidar el DAS ha logrado contener las violaciones o si por el contrario, la privacidad de la ciudadanía sigue a merced de lo que se conoce como inteligencia.
La inteligencia según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es la capacidad de entender o comprender, de resolver problemas. En otra acepción, el servicio de inteligencia es la organización del Estado que proporciona al poder ejecutivo análisis e información para prevenir o neutralizar amenazas. Una combinación del diccionario concluiría que la inteligencia estatal es aquella que está capacitada para entender y combatir el problema de las amenazas al Estado.
Sin embargo, desde que se creó el servicio de inteligencia en tiempos de Rojas Pinilla su uso se ha tergiversado, convirtiéndose en una Policía política de persecución de opositores, periodistas y críticos del gobierno del momento. En los años 50 y 60, bajo la doctrina de “seguridad nacional de la Escuela de las Américas”, el pensamiento comunista era considerado un enemigo y una amenaza nacional. En los 70 y 80, el Estatuto de Seguridad causó muertes y desapariciones bajo exceso de fuerza condenada por el Consejo de Estado. En los 90 e incluso a principios de los 2000 los paramilitares se tomaron entidades estatales, entre ellas el DAS, para acabar con sus opositores. Pero todos sabemos que la Escuela de las Américas aparece hoy en los museos como ejemplo de abusos y ya en el examen pasado la diplomacia de NNUU le pidió a Colombia que depurara a la inteligencia de paramilitares y acelerara las investigaciones de seguimientos ilegales del DAS, con lo que implícitamente le decía que una policía politizada que no respetaba la intimidad, no pasaba el examen.
En los últimos siete años, los medios siguen mencionando desaciertos y violaciones graves de las agencias de inteligencia a los críticos del gobierno. ¿Por qué podría en pleno 2018 considerarse que opositores políticos, activistas de derechos humanos, sindicalistas o periodistas son una amenaza nacional? ¿Por qué la inteligencia no ha sido lo suficientemente inteligente para distinguir entre aquel que piensa distinto pero que no afecta sino que enriquece y nutre la democracia y aquel que piensa distinto porque quiere violentamente suprimir los valores democráticos? ¿Cómo hacer para que la inteligencia y el espionaje sean sinónimos de una labor loable? ¿Cómo dignificar la tarea de esconder secretos propios y descubrir los amenazantes ajenos como un verdadero ejercicio de la inteligencia humana?
Además del cambio cultural para entender quién es el verdadero enemigo, la inteligencia debe ser inteligente y sustentarse precisamente en el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia para poder lograr sus objetivos, pues Colombia se funda en el respeto a la dignidad humana de la que emanan estos derechos fundamentales. Debe comenzar por respetar la privacidad de quién piensa distinto, pues de ella dependen otros derechos como la libertad de expresión, de asociación y el libre desarrollo de la personalidad. Para hacerlo, y aplicando los principios de legalidad y proporcionalidad, no debe recoger masivamente datos de la ciudadanía que no es su enemigo sino su razón de ser; no puede hackear los aparatos electrónicos porque esto es un delito; no puede monitorear el espectro electromagnético porque violenta la intimidad de Colombia entera y no debe comprar tecnologías de espionaje invasivas, además de que debe someterse al seguimiento, monitoreo, control y transparencia que realice una entidad diferente del ejecutivo.
Si en el Examen Periódico Universal, la diplomacia de Naciones Unidas logra un compromiso real del Estado colombiano para que se cumplan estas recomendaciones que le hacemos entre Karisma, Privacy International y Dejusticia, además de un grupo de 500 que se unieron para hacer sentir su voz en la próxima evaluación de derechos humanos, habremos dado un paso importante como Estado.
Después de tantas evidencias, lo inteligente sería cambiar las narrativas impuestas durante décadas de conflicto armado y dedicarse a proteger los derechos humanos y no a violarlos. Las Naciones Unidas y Colombia tienen la palabra.
*Subdirectora Dejusticia.org