La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumple dos años de funcionamiento y su balance es muy satisfactorio, con una proyección que brinda confianza y esperanza tanto para la superación del conflicto armado como para la protección de las víctimas. Creada en el Acuerdo Final de Paz, es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); tiene la delicada labor de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de cinco décadas de conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016. A 23 de diciembre de 2019, se sometieron a la JEP 12.234 personas, de las cuales suscribieron actas de compromiso, 9.721 de las FARC; 2.429 de la Fuerza Pública; 72 agentes del Estado diferentes a la Fuerza Pública; 12 de personas implicadas en conductas cometidas en contexto de la protesta social. Como se puede ver los comparecientes a la JEP no son solamente los excombatientes de las FARC, ni se creó para absolverlos y generar impunidad, como dicen sus detractores, un importante número de militares de diferente rango, por ejemplo, demuestra aceptación y credibilidad en esta joven jurisdicción.
Desde el partido al que pertenece el presidente Duque y su Gobierno, la oposición a la JEP ha sido expresa y soterrada, dentro de una cadena de propuestas de reforma constitucional y de desconocimiento del Acuerdo de Paz. Se reniega de sus funciones constitucionales en materia de extradición, del trámite de los incidentes de verificación de incumplimiento con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad, o los pedidos de exclusión inmediata de la JEP de comparecientes, ampliamente difundidos, todo ello en contravía del debido proceso; y ni que decir de las coartadas para trastocar la sanción a la ley estatutaria necesaria para su cabal funcionamiento; solo para señalar algunas situaciones. No obstante, las respuestas de la magistratura han ajustadas a derecho, ponderadas y prudentes. Por otro lado, está la aceptación y el respeto que muchos colombianos, organizaciones sociales y de víctimas tienen por este Tribunal, que además cuenta con el respaldo y admiración de organismos y entidades internacionales.
Aunque los esfuerzos para dar a conocer las funciones y resultados de la JEP son evidentes, predomina el desconocimiento de las personas sobre esta importante labor, por eso es necesario desplegar estrategias más envolventes de promoción y divulgación, no solo por la propia institución sino por los establecimientos educativos en todos sus niveles, el Ministerio Público, el Gobierno y los medios de comunicación, entre otros actores de la vida social y política del país; lo que si se ha difundido en forma masiva son la campañas de desprestigio, la desinformación, el desconocimiento del (SIVJRNR); el asunto es tan preocupante que en ocasiones, entre profesionales incluidos los abogados, se dan opiniones, controversias y descalificaciones sin haber leído el Acuerdo Final de Paz. El balance de la JEP, presentado el pasado 15 de enero fue claro, sencillo y pedagógico, se hizo bien; resulta trascendental el desarrollo de los siete macrocasos, que corresponden a las situaciones más graves y representativas, dado que hay miles de hechos cometidos dentro del conflicto armado y por ello la Sala de Reconocimiento estableció los criterios de selección y priorización. Hay conductas delictivas con honda repercusión, como el caso 001 sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP - los secuestros como se denomina genéricamente- donde rindieron versión individual 187 personas, 350 participaron en versiones colectivas territoriales y están acreditadas aproximadamente 1.700 víctimas; en el caso 003 sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado - los llamados “falsos positivos”- 207 personas rindieron versión individual y 43 versión escrita. También debe destacarse los 249 informes presentados por las organizaciones de víctimas e instituciones del Estado; las 82 audiencias realizadas en las salas de la JEP y las 16.680 decisiones judiciales adoptadas. Estas no son solo cifras, son actuaciones que implican una gran cantidad de trabajo, de esfuerzo colectivo de servidores y de quienes acuden al Tribunal para superar los obstáculos y encausar el camino de una jurisdicción nueva e inédita.
Veamos una muestra; luego de recibir versiones voluntarias, un exintegrante del Ejército dijo tener conocimiento sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado en Dabeiba; teniendo como marco el caso 003 y el estudio de medidas cautelares en 17 territorios del país, donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado, la JEP adelantó desde el 9 de diciembre una diligencia de prospección y exhumación de cuerpos en el Cementerio Católico Las Mercedes de ese municipio, dando como resultado parcial la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos. ¿Será que por estas crueles conductas se busca que los miembros de la Fuerza Pública no concurrieran a la JEP o se crearan salas especiales para juzgarlos? ¿quién le teme a la verdad?. La Jurisdicción para la Paz está conociendo esa vedad que no está en los anaqueles judiciales, su obtención no se utilizará como venganza; pero, si conducirá a que se establezcan responsabilidades, a creer en la justicia, a aliviar el dolor de las víctimas y a la búsqueda de la reconciliación.
Retomando lo señalado, sobre las corrientes que pretenden desprestigiar a la Jurisdicción Especial para la Paz, poco se conoce que dentro de las solicitudes de garantía de no extradición recibidas, 52 han sido rechazadas, pues narcotraficantes haciéndose pasar por guerrilleros pretendían “colarse” para beneficiarse de esta figura; no obstante, fue el caso Santrich el que ocupó la atención por varios meses, con ataques permanentes de las autoridades estadounidenses, del presidente y su Gobierno, del Fiscal General de turno, quedando en el imaginario colectivo la sensación de falta de justicia y favorecimiento para lograr su fuga; sin embargo, el asunto fue manejado ceñido a la Constitución y al procedimiento especial aplicable, no solo la JEP tomó decisiones, también lo hizo el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, dado que se trataba de un guerrillero de las FARC y además congresista cobijado por un fuero. La JEP avanza contra viento y marea con logros significativos, aunque tiene enormes retos y expectativas ya que el trabajo apenas empezó, como en toda tarea humana se comenten errores y cada día se puede mejorar desde un aprendizaje donde la sociedad tiene mucho para aportar; la búsqueda de una paz estable y duradera se construye sobre lo construido.