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Por Red de Mujeres Víctimas y Profesionales.
“¿En serio?”, fue la pregunta que hizo una periodista cuando se enteró de que existe una organización que agrupa a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que apoya la decisión de la Corte Constitucional de permitir que quienes cometieron crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado reciban las penas que se establecieron en el Acuerdo de Paz y no las del código penal ordinario, como se aprobó en el Congreso el año pasado.
Desde que se conoció la decisión muchas han sido las voces en contra. Varios medios han cubierto la noticia, se han escrito artículos y columnas de opinión. Igualmente, en redes sociales circulan toda clase de ataques. Por eso desde la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, una organización que agrupa a más de 665 mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado en nueve regiones del país, queremos que nuestra voz sea escuchada.
Respetamos la opinión de cada una de esas mujeres que, como nosotras, han pasado por un delito tan atroz como es la violencia sexual. Si en algo estamos de acuerdo es en que todas las formas de violencia sexual perpetradas por cualquier actor armado son una grave violación de derechos humanos que debe ser investigada y sancionada y las víctimas debemos ser reparadas.
Desde nuestra organización presentamos una intervención a la Corte Constitucional pidiéndole que mantuviera las penas del Acuerdo de Paz porque esta es una oportunidad para que quienes nos violentaron confiesen lo que hicieron, reciban una sanción y nos reparen. Si de entrada los victimarios supieran que van a pagar altas de penas cárcel, es muy probable que no tengan razones para confesar que cometieron crímenes sexuales y el Estado tendría que entrar a probarlos. Como consencuencia, las víctimas tendríamos que esperar mucho tiempo para obtener nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparacíon.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no significa impunidad para nosotras porque sabemos que si los victimarios no confiesan lo que hicieron se expondrán a ser vencidos en juicio y podrán recibir 20 años de prisión. Así mismo, quienes se sometan a la JEP tendrán que enfrentar un proceso judicial y cumplir la pena que les sea impuesta.
Y es que ver a alguien detrás de unos barrotes no significa necesariamente justicia para nosotras. Siempre nos hemos preguntado: “¿Qué hacemos con un victimario 60 años en la cárcel y las mujeres víctimas de violencia sexual sin saber la verdad?”. De igual manera, las experiencias que tenemos con la justicia ordinaria no son las mejores: es un proceso largo y demorado que incrementa la impunidad de este delito, que actualmente alcanza el 97 por ciento.
Llevamos años esperando la verdad. Nuestros cuerpos fueron usados para sembrar terror en una guerra que no era nuestra y tenemos derecho a saber por qué. Pero además, la verdad es una garantía de no repetición y una herramienta para que el Estado tome medidas y elabore políticas públicas que contribuyan a prevenir esta clase de delitos.
Estamos convencidas de que la JEP es un primer paso para que esto suceda, ahora que tiene las herramientas necesarias para esclarecer la verdad de lo que nos pasó. Esperamos conocer pronto los nombres de las mujeres que harán parte del grupo especial que investigará los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado que se creó dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de este organismo.
Igualmente, hacemos un llamado a quienes se sometieron a la JEP para que reconozcan su responsabilidad por estos crímenes y les recordamos que para poder recibir las penas que ella contempla deben contribuir plenamente con la verdad y la reparación de las víctimas. Estaremos vigilantes de que así sea.
Nosotras como organización ya hicimos parte de la tarea: entregamos a la JEP 700 casos de violencia sexual que documentamos durante jornadas de caracterización y documentación y de las denuncias individuales que nuestras coordinadoras regionales realizaron en las regiones en las que tenemos presencia. A quienes están en contra de nuestra posición, queremos invitarles a que nos escuchen y a tener un diálogo sereno al respecto, al fin y al cabo queremos lo mismo: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y una Colombia en paz en donde ninguna niña ni mujer tengan que vivir lo que nosotras vivimos.