La paz y la deuda con las organizaciones de mujeres y LGBTI

Por Irina Cuesta y Génica Mazzoldi*

Un año después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, son varias las inquietudes sobre la incorporación del enfoque de género y su implementación. Lo que en su momento fue calificado como un avance histórico, hoy no parece tan claro.

A finales de julio, las expectativas aumentaron cuando se instaló la Instancia Especial para contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación. Pero de las cuatro funciones que se le asignaron, dos tienen que ver con hacerle seguimiento al llamado Plan Marco de Implementación, que sigue estando en el limbo o no se conocen sus avances, lo cual complejiza mantener espacios de diálogo y comunicación con las mujeres y sus espacios organizativos.

A pesar de esto, las mujeres que integran esta Instancia han venido trabajando de manera constante para generar insumos que garanticen el enfoque de género. Por ejemplo, han diseñado propuestas para garantizar el enfoque diferencial en la implementación del punto 1 de Reforma Rural Integral.

También hay avances en torno a la participación equitativa de hombres y mujeres en espacios estratégicos. Es el caso de las magistradas que integrarán las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz –que corresponden al 54%– y cuya primera presidenta será Patricia Linares. Algo similar ocurre con la Comisión de la Verdad, donde el 50% de las comisionadas seleccionadas fueron mujeres, o con Luz Marina Monzón, quien será la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Son avances indiscutibles, pero resultan insuficientes si nos remitimos a lo plasmado en el Acuerdo de Paz, así como a los aportes realizados por las organizaciones de mujeres y población LGBT durante la fase de negociación. No hay que olvidar que las organizaciones que representan a las mujeres y a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, contribuyeron a darle legitimidad al proceso de paz en momentos críticos de la negociación y el plebiscito. Inclusive, a pesar de los debates, como el de “ideología de género”, que intentaron debilitar la visibilidad que han ganado como movimientos sociales.

Justamente, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con apoyo de ONU Mujeres, acaba de publicar dos cartillas que resumen el análisis que hicimos de la Base de Datos para la Sistematización de Aportes de la Sociedad Civil (BD-SASC) al proceso de paz, un esfuerzo conjunto de la FIP y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Puntualmente, se analizaron los aportes de organizaciones de mujeres y población LGBTI entre 2013 y 2015 y las cifras son bastante representativas. En total, 301 organizaciones de mujeres presentaron más de 7.000 aportes que contenían cerca de 20.000 referencias a los diferentes puntos del Acuerdo. Esto corresponde a la tercera parte de todas las propuestas que sistematizó la FIP. Sobresalen las que tenían que ver con los puntos de víctimas y desarrollo agrario, que reflejan las reivindicaciones históricas del movimiento social de mujeres.

La agenda de las mujeres como constructoras de paz no es ni exclusiva ni excluyente de otros grupos, como en su momento lo señalaron los críticos del proceso de paz. Por el contrario, sus voces se conjugaron con las de otros sectores como víctimas, campesinos, afrodescendientes e indígenas, así como en función de liderazgos y reivindicaciones que son de orden territorial.

En el caso de la población LGBTI, 17 organizaciones presentaron aportes y otras 200, que no eran LGBTI, hicieron propuestas a favor de los derechos de esta comunidad, cuya lucha para que sean reconocidos como ciudadanos y sujetos de derechos es, sin duda, uno de los procesos políticos de construcción de paz en el país. No es gratuito que desde la subcomisión de género que trabajó en La Habana, se haya insistido en garantizar el reconocimiento y la atención a las víctimas del conflicto con identidades y orientaciones de género diversas.

Las agendas de organizaciones de mujeres y LGBTI concuerdan en priorizar temas que son vitales para la construcción de una paz incluyente y equitativa. Sin embargo, hoy, la gran duda tiene que ver con las reales condiciones para mantener y materializar lo acordado hace un año. Desafortunadamente el panorama no es favorable.

Prueba de esto es la creciente desconfianza, incertidumbre y falta de información respecto a la implementación del Acuerdo y sus alcances, lo que hemos constatado en varias regiones como Putumayo, Huila y Tumaco.

Líderes de organizaciones de mujeres y LGBTI están preocupados por al menos dos cosas. La primera tiene que ver con la poca claridad y la falta de pedagogía en los territorios, en particular, sobre la arquitectura institucional que se desarrollará y los recursos del Estado necesarios para implementar lo pactado en Cuba. Se suma, la incertidumbre sobre cómo se materializará el enfoque de género.

La segunda preocupación se centra en las precarias condiciones de seguridad para garantizar los procesos organizativos de mujeres y población LGBTI, como lo muestran las amenazas y otro tipo de agresiones a líderes de estas iniciativas.

Hoy, como hace un año, el reto de persistir en implementar el enfoque de género y la no discriminación, sigue intacto. No en vano, de cara a las movilizaciones que a nivel nacional se impulsan para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz lidera la campaña ¡A Defender la Paz!, un llamado colectivo a reconocer los liderazgos de las mujeres en la construcción de paz territorial, y a tomar en serio el enfoque de género para la garantía de derechos y una vida libre de violencias.

*Investigadoras de la Fundación Ideas para la Paz.

Por Irina Cuesta y Génica Mazzoldi*

Un año después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, son varias las inquietudes sobre la incorporación del enfoque de género y su implementación. Lo que en su momento fue calificado como un avance histórico, hoy no parece tan claro.

A finales de julio, las expectativas aumentaron cuando se instaló la Instancia Especial para contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación. Pero de las cuatro funciones que se le asignaron, dos tienen que ver con hacerle seguimiento al llamado Plan Marco de Implementación, que sigue estando en el limbo o no se conocen sus avances, lo cual complejiza mantener espacios de diálogo y comunicación con las mujeres y sus espacios organizativos.

A pesar de esto, las mujeres que integran esta Instancia han venido trabajando de manera constante para generar insumos que garanticen el enfoque de género. Por ejemplo, han diseñado propuestas para garantizar el enfoque diferencial en la implementación del punto 1 de Reforma Rural Integral.

También hay avances en torno a la participación equitativa de hombres y mujeres en espacios estratégicos. Es el caso de las magistradas que integrarán las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz –que corresponden al 54%– y cuya primera presidenta será Patricia Linares. Algo similar ocurre con la Comisión de la Verdad, donde el 50% de las comisionadas seleccionadas fueron mujeres, o con Luz Marina Monzón, quien será la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Son avances indiscutibles, pero resultan insuficientes si nos remitimos a lo plasmado en el Acuerdo de Paz, así como a los aportes realizados por las organizaciones de mujeres y población LGBT durante la fase de negociación. No hay que olvidar que las organizaciones que representan a las mujeres y a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, contribuyeron a darle legitimidad al proceso de paz en momentos críticos de la negociación y el plebiscito. Inclusive, a pesar de los debates, como el de “ideología de género”, que intentaron debilitar la visibilidad que han ganado como movimientos sociales.

Justamente, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con apoyo de ONU Mujeres, acaba de publicar dos cartillas que resumen el análisis que hicimos de la Base de Datos para la Sistematización de Aportes de la Sociedad Civil (BD-SASC) al proceso de paz, un esfuerzo conjunto de la FIP y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Puntualmente, se analizaron los aportes de organizaciones de mujeres y población LGBTI entre 2013 y 2015 y las cifras son bastante representativas. En total, 301 organizaciones de mujeres presentaron más de 7.000 aportes que contenían cerca de 20.000 referencias a los diferentes puntos del Acuerdo. Esto corresponde a la tercera parte de todas las propuestas que sistematizó la FIP. Sobresalen las que tenían que ver con los puntos de víctimas y desarrollo agrario, que reflejan las reivindicaciones históricas del movimiento social de mujeres.

La agenda de las mujeres como constructoras de paz no es ni exclusiva ni excluyente de otros grupos, como en su momento lo señalaron los críticos del proceso de paz. Por el contrario, sus voces se conjugaron con las de otros sectores como víctimas, campesinos, afrodescendientes e indígenas, así como en función de liderazgos y reivindicaciones que son de orden territorial.

En el caso de la población LGBTI, 17 organizaciones presentaron aportes y otras 200, que no eran LGBTI, hicieron propuestas a favor de los derechos de esta comunidad, cuya lucha para que sean reconocidos como ciudadanos y sujetos de derechos es, sin duda, uno de los procesos políticos de construcción de paz en el país. No es gratuito que desde la subcomisión de género que trabajó en La Habana, se haya insistido en garantizar el reconocimiento y la atención a las víctimas del conflicto con identidades y orientaciones de género diversas.

Las agendas de organizaciones de mujeres y LGBTI concuerdan en priorizar temas que son vitales para la construcción de una paz incluyente y equitativa. Sin embargo, hoy, la gran duda tiene que ver con las reales condiciones para mantener y materializar lo acordado hace un año. Desafortunadamente el panorama no es favorable.

Prueba de esto es la creciente desconfianza, incertidumbre y falta de información respecto a la implementación del Acuerdo y sus alcances, lo que hemos constatado en varias regiones como Putumayo, Huila y Tumaco.

Líderes de organizaciones de mujeres y LGBTI están preocupados por al menos dos cosas. La primera tiene que ver con la poca claridad y la falta de pedagogía en los territorios, en particular, sobre la arquitectura institucional que se desarrollará y los recursos del Estado necesarios para implementar lo pactado en Cuba. Se suma, la incertidumbre sobre cómo se materializará el enfoque de género.

La segunda preocupación se centra en las precarias condiciones de seguridad para garantizar los procesos organizativos de mujeres y población LGBTI, como lo muestran las amenazas y otro tipo de agresiones a líderes de estas iniciativas.

Hoy, como hace un año, el reto de persistir en implementar el enfoque de género y la no discriminación, sigue intacto. No en vano, de cara a las movilizaciones que a nivel nacional se impulsan para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz lidera la campaña ¡A Defender la Paz!, un llamado colectivo a reconocer los liderazgos de las mujeres en la construcción de paz territorial, y a tomar en serio el enfoque de género para la garantía de derechos y una vida libre de violencias.

*Investigadoras de la Fundación Ideas para la Paz.