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                                                                                                                              La lucha de los campesinos y campesinas de Caño Palomo por el agua y la tierra

                                                                                                                              Carmen Andrea Becerra Becerra*

                                                                                                                              Hernando tiene más de setenta años, es pescador en una ciénaga progresivamente sedimentada que tiene cada vez menos agua y más cabezas de ganado. Cultiva, aunque la cosecha no sea prometedora ni abundante. Es un campesino que ha luchado hace más de cuatro décadas por el agua y por la tierra en un país donde el campo no es posible sin la labor de los campesinos y campesinas. Sigue siendo líder, pese a haber sido víctima de más de un atentado contra su vida. Sobrevive en un territorio en el que defender y liderar es un derecho que se ejerce arriesgando la vida.

                                                                                                                              En el inventario de bienes de la nación Caño Palomo es un playón comunal que se encuentra ubicado en San Benito Abad (Sucre), municipio recorrido por más de cien cuerpos de agua, entre ciénagas y caños. Desde la década del ochenta del siglo pasado, las ciénagas han sido epicentro de conflictos por el uso de la tierra y el agua: entre la ganadería extensiva promovida por los terratenientes y las actividades tradicionales del campesinado en la zona: cultivos de pancoger y pesca artesanal. Los impactos de la minería que corren paralelos al curso de los ríos San Jorge y Cauca y que por la fuerza de las corrientes y las circunstancias dejan sus desechos en las ciénagas, se suman a los conflictos por el uso del suelo; siendo una de las causas del desecamiento y la acidificación actual de los cuerpos de agua.

                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              (Lea también: La crisis social en Colombia acentuada por la pandemia)

                                                                                                                              Esta cosecha probatoria constituyó el respaldo de las reivindicaciones de la comunidad de Caño Palomo, organizada en un comité campesino. En marzo de 2020 la Agencia Nacional de Tierras, ANT, entregó a 17 familias campesinas de San Benito Abad el reglamento de uso y manejo del Playón Comunal ‘Caño Palomo’ y oficializó el permiso para su explotación y conservación durante diez años. Para la ANT este terreno no está en disputa, en el papel las cosas están tan claras como el agua: la ciénaga pertenece a la Nación, el conflicto se centra en el uso del suelo y en la conservación de la ciénaga.

                                                                                                                              La dicha de los campesinos y pescadores de Caño Palomo duró poco. Meses después de este préstamo de uso de la tierra y el agua, a cambio de la conservación de la ciénaga, las familias beneficiadas no han podido acceder a este territorio. Es un secreto a voces en la zona, que allí y en otras ciénagas se impone la presencia de los ganaderos y que en estos dominios de la Nación parecen no tener efecto las decisiones de la ANT. Las dificultades de acceso y uso de la tierra y el agua tienen un motivo: amenazas contra las familias campesinas, destrucción de enseres, intimidación y temor, destrucción de cultivos de yuca, arroz y plátano, sembrados en el playón comunal. A su vez esas amenazas son explicitas en su propósito: que los campesinos y campesinas no permanezcan en el caño ni en la ciénaga, que se vayan y no regresen.

                                                                                                                              Read more!

                                                                                                                              Este panorama es también el día a día de las familias campesinas y pescadoras de los municipios de La Unión, Caimito y San Marcos, los cuales junto con San Benito Abad conforman la subregión de San Jorge del departamento de Sucre, caracterizada por las ciénagas y bañada por el rio que lleva este nombre. Las amenazas llegan mediante panfletos del Bloque Virgilio Peralta Arenas en las que se prohíben las reuniones de los comités campesinos, se señala a las familias campesinas de invasoras de las ciénagas, difundiendo una lista de personas consideradas objetivo militar. Otras amenazas se transmiten mediante actos de intimidación con el mensaje claro de dejar las ciénagas, no volver a ellas y no denunciar. Respecto a estas amenazas y actos de intimidación los líderes y lideresas campesinos han formulado denuncias y han difundido comunicados en redes sociales.

                                                                                                                              (Vea: Las 290 masacres cometidas por agentes del Estado)

                                                                                                                              El 19 de octubre de 2020, las amenazas se concretaron, en la sede de la Casa Campesina de la ANUC, en San Benito Abad, Hernando Benítez fue víctima de un atentado contra su vida, un sicario dirigió varios disparos contra él. El líder contaba con esquema de protección asignado por la UNP. Aunque el parte médico afirme que Hernando se encuentra fuera de peligro, pues solo recibió un disparo en el antebrazo, la frase es más una pretensión que una realidad en medio de un escenario de riesgo constante para los líderes y lideresas sociales. Los campesinos y campesinas de San Benito y municipios vecinos continúan en riesgo ante una demanda modesta y generosa: habitar el agua y la tierra, trabajar en ellas y conservar las ciénagas que son propiedad de la Nación, aquellas en las cuales no ha sido posible garantizar su vida en condiciones dignas, ni su seguridad y permanencia.

                                                                                                                              *Coordinadora del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas.

                                                                                                                              Hernando tiene más de setenta años, es pescador en una ciénaga progresivamente sedimentada que tiene cada vez menos agua y más cabezas de ganado. Cultiva, aunque la cosecha no sea prometedora ni abundante. Es un campesino que ha luchado hace más de cuatro décadas por el agua y por la tierra en un país donde el campo no es posible sin la labor de los campesinos y campesinas. Sigue siendo líder, pese a haber sido víctima de más de un atentado contra su vida. Sobrevive en un territorio en el que defender y liderar es un derecho que se ejerce arriesgando la vida.

                                                                                                                              En el inventario de bienes de la nación Caño Palomo es un playón comunal que se encuentra ubicado en San Benito Abad (Sucre), municipio recorrido por más de cien cuerpos de agua, entre ciénagas y caños. Desde la década del ochenta del siglo pasado, las ciénagas han sido epicentro de conflictos por el uso de la tierra y el agua: entre la ganadería extensiva promovida por los terratenientes y las actividades tradicionales del campesinado en la zona: cultivos de pancoger y pesca artesanal. Los impactos de la minería que corren paralelos al curso de los ríos San Jorge y Cauca y que por la fuerza de las corrientes y las circunstancias dejan sus desechos en las ciénagas, se suman a los conflictos por el uso del suelo; siendo una de las causas del desecamiento y la acidificación actual de los cuerpos de agua.

                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              (Lea también: La crisis social en Colombia acentuada por la pandemia)

                                                                                                                              Esta cosecha probatoria constituyó el respaldo de las reivindicaciones de la comunidad de Caño Palomo, organizada en un comité campesino. En marzo de 2020 la Agencia Nacional de Tierras, ANT, entregó a 17 familias campesinas de San Benito Abad el reglamento de uso y manejo del Playón Comunal ‘Caño Palomo’ y oficializó el permiso para su explotación y conservación durante diez años. Para la ANT este terreno no está en disputa, en el papel las cosas están tan claras como el agua: la ciénaga pertenece a la Nación, el conflicto se centra en el uso del suelo y en la conservación de la ciénaga.

                                                                                                                              La dicha de los campesinos y pescadores de Caño Palomo duró poco. Meses después de este préstamo de uso de la tierra y el agua, a cambio de la conservación de la ciénaga, las familias beneficiadas no han podido acceder a este territorio. Es un secreto a voces en la zona, que allí y en otras ciénagas se impone la presencia de los ganaderos y que en estos dominios de la Nación parecen no tener efecto las decisiones de la ANT. Las dificultades de acceso y uso de la tierra y el agua tienen un motivo: amenazas contra las familias campesinas, destrucción de enseres, intimidación y temor, destrucción de cultivos de yuca, arroz y plátano, sembrados en el playón comunal. A su vez esas amenazas son explicitas en su propósito: que los campesinos y campesinas no permanezcan en el caño ni en la ciénaga, que se vayan y no regresen.

                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              (Vea: Las 290 masacres cometidas por agentes del Estado)

                                                                                                                              El 19 de octubre de 2020, las amenazas se concretaron, en la sede de la Casa Campesina de la ANUC, en San Benito Abad, Hernando Benítez fue víctima de un atentado contra su vida, un sicario dirigió varios disparos contra él. El líder contaba con esquema de protección asignado por la UNP. Aunque el parte médico afirme que Hernando se encuentra fuera de peligro, pues solo recibió un disparo en el antebrazo, la frase es más una pretensión que una realidad en medio de un escenario de riesgo constante para los líderes y lideresas sociales. Los campesinos y campesinas de San Benito y municipios vecinos continúan en riesgo ante una demanda modesta y generosa: habitar el agua y la tierra, trabajar en ellas y conservar las ciénagas que son propiedad de la Nación, aquellas en las cuales no ha sido posible garantizar su vida en condiciones dignas, ni su seguridad y permanencia.

                                                                                                                              *Coordinadora del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas.

                                                                                                                              Por Carmen Andrea Becerra Becerra*

                                                                                                                              Ver todas las noticias
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