Por María Paula Ángel A.*
Que entregarnos la información solicitada “crearía un precedente ingrato”. Eso fue lo que nos respondió en febrero de este año el entonces representante a la Cámara y hoy senador de la República Rodrigo Lara Restrepo cuando le solicitamos, al igual que a otros 19 Congresistas, que nos entregara sus declaraciones juramentadas de bienes y rentas y actividad económica privada. Estas declaraciones son documentos que todo servidor público tiene que presentar al posesionarse, y que deben ser actualizados anualmente, para dar cuenta de sus bienes y rentas, su participación en consejos, juntas y otras organizaciones, y su actividad económica alterna al servicio público que prestan.
Evidentemente, se trata de información que le es útil a la ciudadanía para ejercer control social sobre posibles incrementos injustificados del patrimonio de los funcionarios públicos. Además, esa información le permitiría al ciudadano identificar posibles conflictos de interés que esos funcionarios puedan tener entre sus actividades económicas alternas y el ejercicio de su función pública. De hecho, conocer esos datos parece especialmente relevante en el caso de los Congresistas de la República, quienes gozan de un gran poder en la definición del gasto público y de las políticas públicas que nos afectan a todos. Además, al ser elegidos popularmente, se deben a la ciudadanía, que ha confiado en ellos para que la represente. Por eso, y estando próximos a elegir al Congreso del posacuerdo, desde Dejusticia y el medio de comunicación Cuestión Pública le solicitamos la entrega de estos documentos a 20 Congresistas de la República previamente seleccionados por seguidores de Cuestión Pública. Pero al igual que Rodrigo Lara Restrepo, otros cuatro congresistas coincidieron en que entregarnos o permitirnos divulgar esa información violaría sus derechos a la intimidad y a la seguridad personal. Por su parte, cuatro congresistas prefirieron ignorar nuestra solicitud, mientras que otros tres nos entregaron la información incompleta o a pesar de acceder a entregarla, en la práctica nunca lo hicieron.
Con estas actuaciones, los padres de la patria se olvidaron de que en una de las leyes que ellos mismos aprobaron en 2014, se dice que se considera pública, y en esa medida debe ser de libre acceso a la ciudadanía, toda información en poder del Estado que no esté expresamente protegida por una reserva o clasificación de información. Así mismo, desestimaron que según la Corte Constitucional, la protección del derecho a la intimidad de los servidores públicos tiene un nivel menor de protección. Lo anterior, pues debido al rol que desempeñan en la sociedad, estos tienen que estar dispuestos a someterse al escrutinio de los aspectos de su vida privada sobre los cuales la ciudadanía tiene un legítimo derecho de conocer y debatir.
Pero sobre todo, pasaron por alto que el acceso a la información pública solicitada constituye un mecanismo de rendición de cuentas que contribuye a la lucha contra la corrupción de la que muchos de ellos dicen ser abanderados. ¿Por qué? Porque disuade a los servidores públicos de realizar transacciones fraudulentas que pueden facilmente llegar a conocimiento de la ciudadanía. Además, porque legitima las actuaciones de los servidores, al mostrarlos abiertos y más confiables.
Y finalmente, porque empodera a la ciudadanía, permitiéndole ejercer control político, entre otras, a la hora de ejercer el derecho al voto. Esas fueron las razones que nos llevaron a presentar una acción de tutela contra los congresistas que nos negaron el acceso o la divulgación de la información, no nos respondieron, o nos entregaron información incompleta, para solicitar la protección de nuestros derechos fundamentales de petición, libertad de información, acceso a información pública y participación ciudadana en la conformación y en el control del poder político. O en otras palabras, para obtener por vía judicial el “precedente ingrato” al que Lara Restrepo tanto le teme, pero que para la ciudadanía que está cansada de la corrupción y de la opacidad del Estado, sería muy “grato”.
Desafortunadamente, hasta el momento no hemos logrado conseguirlo, pues tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazaron parcialmente nuestros argumentos. Así, si bien le ordenaron a quienes no nos habían respondido la solicitud de información a hacerlo, se abstuvieron de pronunciarse sobre la conducta de aquellos que nos negaron el acceso o la divulgación de las declaraciones juramentadas. Lo anterior, pues según ellos, la acción de tutela no era el mecanismo procedente. Irónicamente, el tema de la acción procedente tiene también que ver con otro desciudo de nuestros Legisladores, quienes aprobaron dos leyes contradictorias con pocos meses de diferencia. Sin embargo, esa es una historia para otra columna.
Por fortuna, a finales del mes de octubre la Corte Constitucional seleccionó nuestro caso para revisión. Así, está ahora en manos de la Corte definir la fórmula idónea para poner sobre la mesa los datos financieros y de intereses de los miembros del Congreso. Fórmula que no sólo le importa a Cuestión Pública y a Dejusticia, sino a los miles de colombianos cuya confianza en el Congreso va en caída libre, y que quisieran contar con más herramientas para obligar a nuestros padres de la patria a rendir cuentas. Así que señores magistrados, con respeto y esperanza, desde la ciudadanía hacemos un llamado por más precedentes ingratos.
*Investigadora de Dejusticia
Por María Paula Ángel A.*
Que entregarnos la información solicitada “crearía un precedente ingrato”. Eso fue lo que nos respondió en febrero de este año el entonces representante a la Cámara y hoy senador de la República Rodrigo Lara Restrepo cuando le solicitamos, al igual que a otros 19 Congresistas, que nos entregara sus declaraciones juramentadas de bienes y rentas y actividad económica privada. Estas declaraciones son documentos que todo servidor público tiene que presentar al posesionarse, y que deben ser actualizados anualmente, para dar cuenta de sus bienes y rentas, su participación en consejos, juntas y otras organizaciones, y su actividad económica alterna al servicio público que prestan.
Evidentemente, se trata de información que le es útil a la ciudadanía para ejercer control social sobre posibles incrementos injustificados del patrimonio de los funcionarios públicos. Además, esa información le permitiría al ciudadano identificar posibles conflictos de interés que esos funcionarios puedan tener entre sus actividades económicas alternas y el ejercicio de su función pública. De hecho, conocer esos datos parece especialmente relevante en el caso de los Congresistas de la República, quienes gozan de un gran poder en la definición del gasto público y de las políticas públicas que nos afectan a todos. Además, al ser elegidos popularmente, se deben a la ciudadanía, que ha confiado en ellos para que la represente. Por eso, y estando próximos a elegir al Congreso del posacuerdo, desde Dejusticia y el medio de comunicación Cuestión Pública le solicitamos la entrega de estos documentos a 20 Congresistas de la República previamente seleccionados por seguidores de Cuestión Pública. Pero al igual que Rodrigo Lara Restrepo, otros cuatro congresistas coincidieron en que entregarnos o permitirnos divulgar esa información violaría sus derechos a la intimidad y a la seguridad personal. Por su parte, cuatro congresistas prefirieron ignorar nuestra solicitud, mientras que otros tres nos entregaron la información incompleta o a pesar de acceder a entregarla, en la práctica nunca lo hicieron.
Con estas actuaciones, los padres de la patria se olvidaron de que en una de las leyes que ellos mismos aprobaron en 2014, se dice que se considera pública, y en esa medida debe ser de libre acceso a la ciudadanía, toda información en poder del Estado que no esté expresamente protegida por una reserva o clasificación de información. Así mismo, desestimaron que según la Corte Constitucional, la protección del derecho a la intimidad de los servidores públicos tiene un nivel menor de protección. Lo anterior, pues debido al rol que desempeñan en la sociedad, estos tienen que estar dispuestos a someterse al escrutinio de los aspectos de su vida privada sobre los cuales la ciudadanía tiene un legítimo derecho de conocer y debatir.
Pero sobre todo, pasaron por alto que el acceso a la información pública solicitada constituye un mecanismo de rendición de cuentas que contribuye a la lucha contra la corrupción de la que muchos de ellos dicen ser abanderados. ¿Por qué? Porque disuade a los servidores públicos de realizar transacciones fraudulentas que pueden facilmente llegar a conocimiento de la ciudadanía. Además, porque legitima las actuaciones de los servidores, al mostrarlos abiertos y más confiables.
Y finalmente, porque empodera a la ciudadanía, permitiéndole ejercer control político, entre otras, a la hora de ejercer el derecho al voto. Esas fueron las razones que nos llevaron a presentar una acción de tutela contra los congresistas que nos negaron el acceso o la divulgación de la información, no nos respondieron, o nos entregaron información incompleta, para solicitar la protección de nuestros derechos fundamentales de petición, libertad de información, acceso a información pública y participación ciudadana en la conformación y en el control del poder político. O en otras palabras, para obtener por vía judicial el “precedente ingrato” al que Lara Restrepo tanto le teme, pero que para la ciudadanía que está cansada de la corrupción y de la opacidad del Estado, sería muy “grato”.
Desafortunadamente, hasta el momento no hemos logrado conseguirlo, pues tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazaron parcialmente nuestros argumentos. Así, si bien le ordenaron a quienes no nos habían respondido la solicitud de información a hacerlo, se abstuvieron de pronunciarse sobre la conducta de aquellos que nos negaron el acceso o la divulgación de las declaraciones juramentadas. Lo anterior, pues según ellos, la acción de tutela no era el mecanismo procedente. Irónicamente, el tema de la acción procedente tiene también que ver con otro desciudo de nuestros Legisladores, quienes aprobaron dos leyes contradictorias con pocos meses de diferencia. Sin embargo, esa es una historia para otra columna.
Por fortuna, a finales del mes de octubre la Corte Constitucional seleccionó nuestro caso para revisión. Así, está ahora en manos de la Corte definir la fórmula idónea para poner sobre la mesa los datos financieros y de intereses de los miembros del Congreso. Fórmula que no sólo le importa a Cuestión Pública y a Dejusticia, sino a los miles de colombianos cuya confianza en el Congreso va en caída libre, y que quisieran contar con más herramientas para obligar a nuestros padres de la patria a rendir cuentas. Así que señores magistrados, con respeto y esperanza, desde la ciudadanía hacemos un llamado por más precedentes ingratos.
*Investigadora de Dejusticia