La necesidad de cambio de paradigma sobre la discapacidad

En mayo del 2011, Colombia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de un instrumento internacional especialmente innovador en la medida en que da vida jurídica al modelo social de la discapacidad según el cual se superan las miradas arcaicas tradicionales que se aproximan al tema desde, ya sea el asistencialismo que anula la presencia de esta población en la dinámica social, mediante mecanismos de segregación y marginalización, o, desde un punto de vista médico, que entiende a la discapacidad como algo que debe ‘curarse’. La Convención plantea que la discapacidad es la situación que se genera cuando la diversidad humana se enfrenta a las barreras sociales existentes para el ejercicio de derechos. Por esto, la discapacidad se aborda desde una perspectiva exclusiva de derechos que, reconociendo el valor de la diferencia, parte de la igualdad de todas las personas y promueve la inclusión social de esta población de manera digna y equitativa.

Una de las disposiciones más innovadoras de la Convención es su artículo 12, que reconoce la igualdad jurídica ante la ley de todas las personas con discapacidad y que promueve un sistema de toma de decisiones con apoyos, acabando con el paradigma de que éstas deben ser tomadas por terceros en su nombre. La Convención reconoce entonces la capacidad legal y de ejercicio absoluta de las personas con discapacidad y plantea el diseño de salvaguardias que garanticen que sus preferencias sean tenidas en cuenta y de mecanismos de apoyo al ejercicio de la voluntad, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada persona.

Colombia, como parte de la Convención, debe ajustar su normatividad interna a este mandato internacional. El Comité encargado de la verificación del cumplimiento de la Convención estableció que el estado colombiano debe eliminar de su ordenamiento figuras legales de sustitución de la voluntad y dar paso a herramientas en las que la voluntad de la persona con discapacidad sea el centro de las decisiones que se tomen en relación con su vida. Así, instituciones como la interdicción están llamadas a desaparecer, para dar paso a la creación de herramientas de apoyo para la toma de decisiones de carácter temporal y específico que no impacten de manera indiscriminada todos los aspectos de su vida.

Ello porque, con el régimen vigente, las personas con discapacidad interdictas en Colombia son consideradas incapaces absolutas y, en consecuencia, ven muchos de sus derechos limitados: no tienen la posibilidad de firmar un contrato laboral y recibir un sueldo, de casarse, de votar o de abrir una cuenta bancaria. A este tipo de barreras se suman situaciones como la institucionalización y la esterilización forzadas, por ejemplo, que se ejercen sobre personas con discapacidad gracias a la aplicación de estos postulados de la tradición legal del derecho civil.

Conscientes de esta problemática y de los requerimientos internacionales, en 2015 representantes del gobierno, del Estado, de la academia y de las organizaciones sociales crearon una mesa técnica de trabajo con miras a diseñar y promover una ley sobre capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El trabajo de la mesa ha sido largo y sigue en construcción, pero está avanzando.

En efecto, el pasado martes 5 de diciembre, en la misma semana en que se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la plenaria de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, aprobó en segundo debate el proyecto de ley 027 de 2017 sobre este asunto. Esto significa que sólo están pendientes dos debates en el Senado para que el proyecto se convierta en ley de la república.   

Es innegable que la principal barrera que las personas con discapacidad encuentran en sus vidas es la hostilidad del entorno y la falta de una cultura inclusiva que les permita desarrollarse dentro de la sociedad de manera natural y autónoma. En Colombia, nuestra inmensa diversidad contrasta con la capacidad restringida por dar cabida real a esa diferencia y celebrarla como un valor que enriquece la cultura. El miedo a lo distinto prevalece en un país asustado, desinformado y conservador.

Es así como avanzar hacia la creación de normas internas que acaben con imaginarios colectivos incapacitantes y discriminatorios contribuirá a construir un país más equitativo, más igualitario, más humano y más conectado con el tránsito hacia la paz y la convivencia. Ése es ahora el reto de nuestro Congreso. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias.

*Directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS de la Universidad de los Andes @PaiisUniandes @julibuscel