La semana pasada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo públicas importantes decisiones en el Caso 07, sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, en lo relativo a las extintas FARC-EP. Lo que más se difundió fue la cifra de las 18.677 víctimas menores de 18 años registradas en diversas bases de datos. Quiero hacer énfasis en aspectos que han tenido menos visibilidad, pero que son centrales para analizar si las expectativas que tienen las víctimas de encontrar justicia en la JEP van en camino de ser satisfechas, en especial las de aquellas que sufrieron violencia sexual y reproductiva.
Además de las cifras, el Auto 159 de 2021 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) define las hipótesis de trabajo para la siguiente fase del caso. Aún no podemos cantar victoria, pero las hipótesis anunciadas muestran avances importantes en la búsqueda de justicia, especialmente, para las mujeres. También hay, como siempre, lugar para mejoras claves.
La Sala de Reconocimiento de la JEP indica que su contraste “parcial y preliminar” apunta a que “las FARC-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado niñas y niños menores de 15 años”, lo que “ocurrió de forma amplia en todas las estructuras de las FARC-EP”. Esta es una hipótesis a resaltar pues la narrativa de los comparecientes que han sido llamados a versiones voluntarias fue que, de haber menores de esa edad, eran pocos casos y aislados.
La otra hipótesis a destacar es que la investigación se enfocará inicialmente en tres grupos de conductas que ocurrieron en el marco del reclutamiento. La primera de ellas será la violencia sexual y basada en género. Los comparecientes también trataron de justificar estas violencias, minimizar su magnitud y prevalencia o negar su ocurrencia diciendo, por ejemplo, que todo era consentido. Gracias al esfuerzo de varias organizaciones y a la valentía de las víctimas para aportar información de calidad, hasta el momento hay en el caso 49 hechos de violencia sexual y basada en género. La JEP estima que son “prevalentes” y recuerda que pueden constituir crímenes de guerra como de lesa humanidad.
Aunque la Sala aún no usa el concepto de violencia reproductiva, incluye dentro de las violencias sexuales y basadas en género varias de sus formas: aborto forzado, anticoncepción forzada y “otras conductas relacionadas con atentados en contra la integridad sexual y reproductiva”. La JEP tiene la oportunidad de seguir la senda de la Corte Penal Internacional que ya ha condenado por embarazo forzado, e innovar al explorar formas para juzgar la anticoncepción forzada, un tipo de violencia que no aparece explícitamente ni el Código Penal colombiano ni en el Estatuto de Roma, pero que es posible tipificar bajo la normatividad actual como explicamos en nuestro informe a la JEP.
Ahora bien, hay lugar para mejorar la investigación . Insistimos en que las violencias reproductivas fueron sistemáticas y generalizadas, y por ello conminamos a la Sala de Reconocimiento a indagar si hay más casos. De los 218 hechos que hay hasta ahora en el expediente, 96 son de mujeres, es decir, casi la mitad (44%). En cada uno de ellos se debería investigar por violencias sexuales y reproductivas para develar su verdadera magnitud. Así como el auto ordena implementar estrategias para superar el subregistro de víctimas con pertenencia étnica, aquí se deben dar esfuerzos similares. Incluso deben identificarse estas violencias contra mujeres indígenas y afrodescendientes.
Cuando se deja al azar que las víctimas se auto identifiquen o encuentren organizaciones feministas que hagan los esfuerzos que debería hacer el poder judicial, el chance de que haya impunidad crece exponencialmente. Aprovecho para reiterar el llamado de Cinco Claves a la apertura de un caso que se enfoque en estas violencias ya que, entre otras, el Caso 07 solo cubre a las menores de 18 años.
Al escribir estas líneas pienso en Helena, una mujer que representamos en Women’s Link y que fue reclutada a los 14 años. Posteriormente, fue forzada a tomar anticonceptivos y a abortar. Luego de una larga lucha al fin empieza a pasar lo que desde el principio nos dijo era lo que más anhelaba. Que las autoridades le dijeran: “Le creemos. Lo que le pasó no fue su culpa y estuvo mal”. Ojalá el anhelo de ella y de muchas otras que vivieron lo mismo se haga realidad muy pronto. Aquí seguiremos trabajando por asegurar que así sea.
*Dirección Legal de Women’s Link Worldwide